Los trasfondos en el sur del Meta

Los enfrentamientos al sur del Meta, al inicio de la erradicación manual, ha causado problemas sociales que no se resuelven

Por Jhon Moreno

El foro convocado por la comisión primera del Senado el pasado 28 de agosto, aunque no trascendió en los medios de comunicación, sí mostró una cara diferente de lo que es la Crisis de Derechos Humanos y seguridad en el Meta Comisión primera del senado.

La situación es más compleja de lo que parece y aunque en las últimas semanas se ha respirado una tensa calma, lo cierto es que está lejos de resolverse y en eso coincidieron los diferentes líderes sociales.

Una de esas realidades la reveló Ana Jiménez Triana, defensora regional del Pueblo, quien explicó que esa entidad ha identificado 10 alertas tempranas para el Meta, una de ellas es la 042 del 3 de octubre del 2019 para Puerto Lleras, Puerto Rico y Vista Hermosa.

La funcionaria explicó que la calma se enrareció desde el 16 de mayo pasado con la erradicación de cultivos, pues se evidenció una vez más la presencia de grupos armados y disidencia de las Farc, los que generan preocupación por el riesgo latente de violación de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario.

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“Frente a esa advertencia se han dado recomendaciones para evitar violaciones de derechos humanos. Hallamos que en el territorio hay presencia de minas antipersona en los tres municipios y a la fecha no se han culminado todas las actividades de desminado (sumados a que) desde mayo se han venido presentando episodios que han cobrado vidas y heridos”, dijo la Defensora del Pueblo en el Meta.

Esa entidad recomendó contribuir a fortalecer los liderazgos sociales con garantías de seguridad y evitar estigmatizaciones, incrementadas por el conflicto armado en el pasado y que hoy siguen sufriendo. Escuchar a las comunidades es uno de los principales desafíos que debe tener el Estado en el sur de Meta para desescalar las tensiones.

“Ante las tensiones, el diálogo es la salida. Atender a las necesidades específicas de cada territorio y no mezclar controversias que son distintos en diferentes territorios”, dijo Jiménez Triana.

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En el momento hay 16 denuncias sobre supuestos abusos en los enfrentamientos con las comunidades, que han sido puestas en conocimiento de las autoridades: Fuerza Pública, la Procuraduría y Fiscalías, en caso de relevancia penal.

Para Ricardo Villamarín, coordinador de la Comisión de la Verdad en esta región, está pendiente de lo que pasa en el sur del Meta “porque si hay una zona que concentre la conflictividad es precisamente es esta”.

Agregó que esos conflictos no son nuevos y, aunque se han ensayado escenarios de diálogo, persisten los factores del conflicto.

“Se deben promover proceso de convivencias y diálogo y que se promueva la participación activa ciudadana, porque se tienen altibajos. La situación, por ejemplo, en San Juan de Lozada, es una situación con muchas aristas: cultivos ilícitos, protección ambiental, erradicación, campesinos en zonas de parques, hay una situación de interrelación de muchos actores”, explicó Villamarín.

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Agrego que por la pandemia no se había podido retomar estos diálogos, y por eso hay reacciones de comunidades en la zona de Guayabero, sumado a la latente presencia de actores armados.

Por su parte Yovana Patiño, del Espacio Autónomo de Derechos Humanos del Meta, dijo que las declaraciones del Gobernador Juan Guillermo Zuluaga, hace unos meses, “estigmatizaron y causaron indignación: “una situación de orden pública (donde murieron soldados) deslegitimó la labor de las ONG de Derechos Humanos, al cuestionar los pronunciamientos públicos de situación de violencia”, dijo Patiño.

Varios de los líderes sociales asistentes al evento dijeron que los estados tienen la obligación de garantizar y entender este ejercicio como parte de la construcción de democracia. “No cedemos a disyuntivas éticas porque apostamos a una salida integral de la guerra. Hemos sido voceros en la consolidación de condiciones mínimas para las garantías mínimas. Rechazamos el señalamiento que cuestiona nuestra imparcialidad”, dijeron los representantes de las comunidades.

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Guillermo Fernández Maldonado, Representante Adjunto Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, también dijo que esa entidad hace seguimiento a la situación de DD.HH en el Meta y ha presentado asesoría técnica al Estado y a la sociedad civil.

“Desde mayo hay denuncias que informan sobre violaciones en el marco del operativo de erradicación. En ese contexto de existencia de civiles y fuerza pública ha habido consecuencias negativas. Hay retos sociales como la formalización de tierras, salud y educación, entre otras.  La legitimidad de la lucha contra las drogas es indiscutible, pero el verdadero reto es cómo hacerlo dentro de los estándares de respeto que sean efectivos en territorio”, puntualizó el funcionario.

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