Tarea pendiente | Opinión
- Publicado en Sep 04, 2022
- Sección Columnistas
Por Pilar Quevedo / Docente Ciencias Naturales y Maestrante UNLP Argentina
En 2019, Fecode logró acuerdos con el Ministerio de Educación (MEN) en puntos vitales para la educación, entre ellos, y el más importante, aumentar la financiación de la educación pública, que exige reformar el Sistema General de Participaciones (SGP), para cerrar seis brechas educativas: cobertura, jornada única, educación rural, relación número de maestros y número de estudiantes, canasta educativa e infraestructura.
Frente a la infraestructura la Contraloría General (2022), advierte al MEN y al Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE), “por los riesgos de afectación negativa a los intereses públicos en varios proyectos del Plan Nacional de Infraestructura Educativa, por obras que pueden quedar inconclusas o que, una vez terminadas, no puedan ser puestas en funcionamiento, afectando el servicio educativo en distintas regiones”.
Entre los departamentos con inconsistencias se encuentra el Meta. Además, en el documento Conpes 3831 el DNP reconoce que la infraestructura escolar no está en condiciones para prestar el servicio educativo.
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En el caso del Meta, la Gobernación prometió construir una nueva sede educativa, que resultó ser la IE Valentín García sede Makatoa (Granada), que viene en proceso de construcción desde el 2017. Hasta ahora no ha sido entregada.
En el caso de Villavicencio, la Alcaldía prometió construir 3 nuevos megacolegios, que son: Alfredo Molano Bravo, Sede educativa la Gota y la Madrid, construcciones que venían en proceso desde el 2017 y entraron en funcionamiento en el 2021. Ni qué decir de las sedes educativas que se comprometieron mejorar, donde no hay avance alguno.
En últimas, frente a esta crisis, la opción de los gobernantes regionales es sacar pecho con “nueva infraestructura”, que hacen parte de ejecutorias de administraciones anteriores y se muestran como cumplimiento de sus planes de desarrollo.
El discurso engañoso no puede primar. Los mandatarios locales en vez de pavonearse con logros ajenos, deben exigir al gobierno de Petro, la urgente reforma constitucional al SGP.
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