La corrupción | Opinión

Por Francia Márquez / Vicepresidente de Colombia

El gran desafío para el Gobierno, así como de toda la sociedad colombiana, es acabar con la cultura de creer que como es público podemos hacer lo que queramos y no es así. Tenemos que reconstruir la cultura de lo público porque es sagrado, de lo público depende la vida de la gente, el derecho mío y el de los demás. Si fomentamos esa cultura del respeto y reconocimiento por la dignidad humana y por el derecho del otro, podemos avanzar.

La pobreza en algunas regiones es reflejo de la corrupción que ha permeado diferentes esferas de la sociedad. Somos de los países más desiguales e inequitativos de la región. Y eso obedece, en gran parte, a actos de corrupción, que no solo tienen que ver con el hurto de los recursos de la Nación, sino también con los procedimientos al interior de las mismas instituciones del Estado y en cómo se distribuyen los recursos. 

Nuestro programa de gobierno es una apuesta por los derechos de todas y todos, para que en Colombia la niñez no muera de hambre, para que la gente no tenga que pagar por agilizar un trámite; para que nuestros jóvenes accedan a la infraestructura educativa prometida; para que los miembros de la administración pública protejan a las poblaciones.

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Debemos destacar la importancia de la veeduría ciudadana y del trabajo entre el sector público, privado y la academia, para el reconocimiento de los derechos del otro y de la otra, y así lograr una cultura de respeto y reconocimiento del bien común. 

Luchar contra la corrupción también es eliminar la pobreza, acabar con el miedo de la gente en los territorios, lograr que los funcionarios velen por el bien común, que no menoscaben los derechos de la ciudadanía, y que los privados no pasen por encima del interés general. 

Es una lucha que exige revisar los procesos y sistemas al interior de todas las instituciones que terminan favoreciendo la corrupción. Esto implica vigilar y transformar las prácticas actuales que permiten que el Estado sea permeado por la corrupción. También significa desmantelar los mecanismos de la contratación pública que no son transparentes ni eficientes.

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