Política carcelaria, el complemento de Ley de Seguridad Ciudadana

Aunque la nueva Ley de Seguridad Ciudadana contiene reformas que permitirán a las entidades territoriales tener mejores herramientas para luchar contra la delincuencia, algunos piensan que se quedó sin dientes.

Por Valentina Mejía

La Ley de Seguridad Ciudadana, sancionada el pasado martes, ha generado diferentes opiniones por parte de quienes están a cargo de la seguridad en el Meta. Algunos manifiestan que es una herramienta contra los hechos punibles, mientras otros aseguran que muchos temas quedaron pendientes.

“Si bien es importante categorizar y endurecer los delitos y los tipos penales que se venían cometiendo y que eran habituales, como el porte de arma blanca, la ley se queda sin dientes cuando no se ataca de raíz temas estructurales del estado, es decir, si no se regula también el componente humano, técnico y carcelario, va a ser un saludo a la bandera que se ha denominado populismo punitivo”, puntualizó Felipe Caballero, alto Consejero para la Seguridad Ciudadana en Villavicencio

Por su parte, la secretaria de Gobierno municipal, Andrea Lizcano, sostuvo que “esta norma ojalá sea un aliciente en temas de reincidencia”.

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Aseguró que es urgente que el Estado invierta en temas de política penitenciaria y carcelaria. “No puede ser que nuevamente estemos ad portas de nuevas leyes donde se reducen las posibilidades de excarcelación porque simplemente los organismos encargados no fueron capaces de hacer la resocialización de los condenados”. 

A su vez, manifestó que los procesos de resocialización son importantes porque “los presos llegan a las cárceles a hacer nada, a seguir delinquiendo y a extorsionar, hay unas mafias muy fuertes que hay que acabar dentro del Inpec”.

Con respecto a la legítima defensa, la secretaria precisó que la defensa de todos no debe estar en el ciudadano sino en el Estado: “aunque esta ley trae unas cosas muy importantes, hay otras que personalmente no comparto. Necesitamos una reestructuración urgente”, concluyó.

No obstante, el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, se pronunció diciendo que se terminó “la sinvergüencería de los delincuentes”, aplaudiendo el hecho de que se castigue la reincidencia con el propósito de reducir los niveles de inseguridad en los territorios.

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Para el mandatario, esta nueva ley piensa en las víctimas e inicia el proceso de erradicación de esa compasión que se siente con los delincuentes, dejándoles claro que no son dueños de las calles.

“No pueden pagar justos por pecadores. Ahora los ciudadanos podemos actuar en legítima defensa privilegiada, a los delincuentes les irá mal frente a la justicia porque ahora sí hay todos los dientes y herramientas jurídicas para combatirlos”, enfatizó Zuluaga.

De igual forma, Wilmar Roa Malagón, alcalde de El Castillo, Meta, dijo que “todo lo que favorezca a la ciudadanía y sea por el bienestar de la comunidad es bienvenido, pues es preocupante ver cómo los delincuentes después de cometer los delitos, andan tranquilos por la calle”.

Puntos clave

Cabe destacar que, algunos puntos clave de la norma son la reducción de la impunidad y mayor protección a los ciudadanos y a la Fuerza Pública. Asimismo, permite establecer la regulación de armas, objetos y dispositivos menos letales, además del control del registro de identificación balística. 

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A su vez, estipula que quien asesine a algún miembro de la Fuerza Pública, defensor de derechos humanos, menor de edad o periodista, tendrá que someterse a una pena de 58,3 años de prisión.  

Finalmente, el Jefe de Estado, Iván Duque, destacó que la norma que entra en vigencia es una muestra de “la colaboración armónica entre poderes y el trabajo que tenemos que cumplir todas las instancias de la administración pública para el desarrollo del artículo segundo de la Constitución de proteger la vida, honra y bienes, derechos y libertades de los ciudadanos”.

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