Opinión || Macrocrimen
- Publicado en Ago 29, 2021
- Sección Columnistas
Por Gabriel Rodríguez, Arquitecto
Toda la actividad generada por las ganancias del narcotráfico son las que producen la macrocriminalidad que vive Colombia y que se convierte en una transnacional del crimen.
Del cual se desprende todo un organigrama delictivo que incluye múltiples delitos: desapariciones forzadas, lavado de activos, homicidios, secuestro, terrorismo, compra de conciencia, compra de votos, políticos corruptos, hackers, servidores públicos colocados en su nómina, extorsiones, microtráfico, todos en alianza con políticos poderosos, y lo que se conoce en el mundo del crimen como Criminalidad Oculta o Cifra Dorada, que son las conductas y delitos cometidos por quienes cuentan con un estatus privilegiado en el ámbito socioeconómico y político, evadiendo la justicia, y protegidas por un escudo de impunidad.
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Colombia es el mayor productor de cocaína, montada sobre una estructura que abarca no solo a simples narcotraficantes, sino la esfera de lo empresarial y la política nacional, que les proporciona impunidad, ya que órganos del Estado han sido capturados por esta actividad.
A partir del acuerdo de La Habana la macrocriminalidad se va legalizando, trascendiendo las simples mafias para incluir actores políticos, empresarios corruptos, funcionaros públicos que incluyen de manera estrategia a miembros del aparato judicial.
Creando unas complejas redes transnacionales que involucran múltiples entidades criminales, y que es de vieja data como por ejemplo el caso Fujimori-Montesinos-Farc (truque de cocaína por armas). Transnacional del crimen que se va consolidando con el mencionado acuerdo.
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Esta unión entre el crimen organizado, el Estado y las empresas comerciales, hace que las acciones de estas complejas redes sean más que una organización criminal. Estos complejos procesos logran incluso reconfigurar el poder político y el Estado, como el caso de la JEP, donde la multicriminalidad crea su propia justicia, la cual desafía la solvencia del Estado, convirtiendo a la macrocriminalidad en un crimen estratégico.
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