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Masiva extinción de dominio a gobernantes del Guainía por corruptos


Masiva extinción de dominio a gobernantes del Guainía por corruptos 1
Javier Eliécer Zapata (izquierda) y Óscar Armando Rodríguez Sánchez, exgobernadores del Guainía. Foto: Tomada de Zona Cero
RP
Redacción PDM
  • Publicado en Jul 22, 2022
  • Sección Judicial

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Incluso en Villavicencio se realizaron diligencias de ocupación de los bienes a los exgobernadores de Guainía Óscar Armando Rodríguez Sánchez y Javier Eliecer Zapata Parrado, y al exalcalde de Inírida Camilo Andrés Puentes Garzón, acusados de corrupción.

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Así lo informó la Fiscalía General, quien reportó que 87 bienes que pertenecerían a los exmandatarios del Guainía les fueron impuestas medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión.

La medida judicial estuvo a cargo de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, la cual acusa a los exfuncionarios de haber suscrito varios contratos de suministro y obras públicas que no se ejecutaron.

El organismo investigador mencionó que casi todos los contratos tienen que ver con los acueductos de los municipios de Pueblo Nuevo, Minitas, Carpintero, Mapiripana y La Unión y que muchos quedaron a medias o presentaron diversas inconsistencias en la fase precontractual.

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Rodríguez Sánchez fue gobernador entre 2012 y 2016; mientras que Zapata Parrado y Puentes Garzón fueron elegidos para el periodo 2016-2019.

“Los exmandatarios fueron capturados e imputados por diferentes delitos, entre estos: concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, y peculado por apropiación”, detalló la Fiscalía.

Las diligencias de ocupación de los bienes la realizaron agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía en Chía y Cajicá (Cundinamarca), Inírida (Guainía) y Villavicencio (Meta).

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Se trata de 72 predios rurales, siete urbanos, cuatro vehículos, tres sociedades y un establecimiento de comercio avaluados preliminarmente en cerca de 22.000 millones de pesos (unos 4,9 millones de dólares).

La Fiscalía estableció que las propiedades estaban a nombre de terceros o personas cercanas a los exfuncionarios. Los bienes quedarán a disposición la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración.

 


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