Sertravi y el fin de la piñata| Opinión

La secretaría de Movilidad asumió el recaudo por multas de tránsito.

Por David Mora, economista y docente Universitario

El pasado 16 de agosto, luego de 10 años, terminó la jugosa Concesión de Servicios de Transito de Villavicencio STV – Sertravi, contrato 776 del 2010. Concesión que en su momento entregó. “La prestación del servicio público de registro de automotores, conductores, infractores, tarjetas de operación, licencias de conducción, tránsito de empresas y vehículos de transporte público, auditoría financiera de los ingresos de patios y grúas, la gestión de los procesos, procedimientos y administración de la información correspondiente a la parte destinada al municipio de Villavicencio del impuesto de vehículos automotores” a las manos de un privado.

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Por estos servicios, desde noviembre de 2010 a mayo de 2020 a Sertravi le ingresaron más de $45.076 millones de pesos sin descontar costos de operación – que nunca dieron a conocer a la administración municipal -, en promedio, $12.790.000 pesos diarios mientras al municipio le ingresaron $49.826 millones, libres, durante el mismo periodo. En resumen, la torta se repartió 47% para Sertravi y 53% para el municipio, torta que ellos mismos repartían y que de acuerdo a la Secretaría de Movilidad, se está a la espera de la información técnica para determinar que se hayan realizados los giros correctamente de acuerdo a la cláusula 23 del contrato.

Cumplida la década, sin lugar a equívocos, el mayor logro de Sertravi fue el de aumentar el recaudo. En 2010 antes de iniciar la Concesión, los ingresos corrientes del municipio fueron $3.156 millones y para 2011, iniciada la operación de la concesión, los ingresos recibidos por las partes fueron de $7.073 millones, un incremento de 124% en solo un año que para 2019 fue de $14.114 millones reflejando un incremento de 347%. Durante la operación del servicio de 2011 a 2019, Sertravi incrementó sus ingresos 113% y el municipio 89,5%. Estos ingresos permitieron que el primer año de operación, la concesión recuperara la inversión inicial realizada y obtuviera ganancias ¡Negocio redondo!

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¿Cómo se lograron estos incrementos? Por un lado, hubo una modernización pactada de las instalaciones, de hardware y software, de maquinaria y equipo y, de personal capacitado que mejoró la prestación del servicio y que deben ser revertido a la alcaldía, pero que, además, como evidencian los ingresos percibidos en 2010, la alcaldía pudo haberla realizado.

Por otro lado, la concesión hizo lo que debían hacer las alcaldías anteriores y que por decisión política no hicieron, que era poner en orden los rentables servicios de movilidad. Claro está, que en manos de la concesión ese “poner en orden” se soportó, en gran medida, en la presión de cobros coactivos, el incremento de multas, de foto multas e intereses a los morosos; pero que no generó ningún aporte en cultura ciudadana para reducir el número de infractores por razones obvias, a mayor infracción, mayor ingreso.

Terminado el periodo de la concesión lo natural era un proceso armónico de reversión al municipio de todo lo pactado en el contrato. Por el contrario, se conoció un proceso traumático entre las partes, de retrasos y ausencia de información necesaria que debía entregar Sertravi a la Alcaldía, lo que pone en riesgo la operación futura del servicio. Mal ejemplo de esas concesiones que se resisten a devolver a la gente lo que les pertenece luego de usufructuar por años los recursos públicos. Aplican la de Sarmiento Angulo; concesiones perpetuas como la vía Bogotá-Villavicencio.

Al trauma del empalme lo acompañan los posibles incumplimientos al contrato denunciados por la Alcaldía como, cobros de carteras anteriores a 2010, intereses de mora inapropiados, fechas de recaudos que superan los términos del cobro persuasivo y otros sin fecha por ausencia de datos, para un total de $4.519 millones en favor de la alcaldía.

Adicional a otros $1.793 millones de las obligaciones específicas del concesionario contempladas en la cláusula 17 que no logran sustentar ni han reportado. También llama la atención la presunta violación de la cláusula 46 que impide vincular laboralmente a personas que tengan “parentesco hasta de segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad, o primero civil”, entre otras tantas anomalías. De ser así, esto debe dar paso a un pleito jurídico entre la concesión y los intereses de la ciudad.

En el marco de este panorama, durante la contienda electoral el programa de gobierno que eligió la ciudadanía para la alcaldía de Villavicencio, en cabeza de Felipe Harman, se comprometía a que terminado el periodo de concesión se definiría un esquema público para atender la prestación del servicio. Promesa que se incluyó en la meta 94 del Plan de Desarrollo Municipal y que hoy está en proceso de hacerse realidad a pesar de todas las dificultades mencionadas, un gran avance para la ciudad.

El fondo del asunto aquí, es la ruptura con la política neoliberal de los gobiernos de turno que buscan privatizar todo lo que sea público. Mientras en Villavicencio se les pone fin a las piñatas con recursos públicos, en el país Duque y Carrasquilla le dieron vida al decreto 811 de 2020 que promueve la privatización de las empresas nacionales. ¿Qué tal la diferencia?