El futuro de la restitución de tierras en el Meta. Análisis

Aunque en los medios de comunicación nacional la noticia no fue más allá de registrar el hecho, la confirmación de la muerte de los cuatro miembros de la comisión de la Unidad de Restitución de Tierras se convierte en el más duro golpe que reciben las agencias del Estado que trabajan por las víctimas en terreno.

“Esta noticia pasó de agache y ha debido tenernos a todos rechazando con vehemencia esa oposición violenta que está volviendo a Colombia contra la Restitución de Tierras. ¡No podemos permitirlo!”, dijo Miguel Samper, exdirector de la Agencia Nacional de Tierras.

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Como se había anunciado desde que se conoció la desaparición de los funcionarios, la primera consecuencia fue la suspensión de los procesos de restitución en Uribe y Mesetas, decisión que se extendió a todo el departamento del Meta de manera indefinida, hasta tanto se resuelvan los reajustes de los protocolos de seguridad, de acuerdo a lo que dijo a Periódico del Meta el director nacional de la Unidad de Restitución de Tierras, Andrés Castro.

Es la primera vez que un hecho tan brutal como estos ocurre en los 10 años de acciones de esta entidad que, valga la pena decirlo, es una de las que puede mostrar resultados tangibles en materia de reparación de las víctimas, toda vez que en el país ha logrado que se resuelvan más de 12.100 solicitudes en sentencia.

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Si bien pueden ser pocas frente a las 130.000 solicitudes que se han recibido, demuestra que ahora menos que nunca se deben paralizar los procesos de restitución. Solo en el Meta este año se venían realizando 85 diligencias en territorio, similares a los trámites que desarrollaba el equipo asesinado en Mesetas.

Desde la semana pasada, cuando se confirmó esa infausta noticia, se analizan desde diferentes ópticas y con diferentes profesionales los pasos a seguir para que no se repitan hechos como estos.

“No se puede permitir que grupos armados utilicen terror y muerte como palo en la rueda para impedir que avance uno de los principales componentes de la construcción de una paz estable y duradera, como lo es el de devolverles la tierra a quienes la perdieron dentro del conflicto”, dijo Diana Herrera, exdirectora en el Meta de la Unidad de Restitución de Tierras.

La certeza hasta ahora es que, aunque no estaba previsto dentro del protocolo de desplazamiento que las reclamantes Yadmil y Sandra Milena Cortés se subieran al mismo vehículo donde se movilizaban la técnica Karen Sulay Garay y el conductor Jhoan Steven Cogua, en algún lugar del trayecto se montaron para acompañar la diligencia.

“Karen y Jhoan  estaban en el lugar equivocado, fueron víctimas colaterales porque iban era por las dos hermanas que ya habían sufrido amenazas y tenían salvaguarda de la Unidad Nacional de Protección”, dijo una persona cercana al proceso.

Por eso se hará más importante la revisión de los protocolos de seguridad y desplazamiento no solo en la Unidad de Víctimas sino en todas las agencias y entidades que hacen trabajos en zonas potencialmente peligrosas.

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Andrés Castro, director nacional de la Unidad de Restitución de Tierras, explicó a Periódico del Meta que la primera gestión siempre es en materia de seguridad porque cuando se ubica en el territorio un predio, en articulación con la Fuerza Pública y la Procuraduría se presentan las solicitudes sobre un mapa.

“Previamente se establece si hay condiciones de orden público para adelantar diligencias. En Mesetas ya se había hecho microfocalización de los predios. En el Meta este año se venían adelantando 85 diligencias similares en territorio sin problemas”, dijo Castro.

En este caso el acompañamiento se definió por monitoreo, es decir que se establece por polígono un área al interior del cual ingresan los equipos de trabajo técnicos y catastrales para adelantar las acciones. En ese caso el equipo estaba a cargo de Karen pero en el territorio se unieron las dos solicitantes si que nadie lo supiera. Sin embargo, sí lo sabían quienes estaban interesados en asesinarlas y obstruir el trámite de restitución de la finca.

Algunas fuentes oficiales dijeron que otro aspecto que contribuyó a que no hubiera suficiente fuerza pública en el Meta es que la diligencia catastral se hizo el 25 de mayo,  momentos en que por bloqueos y la situación de orden público las unidades se ubicaron en otras partes del país como el Valle y Bogotá.

“Sin embargo estaba prevista la salida al terreno con ese acompañamiento porque así lo indica el protocolo y el polígono lo asegura el Ejército”, dijo el director de la Unidad de Tierras.

Castro indicó que en adelante se solicitará acompañamiento directo, presencial y no por monitoreo, además de reajustar los detalles operativos de las comisiones que salgan a terreno, “pero garantizó que el proceso de restitución de tierras no se detendrá porque el Estado no tiene territorios vedados”.  

Por su parte Jaime Absalón León, de la Corporación Claretiana Norman Pérez, que ha asesorado reclamantes de tierras en Vichada, Casanare y Meta, dijo que la situación es muy compleja y más cuando ellos mismos ya habían alertado, por otros casos

“Esta falta de voluntad del Gobierno traerá nuevos conflictos. Invitamos al Gobierno a tomar medidas y sobre todo a avanzar en los procesos. Ya hay reclamante aterrorizados, los líderes hombres y mujeres, indígenas siguen abandonando, desplazados y desterrados de la región en gota a gota. Se denuncia y la Fiscalía no investiga. La misma agencia es muy lenta en resolver los casos. La institucionalidad no acata las sentencias de cortes y jueces y esto desgasta a las víctimas y a los procesos, las agencias no quieren financiar procesos de restitución por los riesgos”, comentó el representante de la Corporación Claretiana.

Con todo, se trata de un ataque muy fuerte al proceso de justicia transicional, el cual no ha tenido la trascendencia, el análisis, ni los cuestionamientos que debería tener. Lea también: ‘Victimarios deben aportar a indemnizaciones’: Ramón Rodríguez, director de Unidad de Víctimas