Las dos caras del cambio en la ‘Ley de Garantías’

El Congreso votó por darle vía libre a los mandatarios regionales para celebrar convenios interadministrativos.

Mientras para algunos modificar temporalmente la celebración de convenios en época de elecciones es abrirle la puerta a la corrupción, para otros es necesario para que el próximo año los territorios ejecuten recursos y no se paralicen los planes de desarrollo.

Luego de un intenso debate, el Congreso de la República votó esta semana por modificar la Ley de Garantías, en medio del estudio del presupuesto para el año 2022.

Para algunas voces, esa modificación altera de una u otra forma la balanza electoral, pues permitirá a los mandatarios territoriales, de manera temporal, hacer convenios interadministrativos y mediante esa figura se podrían amarrar recursos que terminarían en las campañas políticas del próximo año.

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Otros, como el representante a la Cámara por el Meta de Cambio Radical, Jaime Rodríguez, aseguró que la Ley de Garantías no se tocó, que permanece igual y que adoptar esta modificación era necesario para que alcaldías y gobernaciones pudieran ejecutar el presupuesto de las transferencias de la Nación y acelerar la reactivación económica en los territorios.

“No se suspende la Ley de Garantías, sino que se permite que los recursos del presupuesto nacional lleguen a los municipios y departamentos para que cumplan con los respectivos planes de desarrollo  en infraestructura vial, educativa, deportiva,  vivienda proyectos de agua potable, entre otros”, dijo Rodríguez.

Sin embargo, para el abogado Alex Caro, “desde el Gobierno Nacional también se podrían ganar adhesiones políticas mediante alianzas con gobernadores o alcaldes y amarrar la contratación para favorecer una campaña de los intereses de las entidades nacionales”.

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«Sí, la ley, que fue expedida para impedir unas formas de corrupción, no evita que algunos servidores hagan proselitismo político ni evita la corrupción, por ejemplo, bajo maniobras de planeación de mediano plazo o usando recursos de salud, pero es eficaz en su objeto. Si fuera inútil, ¿para qué el gobierno habría buscado suspender una de sus prohibiciones? Y esto llama la atención: no propuso derogarla, sino suspender su efecto —en elecciones bajo este gobierno—. Lo que significaría que tendría plena vigencia después, como se infiere del texto del proyecto radicado», explicó Caro.

Para el representante a la Cámara por el Meta, el liberal Alejandro Vega, votarla de manera positiva “es políticamente costosa pero necesaria”.

“Apoyé esta decisión, aunque políticamente costosa, porque es lo que necesita el país.  No estamos en la misma situación de hace ocho o cuatro años. En primer lugar, porque ya no hay reelección presidencial que fue para lo que se expidió esta ley y, en segundo lugar, porque hoy el país está en una crisis económica que nos dejó la pandemia, con un incremento en el desempleo y la pobreza que nos exige la toma de medidas por parte del Estado que implican un mayor gasto” sostuvo Vega.

Y explicó que restringir los convenios interadministrativos en estos momentos es “ponerle freno al desarrollo, principalmente, de cientos de municipios de quinta y sexta categoría cuya economía depende en gran medida de las inversiones que puede hacer el Estado”.

No obstante, los críticos de la aprobación insistirán en tumbarla. De hecho Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, dijo que “es indispensable que la modificación sea analizada por el alto tribunal (Corte Constitucional) previo a su vigencia, pues es necesario generar un control ante una medida como la adoptada, y a su vez garantizar que la actuación de los distintos poderes se dé en el marco de la Constitución”.

Jaime Rodríguez, insistió en que la Ley de Garantías no se ha caído pues lo que se está discutiendo es la ley de presupuesto y esta no es estatutaria. “Se está autorizando a los mandatarios a contratar para poder ejecutar los dineros de trasferencias de la Nación, eso es todo”, dijo el representante del Meta.

Para otros, en la práctica, aunque hay restricción de contratación con la Ley de Garantías, los gobernantes en las regiones se las arreglan en elecciones para poner su maquinaria al servicio de sus candidatos, mediante la contratación de personal en las oficinas públicas, el cual termina ayudando en las campañas, desatendiendo sus obligaciones con la entidad.

Periódico del Meta consultó la opinión de la senadora Maritza Martínez, del senador Jonatan Tamayo Pérez, y la presidente de la Cámara, Jennifer Arias, pero no fue posible que respondieran nuestras preguntas.