Editorial | Sin olvido
- Publicado en Abr 11, 2022
- Sección Columnistas
Los recuerdos más dantescos de sobrevivientes, periodistas y socorristas narran lo que si vivió aquel 7 de abril del 2002. Cuerpos desmembrados a dos cuadras del sitio de la explosión, restos de entrañas esparcidas en paredes y postes y un olor a sangre que se confundía con la dinamita, son narraciones comunes en quienes vivieron esa madrugada de domingo.
Nunca antes la capital del Meta había sido escenario del estallido de un carrombomba de estas proporciones en donde el artefacto cargado con 100 kilos de explosivo, fue activado para quitarle la vida a 12 personas, entre ellas un niño vendedor de dulces y les dejó heridas imborrables a casi 70 personas.
Claro, el conflicto armado había tenido tragedias similares en las zonas rurales y se vivía de manera intensa en casi todos los municipios del Meta y era Villavicencio el gran receptor de desplazados masivos. Por eso, cuando ocurrió el atentado en plena zona rosa, en una hora y día en los que más afluencia de personas había, el país se dio cuenta de que la guerra contra la población civil era sin cuartel y no importaban los blancos que cayeran.
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Por eso es que 20 años después de ocurrido el hecho, saber que las investigaciones no han avanzado y que apenas llegaron a judicializar a un tal ‘Barbas’, por allá en el 2004, pero que no se sabe nada de capturados o responsables, provoca indignación.
Reiteramos que Colombia no puede caer a los niveles inhumanos de polarización en donde se validen ciertos crímenes y otros sean condenables solo por diferencias ideológicos o de clases. Esa peligrosa diferenciación fue la que alimentó la II Guerra Mundial por seis años o le dio alas al Jemer Rojo, dirigido por Pol Pot, que apoyado por intelectuales masacró al pueblo camboyano, a finales de los años setentas del siglo XX.
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Hoy, con un acuerdo de paz firmado y en marcha, la bomba de La Grama se pierde en los pasajes de la historia que pocos recuerdan, pero que con el tiempo dan lecciones de la barbarie que se comete por lo general contra los más inocentes. Es claro que la violencia no se fue y se ha transformado en otras representaciones, igual de crueles.
Hasta tanto las víctimas y sobrevivientes de ese acto terrorista hagan una petición formal ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), esta instancia no averiguará si las Farc estuvieron o no detrás del atentado. Aunque a nadie quien haya vivido aquella época y conocía el nivel de sevicia de quienes hoy ostentan poder político, les quepa duda de su autoría, la justicia deberá hallar pruebas fácticas que los involucren.
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