La historia de un falso positivo en Vichada que tardó 20 años en esclarecerse

La información de contexto obtenida por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas para esclarecer crímenes de personas protegidas por el DIH presentadas como bajas en combate por la Fuerza Pública en Vichada, contribuyó a la ubicación e identificación de Mauricio Álvarez Aza, desaparecido hace casi dos décadas en Cumaribo (Vichada).

Su cuerpo fue entregado a su familia el 8 de agosto, en Acacías (Meta), donde pudieron darle una digna sepultura.

Mauricio tenía 32 años cuando fue asesinado. Era el segundo de tres hermanos y una figura fundamental para su familia. Sus seres queridos lo recuerdan como un hijo amoroso, un tío atento y un hermano alegre. Trabajaba transportando gasolina y herramientas para labores agrícolas por vías fluviales y terrestres en Vichada.

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La familia perdió contacto con Mauricio en diciembre del 2006. Desde entonces, emprendieron una búsqueda insistente con conocidos y familiares. Aunque después de unos meses sus esfuerzos cesaron, la esperanza de encontrarlo vivo o conocer su paradero nunca se detuvo. Su madre, Berenice Aza Manjarrez, vivió 20 años de un duelo inconcluso, que empieza a cerrarse gracias a las investigaciones adelantadas por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, la cual permitió ubicar el cuerpo de su hijo.

La investigación del despacho de la magistrada Sandra Castro Ospina logró esclarecer el hecho y la familia Álvarez pudo conocer la verdad de lo sucedido.

El 15 de diciembre del 2006, Mauricio se movilizaba por carretera en una motocicleta con John Jairo Rodríguez. En el sector conocido como ‘La Catorce’, en jurisdicción de Cumaribo, Vichada, integrantes de la compañía ‘Cascabel IV’ del Batallón de Infantería Motorizado No. 43 ‘General Efraín Rojas Acevedo’ (BIROJ43), adscrito a la Vigésima Octava Brigada del Ejército Nacional, detuvieron a los dos trabajadores. En un acto ilegal, los militares organizaron una operación para asesinar, simular un enfrentamiento y hacer pasar falsamente a los dos hombres como bajas de un combate con guerrilleros del Frente 16 de las Farc-EP que nunca existió.

El cuerpo de Mauricio Álvarez fue inhumado en el cementerio de Cumaribo, en un lugar que el equipo forense de la Unidad de Búsqueda identificó como ‘Sitio 24’. Mauricio fue sepultado como una persona no identificada, pero en la necropsia le tomaron las huellas dactilares y cartas dentales que fueron un insumo importante para la posterior identificación.

Entre el 24 y 30 de junio de 2026, fue realizada una audiencia de aporte a la verdad y seguimiento al régimen de condicionalidad, en el marco de la Ruta No Sancionatoria. Este procedimiento lo implementa la JEP para resolver la situación jurídica a aquellos comparecientes que no tienen la calidad de máximos responsables o partícipes determinantes en crímenes cometidos durante el conflicto, quienes deben cumplir, entre otros, el requisito de aportar verdad que permita reconstruir lo sucedido.

En esta diligencia fueron escuchados los comparecientes, las víctimas y sus representantes, sobre los hechos ocurridos el 15 de diciembre de 2006. Esos relatos fueron objeto de contraste con las pruebas recaudadas por la Jurisdicción. Los comparecientes confirmaron a la familia los detalles del asesinato y los métodos de encubrimiento que utilizaron.

Aunque ocho de estos militares fueron procesados por estos y otros hechos en la justicia ordinaria, entre 2011 y 2012, las investigaciones no habían logrado identificar a las personas asesinadas ni ubicar a sus familias.

La identificación de Mauricio  no fue inmediata. En 2025, Medicina Legal remitió el cuerpo hallado en el ‘Sitio 24’ a un laboratorio en Bogotá y priorizó su análisis. Allí se contrastaron la necropsia original, realizada en 2006; el registro técnico del cuerpo; y las huellas decadactilares, cotejadas con información alojada en bases de datos oficiales. En un laboratorio creado por la Unidad de Búsqueda para analizar los cuerpos se estableció una coincidencia plena entre la necropsia de 2006 y el cuerpo hallado. Ese resultado permitió identificarlo y corroborar la identificación con la muestra de ADN que la Fiscalía General de la Nación había tomado en 2011 a su madre.

A la fecha, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas ha entregado a sus familias los cuerpos de 17 víctimas desaparecidas, de un total de 217 entregas dignas realizadas por la JEP.