2021, una apuesta de frente con el agro

 Por Jens Mesa Dishington / Especial Periódico del Meta

¿Por qué, si el país tiene tierra, agua y gente, factores fundamentales para desarrollar el campo, y al mismo tiempo necesita nuevas fuentes de crecimiento económico y bienestar en las regiones, no se ha dado al agro el rol protagónico y el desarrollo que debería esperarse?

Sobre esta pregunta, el gremio, en conjunto con la SAC y otros aliados, comenzaron a trabajar desde 2016, porque ha sido evidente la ausencia de un modelo adecuado para el desarrollo del potencial del agro colombiano, en el que haya lugar para todos y que sea compartido e impulsado colectivamente.

Dentro de los principales obstáculos a superar se encuentran los bajos niveles de productividad laboral y de rendimientos en distintas actividades productivas; la escasa inversión en bienes públicos y de capital; restricciones de acceso al crédito; inseguridad jurídica; condiciones adversas para la inversión y el desarrollo empresarial; debilidad institucional; inadecuada planificación del uso de la tierra y el agua; escasa adopción de buenas prácticas agrícolas y alta vulnerabilidad al cambio climático; entornos de violencia y conflicto; y precarias condiciones de acceso a bienes públicos en la ruralidad, que sumado a muchos de los factores mencionados lleva a perpetuar las condiciones de inequidad y pobreza en estas comunidades. 

Un espectro de retos tan amplio demanda un ambicioso conjunto de medidas impulsar la empresarización e inversión en el campo con regímenes tributarios diferenciales; generar un marco normativo acorde con las condiciones de las actividades agropecuarias; fortalecer el acceso al crédito y brindar seguridad en cuanto al régimen de uso y propiedad de la tierra.

Aumentar la inversión pública en investigación y desarrollo para el agro; especializar la formación del capital humano que requieren los sectores agroindustriales; avanzar en el ordenamiento ambiental y la planificación productiva del territorio.

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Así mismo, incentivar la construcción de distritos de riego, restauración de fuentes de agua y reforestación; aprovechar el potencial del agro para la generación de energías renovables y no convencionales; promover la asociación empresarial en busca de mayores escalas, propiciando los negocios inclusivos y la agregación de valor.

Estimular la reestructuración productiva de las regiones sensibles a las economías ilegales como Meta, Guaviare etc., apoyando proyectos agroempresariales incluyentes y sostenibles; generar soluciones de vivienda rural y garantizar que los servicios del sistema de seguridad social y otros bienes públicos lleguen al campo; fortalecer el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y sus entidades adscritas, presupuestalmente y con capital humano idóneo y ajeno a la politización.

La adopción de un enfoque empresarial inclusivo, que permita consolidar un modelo que conjugue y armonice la agricultura familiar con la producción agroindustrial, como alternativa frente a la falsa disyuntiva que algunos quisieran que siga prevaleciendo. 

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Este ejercicio de construcción generó unos resultados muy valiosos. El conjunto de propuestas de política sectorial ya ha sido utilizado como un insumo clave en distintos escenarios, pues tras haber sido incorporado en la agenda de la SAC y de muchos de sus agremiados, fue la base para aportar a las discusiones que se dieron en el proceso electoral para la Presidencia de la República, y posteriormente para el desarrollo de la agenda conjunta de la SAC con el actual gobierno.

Una recopilación de sus principales análisis y recomendaciones fueron recogidos en el libro elaborado por el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, ICP; denominado El Agro Empresarial y la Agroindustria: Caminos para el Progreso, la Inclusión Social y la Sostenibilidad.

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