El Meta registra un incremento en la pobreza multidimensional

Las condiciones de vida de cientos de familias en el departamento del Meta tuvieron un retroceso durante el último año. De acuerdo con cifras publicadas en abril de 2026 por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el indicador de pobreza multidimensional pasó de 10,4 % en 2024 a 12,3 % en 2025, un aumento de 1,9 puntos porcentuales que refleja un incremento en las privaciones que enfrentan los hogares del departamento.

Por Melissa Céspedes

El deterioro es más profundo en las zonas rurales del departamento. Las cifras del mismo informe del DANE muestran que la pobreza multidimensional en el campo pasó de 18,2 % a 26,4 % en un solo año, un aumento de 8,2 puntos porcentuales. El incremento refleja mayores privaciones en aspectos clave como acceso a servicios básicos, condiciones de vivienda, empleo y educación.

Para Diego Villa, magíster en Management y Gestión del Cambio, el aumento de la pobreza en el departamento responde a una combinación de factores económicos y fallas estructurales en la gestión del territorio.

Según explicó, el deterioro en la calidad de vida de los hogares está relacionado con el debilitamiento de la economía familiar y el aumento del costo de vida.

“El encarecimiento de la canasta básica, los servicios públicos, el transporte y los arriendos ha generado una presión directa sobre el presupuesto de los hogares, reduciendo su poder adquisitivo y aumentando su vulnerabilidad económica”, indicó.

A esta situación se suma la precariedad del mercado laboral. Según datos citados por el experto a partir de estadísticas del DANE, una parte significativa de los trabajadores del Meta se encuentra en condiciones de informalidad, con tasas cercanas al 74,5 % en zonas urbanas y 82 % en áreas rurales, lo que implica inestabilidad laboral y ausencia de protección social. “Miles de personas trabajan hoy sin acceso a salud, riesgos laborales o pensión, quedando expuestas ante cualquier eventualidad”, afirmó.

El analista también cuestionó el impacto real de los recursos públicos en el departamento. “Paradójicamente, este deterioro social ocurre en un departamento que cuenta con importantes recursos públicos para inversión, especialmente provenientes de las regalías petroleras”, señaló.

Asimismo, en su concepto, el problema responde a debilidades en la planeación y ejecución de las inversiones públicas. “La pobreza en el Meta no es un fenómeno coyuntural, sino el resultado de fallas estructurales en su modelo económico y de la deficiente gestión pública. Mientras no se fortalezcan las bases productivas, se reduzca la informalidad y se mejore la eficiencia del gasto público, cualquier crecimiento económico seguirá siendo insuficiente”, explicó.

Desde el ámbito académico, Joe Martínez, director de la Unidad de Proyección Social de la Universidad Santo Tomás de Villavicencio, explicó que revertir el aumento de la pobreza rural exige intervenciones directas sobre los factores estructurales que más inciden en el índice de pobreza multidimensional.

El académico explicó, según cifras del DANE, que una de las prioridades debe ser la formalización del empleo rural, especialmente en sectores como la agricultura y la ganadería, donde predominan trabajos sin estabilidad ni protección social. “El sector agropecuario presenta la tasa de informalidad más alta del país, cercana al 85%, lo que explica en buena parte por qué muchos hogares rurales continúan atrapados en condiciones de pobreza”, señaló.

El experto también advierte que revertir esta tendencia exige intervenir en áreas estructurales como la educación y el acceso a servicios de salud en las zonas rurales. Según explicó, el bajo logro educativo de los adultos, la deserción escolar y las barreras para acceder a atención médica siguen siendo factores que profundizan las privaciones de los hogares.

“La educación es el factor más crítico, representando el 30,7% de la pobreza en la zona, por lo que se requieren políticas de alfabetización de adultos, permanencia escolar y acceso a educación superior. A esto se suma la necesidad de garantizar servicios integrales de salud y cuidado para la primera infancia, eliminando las barreras que enfrentan muchas comunidades rurales para acceder a atención médica”, indicó.

Freddy Molina Pérez, magíster en Economía, explicó que, durante décadas las comunidades rurales del Meta han enfrentado limitaciones que dificultan su desarrollo, entre ellas la débil presencia institucional, barreras geográficas que restringen el acceso a servicios básicos, economías ilegales y violencia.

“Históricamente, estas comunidades han enfrentado problemáticas estructurales del país, como la presencia de economías ilegales y la violencia asociada a distintos actores armados, factores que han limitado el desarrollo institucional y la provisión de bienes públicos”, expresó.

El deterioro de las condiciones de vida también puede traducirse en un aumento de la migración del campo hacia las ciudades, aunque este proceso no necesariamente implica una mejora en la calidad de vida de quienes se desplazan. “Muchas de estas personas llegan a entornos urbanos sin las competencias requeridas por el mercado laboral formal, lo que las expone a empleos precarios e informales”, puntualizó.

Finalmente, según Molina, de mantenerse esta tendencia, el departamento podría enfrentar un aumento de las brechas territoriales y mayores dificultades para su desarrollo social. “La persistencia de una estructura productiva poco diversificada y altamente dependiente del sector minero-energético profundiza la desconexión entre crecimiento económico y bienestar social”, advirtió.

Las condiciones de vida de cientos de familias en el departamento del Meta tuvieron un retroceso durante el último año. De acuerdo con cifras publicadas en abril de 2026 por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el indicador de pobreza multidimensional pasó de 10,4 % en 2024 a 12,3 % en 2025, un aumento de 1,9 puntos porcentuales que refleja un incremento en las privaciones que enfrentan los hogares del departamento.

El deterioro es más profundo en las zonas rurales del departamento. Las cifras del mismo informe del DANE muestran que la pobreza multidimensional en el campo pasó de 18,2 % a 26,4 % en un solo año, un aumento de 8,2 puntos porcentuales. El incremento refleja mayores privaciones en aspectos clave como acceso a servicios básicos, condiciones de vivienda, empleo y educación.

Para Diego Villa, magíster en Management y Gestión del Cambio, el aumento de la pobreza en el departamento responde a una combinación de factores económicos y fallas estructurales en la gestión del territorio.

Según explicó, el deterioro en la calidad de vida de los hogares está relacionado con el debilitamiento de la economía familiar y el aumento del costo de vida.

“El encarecimiento de la canasta básica, los servicios públicos, el transporte y los arriendos ha generado una presión directa sobre el presupuesto de los hogares, reduciendo su poder adquisitivo y aumentando su vulnerabilidad económica”, indicó.

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A esta situación se suma la precariedad del mercado laboral. Según datos citados por el experto a partir de estadísticas del DANE, una parte significativa de los trabajadores del Meta se encuentra en condiciones de informalidad, con tasas cercanas al 74,5 % en zonas urbanas y 82 % en áreas rurales, lo que implica inestabilidad laboral y ausencia de protección social. “Miles de personas trabajan hoy sin acceso a salud, riesgos laborales o pensión, quedando expuestas ante cualquier eventualidad”, afirmó.

El analista también cuestionó el impacto real de los recursos públicos en el departamento. “Paradójicamente, este deterioro social ocurre en un departamento que cuenta con importantes recursos públicos para inversión, especialmente provenientes de las regalías petroleras”, señaló.

Asimismo, en su concepto, el problema responde a debilidades en la planeación y ejecución de las inversiones públicas. “La pobreza en el Meta no es un fenómeno coyuntural, sino el resultado de fallas estructurales en su modelo económico y de la deficiente gestión pública. Mientras no se fortalezcan las bases productivas, se reduzca la informalidad y se mejore la eficiencia del gasto público, cualquier crecimiento económico seguirá siendo insuficiente”, explicó.

Desde el ámbito académico, Joe Martínez, director de la Unidad de Proyección Social de la Universidad Santo Tomás de Villavicencio, explicó que revertir el aumento de la pobreza rural exige intervenciones directas sobre los factores estructurales que más inciden en el índice de pobreza multidimensional.

El académico explicó, según cifras del DANE, que una de las prioridades debe ser la formalización del empleo rural, especialmente en sectores como la agricultura y la ganadería, donde predominan trabajos sin estabilidad ni protección social. “El sector agropecuario presenta la tasa de informalidad más alta del país, cercana al 85%, lo que explica en buena parte por qué muchos hogares rurales continúan atrapados en condiciones de pobreza”, señaló.

El experto también advierte que revertir esta tendencia exige intervenir en áreas estructurales como la educación y el acceso a servicios de salud en las zonas rurales. Según explicó, el bajo logro educativo de los adultos, la deserción escolar y las barreras para acceder a atención médica siguen siendo factores que profundizan las privaciones de los hogares.

“La educación es el factor más crítico, representando el 30,7% de la pobreza en la zona, por lo que se requieren políticas de alfabetización de adultos, permanencia escolar y acceso a educación superior. A esto se suma la necesidad de garantizar servicios integrales de salud y cuidado para la primera infancia, eliminando las barreras que enfrentan muchas comunidades rurales para acceder a atención médica”, indicó.

Freddy Molina Pérez, magíster en Economía, explicó que, durante décadas las comunidades rurales del Meta han enfrentado limitaciones que dificultan su desarrollo, entre ellas la débil presencia institucional, barreras geográficas que restringen el acceso a servicios básicos, economías ilegales y violencia.

“Históricamente, estas comunidades han enfrentado problemáticas estructurales del país, como la presencia de economías ilegales y la violencia asociada a distintos actores armados, factores que han limitado el desarrollo institucional y la provisión de bienes públicos”, expresó.

El deterioro de las condiciones de vida también puede traducirse en un aumento de la migración del campo hacia las ciudades, aunque este proceso no necesariamente implica una mejora en la calidad de vida de quienes se desplazan. “Muchas de estas personas llegan a entornos urbanos sin las competencias requeridas por el mercado laboral formal, lo que las expone a empleos precarios e informales”, puntualizó.

Finalmente, según Molina, de mantenerse esta tendencia, el departamento podría enfrentar un aumento de las brechas territoriales y mayores dificultades para su desarrollo social. “La persistencia de una estructura productiva poco diversificada y altamente dependiente del sector minero-energético profundiza la desconexión entre crecimiento económico y bienestar social”, advirtió.