Valiente delincuencia | Editorial

El asesinato de una patrullera de la Policía en Neiva, a sangre fría, y delante de
cientos de ciudadanos, significa una cosa. El asalto a los camiones que transitan
por las vías de la Costa Atlántica, representa algo. Que pongan un artefacto
explosivo en un polideportivo del Meta donde niños entrenan patinaje, es una
señal. El aumento de la extorsión, el secuestro y los crímenes revela más de lo
evidente.

En todos los casos hay una demostración del envalentonamiento de la
delincuencia en el país. Un fenómeno muy peligroso porque se da en medio de
acercamientos de los autores de esos hechos para hablar de paz con el Gobierno
Nacional.

La delincuencia es uno de los problemas más graves que afectan al Meta, a
Colombia y en general a América Latina. No por nada la mayoría de los
ciudadanos se siente insegura y desconfía de las instituciones encargadas de
garantizar el orden y la justicia. Aunque todos los días la Fuerza Pública reporta
resultados positivos, es un hecho que no es suficiente porque en el imaginario
colectivo pesa más el hecho criminal que la respuesta.

Los criminales no solo causan sufrimiento y pérdida de vidas humanas, sino que
también tienen un impacto negativo en el desarrollo económico y social. La
violencia con la que actúan genera costos directos e indirectos, como gastos en
salud, seguridad, justicia, reparación y prevención. También reduce la inversión,
el turismo, la productividad y la calidad de vida.

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Aunque no existe una solución mágica ni única para este problema complejo y
multidimensional, tampoco creemos que la respuesta sea entregarles concesiones
a los delincuentes dándoles un estatus de igual a igual con el Estado, como pasa
en Colombia.

Cambiarles de nombre, utilizando un “lenguaje respetuoso” para no llamarlos
terroristas, como ordenó con el Eln la presidencia de Gustavo Petro, solo agrava
una narrativa para naturalizar los hechos violentos que protagonizan. Pensar en
pagarles para que no delincan, es un pésimo mensaje los ciudadanos buenos y a
la juventud que desea estudiar, trabajar y obedecer las leyes.

Una política pública eficaz para combatir a esos grupos violentos debe incluir al
menos tres componentes: prevención, disuasión y rehabilitación; ninguna de las
tres se cumple con la desdibujada política de Paz Total.

No podemos dejar que los delincuentes se sientan envalentonados por la
impunidad, la corrupción o la indiferencia. Tampoco podemos caer en el
populismo punitivo, que propone soluciones simplistas o que generen más
violencia y que solo agravarían el problema. Necesitamos paz, pero también
seguridad empoderando a la Policía y a las Fuerzas Militares.

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