Editorial || Libertad y garantías

El asomo de una mínima posibilidad de que el psicópata Luis Alfredo Garavito, capturado en Villavicencio y con varias víctimas en el Meta, pueda salir en libertad, se convierte en debate nacional cada vez que surge este rumor.

El dolor que causó no solo a sus víctimas, a sus familias, sino al país, hace que reciba toda clase de insultos incluso del presidente Iván Duque quien lo trató de “rata asquerosa”.

Sin embargo, son las consecuencias naturales de los crímenes de un asesino que durante años fue un depredador sexual de más de 200 niños y que luego de dos décadas ni siquiera tiene familiares que lo visiten. Él mismo es consciente de que está mejor en la cárcel pues el Inpec tiene la obligación de cuidarlo de los dos tipos de cáncer que padece, y de las personas que podrían cobrar justicia por su propia mano, apenas lo vean libre.

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Sin embargo, en todo esto queda una duda que no debería ser solo del anecdotario. El riesgo de que saliera libre se produjo debido a que, cumpliendo un protocolo legal que se hace con todas las personas privadas de la libertad, el Inpec debió solicitar a un juez la posibilidad de que Garavito saliera libre ya que ha cumplido con ciertos requisitos que lo hacían merecedor de esa eventualidad.

Al final, un concepto de medicina forense en el que se establece que aún no está recuperado completamente en su parte mental, fue lo que impidió (y seguirá impidiéndolo), que el sujeto volviera a ver las calles.

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Pero usted, desprevenidamente, ¿puede imaginarse la cantidad de peticiones que cada día deben tramitarse pidiendo la libertad de criminales y en los que los jueces no tienen argumentos jurídicos para mantenerlos tras las rejas? Claro, no serán tan “famosos” como Rafael Uribe Noguera, el violador asesino de Yuliana o Javier Velasco, el salvaje que mató a Rosal Elvira Cely, dos de los compañeros de cárcel de Garavito en La Tramacúa de Valledupar.

A quienes deben tramitar esa misma solicitud serán criminales no tan mediáticos que esperan conseguir el beneficio, con un alto riesgo de que sigan cometiendo crímenes una vez estén en libertad, con la esperanza de que nadie se cruce en su camino y sea su víctima fortuita.

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La justicia es garantista. Antes que criminales, el Estado los cataloga como personas dignas de derechos humanos a quienes deben respetárseles las garantías que contempla la ley. En ese marco se mueve la ciudadanía que también se sorprende con insólitos casos como los de esta semana, cuando una mujer señalada por homicidio, salió de prisión por vencimiento de términos e inmediatamente se posesionó como concejal de Puerto Gaitán.

La justicia es garantista y además cojea.

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