martes, 23 de abril de 2024
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“Contralorías sí tienen herramientas para combatir la corrupción”: vicecontralor General


“Contralorías sí tienen herramientas para combatir la corrupción”: vicecontralor General 1
Carlos Mario Zuluaga dice que en el Meta se han proferido 15 fallos con responsabilidad fiscal, por cuantía total de $21.476 millones. Foto: archivo
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Redacción PDM

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El proceso de responsabilidad fiscal de mayor cuantía, por $77.613 millones, corresponde a irregularidades en la ejecución del proyecto de construcción de la bocatoma del Acueducto de Villavicencio.

 

El vicecontralor General de la Nación, en funciones de Contralor General, Carlos Mario Zuluaga (C.Z.), en entrevista con Periódico del Meta (PDM), aborda temas cruciales relacionados con la lucha contra la corrupción y la protección del patrimonio público en el departamento del Meta. Destaca la importancia de las herramientas y mecanismos implementados por la Contraloría para combatir la corrupción, como las guías de auditoría y las actuaciones especiales de fiscalización.

Zuluaga también señala la preocupación por los procesos cuantiosos en sectores como el acueducto de Villavicencio y la vivienda, donde se han identificado posibles casos de malversación de fondos. Destaca la necesidad de una vigilancia rigurosa por parte de la Contraloría para evitar la pérdida de recursos en proyectos de infraestructura.

PDM: ¿Cuántos elefantes blancos hay en el departamento del Meta?

C.Z.: Aquí en el Meta hay 58 elefantes blancos por valor de $288.000 millones, algunos bastante protuberantes como la construcción del acueducto de Villavicencio, las vías terciarias entre Fuentedeoro y Puerto Lleras por un valor de $37.000 millones; tenemos escenarios deportivos. Pero lo importante de este diagnóstico no es el número de elefantes blancos sino, cuántos tenemos hoy en la estrategia ‘Compromiso Colombia’ con miras a que se puedan desarrollar y poner al servicio de la ciudadanía.

PDM: Identificaron los elefantes blancos pero y ¿los responsables?  

C.Z.: Son dos hechos diferentes. La Contraloría puede llevar un proceso de responsabilidad fiscal por una obra inconclusa, pero también puede por mandato de la ley 2020 producir una estrategia para que el proyecto que está sin terminar se recupere. Eso no excluye la responsabilidad fiscal si existió un daño o detrimento.

PDM: Existe la creencia de que las Contralorías regionales y municipales no tienen los suficientes ‘dientes’ para luchar contra la corrupción…

C.Z.: Nosotros, a través del Sistema Nacional de Control Fiscal – Sinacof, hemos venido desarrollando una serie de guías de auditoría que tienen como propósito ayudar a facilitar este ejercicio en un territorio. El año pasado modificamos la guía y la Contraloría ya puede desarrollar actuaciones especiales de fiscalización. Son mecanismos rápidos que, de alguna manera, posibilitan la vinculación de temas que no están dentro del Plan Nacional de Vigilancia Fiscal o dentro de los planes departamentales y que tienen una mirada mucho más ágil en el proceso de verificación; por supuesto, la Contraloría tiene más herramientas, como funciones de advertencia, control preventivo.

PDM: ¿Qué hace falta entonces?

C.Z.:  Realmente, el ejercicio de determinar el daño fiscal, sí lo tienen las contralorías territoriales, nos hace falta más recurso humano, más herramientas tecnológicas, y es un reto en que tenemos que seguir mejorando en todo el país, unas más que otras, pero tampoco podemos decir que hoy las contralorías no tienen cómo combatir la corrupción porque tienen todas las herramientas para investigar casos de mal manejo de recursos públicos así sea a través de una denuncia.

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PDM: En algunos casos hay claros lazos entre contralores y políticos locales ¿hacen controles internos?

C.Z.: Ese es un debate amplio que no ha tenido todavía la suficiente ilustración frente al mecanismo de elección de los contralores territoriales. Efectivamente, cuando existen riesgos de manipulación o ausencias de investigaciones, la misma ley ha otorgado a la Contraloría General de la República asumir el control preferente sobre algunos hechos en los que a juicio del órgano de control, vale la pena retomar para llevarlo al orden nacional. Eso lo hemos hecho en el Meta y en otros departamentos, no solo porque se cumple el requisito de ley sino porque algunas veces es necesario dar alguna tranquilidad, un margen de confianza a los ciudadanos, a los veedores y continuar procesos que quizás inician en los territorios y se concluyen en el nivel central.

PDM: Justamente la refinería fue un caso que se trasladó a Bogotá, ¿qué decisiones hubo?

C.Z.: Es lo que está en investigación, muchos de esos hechos gozan de reserva; pero también hay unas faltas disciplinarias que fueron trasladadas a la Procuraduría General de la Nación, hay que rendir cuentas, por eso estuvimos en Villavicencio, contándole a la gente qué pasa con las investigaciones, cuáles son los resultados. Muchos ciudadanos responsables están hoy embargados por la Contraloría con el único objetivo de que cuando exista el fallo de responsabilidad fiscal, tengamos algo qué recuperar. En todas las investigaciones desde hace un año y medio, hemos optado por este mecanismo, con el propósito de garantizar el resarcimiento del patrimonio público de los colombianos.

PDM: En el Meta 135 procesos de responsabilidad fiscal por $318.517 millones, ¿cuál es el que más le preocupa?

C.Z.: Aquí hay procesos cuantiosos. Cuando uno mira, por ejemplo, todo lo que está pasando con el acueducto, que son procesos por $77.000 millones, uno dice: este es un proceso al que hay que dedicarle tiempo y cuidado, porque tiene un importante número de recursos comprometidos. También tenemos 27 procesos relacionados con el sector de vivienda y saneamiento básico por $122.000 millones. Es una cifra que preocupa. Si usted mira, entre estos procesos que mencioné, son $200.000 millones del total de procesos. Son sectores en los que hay unos malos operadores, unos malos contratistas, o efectivamente unos hechos que han ocasionado daño y detrimento patrimonial.

PDM: ¿Cómo hará la Contraloría para que esa plata que queda ‘enterrada’ en tuberías y redes no se pierda?

C.Z.: La ley permite tener mecanismos muy ágiles de verificación. Nosotros podemos hacer inspecciones en terreno con nuestros ingenieros. Pero aquí, cuando haya una ausencia del cumplimiento del objeto contractual, es cuando se configura el daño al detrimento, es decir, que pueden haber instalado 10 kilómetros de tubería de los 15, pero si el acueducto no está funcionando, el detrimento es por el valor total del proyecto, porque el objeto no se cumplió.

PDM: Hay una figura que se llaman fondos mixtos. Desde PDM investigamos la existencia de estos en a región. ¿Qué conocimiento tienen de estos mecanismos?

C.Z.: Tenemos varios en el radar, en varios departamentos donde hay denuncias muy concretas de contratos que no han cumplido su finalidad y hoy están siendo no solamente un tema, sino sobre las contrataciones específicas que ellos han tenido.

PDM: El tema de las mangas de coleo, ¿cuál es el alcance de la prevención que se hace en esta región?

C.Z.: Hemos proferido un fallo de responsabilidad fiscal en el Casanare porque utilizaron unos recursos de regalías para construir esas mangas de coleo, desconociendo además que la misma Corte, en el año 2010, prohibió el uso de recursos para construir este tipo de estructuras. Nosotros queremos honrar y hacer respetar esas decisiones. Con recursos privados pueden construir esas mangas, con los dineros públicos, no.


RP
Redacción PDM

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