Bioenergy, crónica del desastre anunciado

Bioenergy

Por Jhon  Moreno

La avalancha de información que llegó con la emergencia sanitaria de la covid-19, ocultó la noticia del proceso de reorganización de Bionergy (bajo la Ley de Insolvencia), el cual fue admitido por la Superintendencia de Sociedades desde el pasado 12 de marzo.

Sin embargo, algunos analistas consideran que la pandemia fue apenas la estocada final de una empresa que hoy no tiene un peso para pagar las millonarias deudas que acumuló en 10 años, su pésima planificación, pese a ser una filial de Ecopetrol, y su escasa productividad.

En un comunicado enviado a Periódico del Meta, las directivas de la empresa confirmaron que “Bioenergy acudió a esta Ley principalmente por su nivel de endeudamiento, diversos aspectos operacionales y administrativos, así como variaciones en las condiciones del mercado que impactaron su operación. La situación de la empresa también se ha visto agudizada por la coyuntura actual ocasionada por el Covid-19” (sic).

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Los representantes de la compañía admiten que pese a que han articulado esfuerzos en la búsqueda de medidas de mitigación principalmente para reducir costos, gastos y la renegociación de la deuda, no ha sido posible obtener nuevas fuentes de financiación en el corto plazo.

Básicamente en el 2020 se materializó el peor escenario para la empresa, en la que la falta de dinero hizo imposible atender hasta las obligaciones propias de su operación e incluso llegar a acuerdos con sus acreedores.

Aunque la Supersociedades no tiene un plazo para iniciar el proceso de liquidación oficial de la compañía, lo cierto es que hasta ahora la fase de reorganización no ha tenido mayores avances, entre otras, porque los tres meses del confinamiento ha hecho lento cumplir varias etapas, de acuerdo con fuentes cercanas a la entidad de vigilancia. Además, los accionistas, hace un mes, el 26 de mayo, solicitaron la liquidación voluntaria de la compañía.

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Las razones

Como en el  2015 lo denunció Periódico del Meta, este proyecto, que buscaba construir la planta de etanol más moderna de América, empezó con serios problemas desde la misma escogencia del constructor, Isolux Corsán, el cual carecía por completo de experiencia en el desarrollo de proyectos de esta envergadura. La construcción, que en un principio debía costar 140 millones de dólares y estar lista en el 2012, terminó costando cerca de US$850 millones y finalizando obra en el 2017.

Ese fue el primer golpe de una empresa que llegó a tener a más de 1.000 trabajadores, generando empleo especialmente para Puerto López y transferencia de conocimiento con modernos laboratorios de investigación.

En adelante, fue casi como un efecto dominó: al retrasarse la construcción, la cosecha de caña (materia prima del etanol) también se atrasó y produjo un desequilibrio natural en las 20.000 hectáreas de suelos, que impidió tener suficiente materia para la operación al 100% de la planta.

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Trabajar apenas a la mitad de su capacidad, impidió comercializar la suficiente cantidad de etanol como para pagar las millonarias deudas con el sector financiero.

Para acabar de completar la mala suerte de Bioenergy, en el 2012, el gobierno de Juan Manuel Santos levantó todas las restricciones arancelarias para importar etanol de Estados Unidos, que tenía subsidiados a sus productores.

Consecuencia: la Federación Nacional de Biocombustibles (Fedebiocombustibles) reportó que las importaciones del etanol subsidiado que vienen del ‘Tío Sam’ desplazaron en 2019 el 38% de la producción nacional, luego de que en 2015 sólo era del 2%.

Hoy, analistas como el expresidente de la Bolsa Mercantil de Colombia, Iván Darío Arroyave, prevén que la moderna planta, con tecnología de punta que varios países envidiarían, será vendida por partes, salvo que el Gobierno Nacional decida salvar la empresa.