Fiscalía verificará 378 casos de abusos sexuales contra indígenas en Guaviare

El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, sostuvo que serán verificados los 378 casos de violencia sexual contra integrantes de las comunidades indígenas de Guaviare ocurridos entre 2018 y 2020, que aparecen registrados en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

“Vamos a cruzar nuestro datos con el SPOA  (Sistema de Información Penal Oral Acusatorio) y verificar si esas carpetas del ICBF fueron trasladadas cada una de ellas a la Fiscalía General de la Nación porque de lo contrario, si hay algún vacío iniciaríamos procesos penales por prevaricato por omisión contra los respectivos funcionarios”, explicó Barbosa Delgado.

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Una comisión especializada seguirá en el departamento para conocer el estado actual de estos hechos y tener claridad sobre las actuaciones de las distintas autoridades.

En ese sentido, el Fiscal Barbosa indicó que se fortalecerán en San José del Guaviare los actos urgentes con fiscales e investigadores dedicados exclusivamente a atender este tipo de delitos, y se trabajará articuladamente con Medicina Legal y médicos rurales para garantiza la atención y valoración a las víctimas.

Este equipo especializado hará una priorización de los delitos sexuales y otros graves casos de vulneración de los derechos contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes.

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No obstante, el Fiscal reiteró que no existe el caso específico al que se refiere el medio de comunicación Univisión, en el que aseguran que una menor de 10 años de edad, de la comunidad Nukak, habría sido abusada por un militar norteamericano y producto del delito habría dado a luz.

El presidente Gustavo Petro había dicho el sábado anterior que “eso se llama un etnocidio”, al referirse a los casos de violación sistemática de niños y niñas indígenas ocurridos en regiones de la selva amazónica, como el Guaviare.

“No es una actividad clandestina hecha contra la misma familia, la misma comunidad, sino que se han alcanzado, de ahí la sistematicidad del problema, niveles de complicidad de la misma comunidad, que no ve otro camino que prostituir a sus propios niños para obtener comida”, indicó.

Consideró que no solamente se trata de un delito que el Código Penal establece para el abuso y la violación de niños y niñas, sino también de un etnocidio que está acabando con culturas como la de los Nukak Makú, el último pueblo andante de la selva amazónica.