Maltrato animal: castigos ‘mansos’ para delitos ‘salvajes’

A pesar de que la Ley 1774 de 2016 contempla el maltrato animal como delito, las penas impuestas por esto no superan los 36 meses y terminan siendo excarcelables. 

En 2018, una canina llamada ‘Yeka’ presentó trauma de tejidos blandos múltiples, contusión pulmonar y cistitis hemorrágica, producto de las continuas agresiones a las que estaba siendo sometida por su propietario. 

Sin embargo, solo hasta el 10 de julio de 2022, luego de cuatro años, el responsable de estas agresiones fue judicializado por la Fiscalía General de la Nación e imputado por el delito de maltrato animal. 

¿Por qué transcurre tanto tiempo para judicializar a estas personas?, ¿no se activa el aparato judicial para casos que no tienen trascendencia?  

Alejandro Gaviria, fiscal coordinador del Grupo Especial para la Lucha Contra el Maltrato Animal (Gelma), dijo a Periódico del Meta que en Colombia el problema de la justicia es estructural y que lleva muchos años colapsada. 

“Es claro que un proceso penal en este país puede tomar muchos años y, aunque nosotros tenemos una serie de términos que nos da la ley, estamos buscando reducir esos tiempos”. 

Así mismo, precisó que también depende de las capacidades logísticas de los jueces para poder ir a una audiencia de imputación. “Nosotros podemos solicitarla de manera pronta, pero los juzgados o los centros de servicios judiciales se pueden demorar mucho tiempo para programarla”, explicó. 

Frente a las condenas por este delito, Gaviria indicó que las penas que contempla el maltrato animal son de 12 a 36 meses, es decir, son excarcelables. 

“A nosotros no nos interesa meter a todo el mundo a la cárcel porque en Colombia el sistema carcelario no es resocializador ni rehabilitador. Tenemos que apuntarle es a una justicia restaurativa y retributiva, donde se garantice que los animales estén bien, que no se va a repetir un hecho atroz y que la ciudadanía vea que efectivamente se está aplicando la ley, buena o mala, se está aplicando”, manifestó el fiscal coordinador. 

De ese modo, la Fiscalía garantiza que los animales no regresen donde el maltratador: “el artículo 339A de la Ley 1774 de 2016, dice que cuando una persona es sancionada por maltrato animal se le restringe la tenencia de animales por el mismo tiempo de la pena y deberá pagar una multa de 5 a 60 salarios mínimos mensuales legales vigentes”, explica Julián Fernández, profesional en Derecho.  

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Y, aunque en principio son penas excarcelables, Gaviria precisó que hay casos puntuales que sí llegan a una condena en prisión por darse en concurso con otro delito. 

“Tuvimos un caso donde un señor llegó a maltratar a la hermana de manera verbal, ella no le prestó atención y el señor terminó matando el gato. La persona fue condenada a 90 meses de prisión efectiva, por violencia intrafamiliar psicológica en concurso con maltrato animal. Es decir que, además de que ese animal fue sometido a maltrato, estaba siendo instrumentalizado para generarle sufrimiento a la hermana. Ahí sí hay prisión, cuando hay un concurso de delitos”, dijo Fernández. 

A la fecha, en el departamento del Meta hay 75 denuncias por maltrato animal que, como enfatizó el fiscal coordinador del grupo Gelma, no siempre son competencia de la Fiscalía sino de las autoridades municipales y departamentales. 

“Lastimosamente ellos no están trabajando en lo que deberían hacer y le están dejando toda la carga a la Fiscalía. No es solamente sancionar el maltrato, sino también educar, prevenir. Son muchas cosas que deben hacerse desde los territorios”, enfatizó Gaviria.

Finalmente, fue claro al decir que hace falta que los alcaldes asuman ese rol que les compete: “en la medida en que cada uno de los actores estratégicos cumpla con esas funciones que la ley le otorga, vamos a mejorar las condiciones de vida de los animales y de la sociedad”, concluyó Gaviria.

Gelma: una cruzada por los animales

En el año 2019 la Fiscalía creó Gelma, un grupo especial para la lucha contra el maltrato animal. En el año 2021, se emitió la directiva 003, que es la hoja de ruta para atender al interior de la Fiscalía las denuncias por maltrato animal, y en el 2022 este queda como uno de los delitos priorizados. 

Para Alejandro Gaviria, fiscal coordinador de Gelma, el grupo nace de la necesidad de entender que los animales tienen la capacidad de percibir sensaciones y emociones y que la violencia siempre se ejerce contra los más débiles. 

“Si esa violencia o maltrato no es atendida por parte del Estado, se va a trasladar hacia un niño, mujer o persona de la tercera edad. Por eso el Estado está llamado a romper eso y a garantizar que los animales estén bien y en la medida en que los animales estén bien, la sociedad estará mejor”, dice. 

En septiembre de 2020, el grupo Gelma recibió cerca de 5.000 denuncias, hoy en día tiene 2.801 casos y en lo corrido de este año llevan 103 formulaciones de imputaciones, lo que significa que, desde que fue creado, llevan más de 300 imputaciones y 80 condenas.  

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“Esto nunca había sucedido y es importante resaltar que es el punto de partida para conquistas superiores. Podemos decir que Colombia ha sido pionero en América Latina en la inclusión del maltrato animal como delito y la Fiscalía, a través del grupo Gelma, viene respondiendo de manera adecuada. Nos falta mucho por avanzar, pero seguimos trabajando”, manifestó Gaviria a Periódico del Meta. 

Con un fiscal destacado en cada una de las 35 seccionales, la Fiscalía continúa trabajando en esta lucha. Cabe mencionar que, el departamento del Meta cuenta con un fiscal destacado, un investigador y, adicional a esto, tiene el apoyo de la Policía a través de la SIJIN. 

“Estamos buscando agilizar los procesos de manera que, si se presenta un caso de maltrato, inmediatamente se ponga la denuncia a través de los canales de atención con los que cuenta la fiscalía como la línea celular 122, el correo electrónico [email protected] o en la página web de Policía y/o Fiscalía“. 

Y añadió: “lastimosamente en Colombia las personas desconocen que el maltrato animal es delito y no denuncian, entonces estamos haciendo un trabajo de sensibilización y estamos vinculando actores como las alcaldías, las gobernaciones, las autoridades ambientales y la policía”, explicó el fiscal.

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