Restringir motos: hora de cambiar de plan

A propósito de la propuesta que surgió en el Concejo durante el debate sobre seguridad que se hizo hace unas semanas, para prohibir el tránsito de parrilleros de motocicletas en Villavicencio, el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (Cesed) de la Universidad de los Andes, acaba de publicar un informe que concluye que las restricciones a motociclistas como herramienta para controlar el delito no es del todo útil para reducir la actividad delincuencial.

Acudiendo a modelos estadísticos  y comparativos entre varias ciudades colombianas donde se ha adoptado la medida, el documento titulado ‘Restricciones a motocicletas y sus efectos sobre el crimen en Colombia’, se evaluó la efectividad de tres tipos de limitaciones impuestas en Colombia: prohibición de acompañantes hombres; prohibición de cualquier acompañante y prohibición total de motos en horas o zonas específicas.

En general, concluye el estudio que tuvo el respaldo de la Facultad de Economía de los Andes, las restricciones a motocicletas no logran reducir sustancialmente los delitos, e incluso cuando han tenido algún resultado positivo leve, los efectos estimados no son persistentes en el tiempo.

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Además, dicen los expertos, “observamos señales de desplazamiento espacial de los delitos en varios de los casos en que encontramos efectos, sugiriendo así que las restricciones no logran reducir en el agregado el número de delitos cometidos sino efectivamente trasladan a otros lugares el crimen”.

Los costos sociales fueron elementos que tuvieron en cuenta los analistas de las estadísticas de las ciudades donde se han adoptado las medidas restrictivas. En este sentido afirman que: “(…) los altos costos sociales que se impone sobre la ciudadanía y los costos de oportunidad que se imponen sobre la Policía Nacional, sugieren que es hora de dejar de usar este tipo de restricciones para prevenir el delito”.

De acuerdo a lo analizado, los efectivos de la Policía deben concentrarse en vigilar la circulación de motos y parrilleros, además de controlar las medidas restrictivas que ya existen por la pandemia, lo que hace más complejo que se concentren en investigar el delito y sus estrategias, que es la misión de la Fuerza Pública.

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“A la hora de diseñar e implementar políticas para disuadir el delito, es clave mirar si intervenciones parecidas han tenido los efectos esperados y, de ser así, cuáles son los costos asociados de implementarlas. En el caso de las diferentes restricciones de motocicleta, mostramos en este documento que éstas no funcionan para reducir el delito. Incluso si hubieran funcionado es necesario mirar bien los costos, que consisten en obligar a ciudadanos buscar otras formas de movilizarse y que también representan una distracción para la Policía”, dicen los analistas.

Por eso se afirma que trabajos en el futuro deben presupuestar estos costos con precisión, que implicaría entre otras cosas, calcular el número de horas adicionales en desplazamientos a los lugares de trabajo que causan estas medidas sobre los propietarios de motos.

Las ciudades analizadas fueron Cartagena, Bogotá, Neiva, Barranquilla y Soledad (Atlántico), las cuales en diferentes ocasiones han tomado la determinación de restringir el desplazamiento en motos. Para identificar el efecto causal de las políticas se estimaron modelos de diferencia, variación espacial y temporal de las restricciones usando datos georreferenciados de crimen.

El documento es firmado por Eduard F. Martínez-González, de la Facultad de Economía de la Universidad de Los Andes; Michael Weintraub, director del Área de Seguridad y Violencia del Cesed y Leonardo Bonilla-Mejía, investigador del Grupo de Análisis del Mercado Laboral del Banco de la República.

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