Sin preguntas no hay periodismo | Editorial

Dejar de hablarle al periodismo o compartimentar la información de interés general no es una estrategia nueva para el poder. Ha sido, históricamente, una práctica recurrente en la política colombiana, sin importar la bandera del gobierno de turno. 

Sin embargo, cuando la censura velada o el hermetismo se disfrazan de «centralización institucional», el daño a la democracia local y al derecho a la información de las regiones resulta ser peligroso, por decir lo menos.

Desde el primer mandato de Juan Manuel Santos, en Periódico del Meta tomamos la decisión de no hacer el cubrimiento a visitas presidenciales, las cuales se han transformado en puestas en escena. 

En aquel entonces, desde Bogotá se dictaminó que solo responderían a los corresponsales de medios nacionales, cuyas preguntas venían premeditadas desde los escritorios centrales. A pesar del origen periodístico de Santos en El Tiempo, durante sus ocho años de gobierno el periodismo llanero fue ignorado. 

La misma lógica continuó con Iván Duque y se profundizó con Gustavo Petro, sustentada en la costumbre de hablarle únicamente a «medios o periodistas amigos».

Hoy la historia parece repetirse y agravarse con una directriz que no solo mantiene ese modelo, sino que atenta contra la autonomía de la información pública: la decisión de centralizar absolutamente todas las comunicaciones del Gobierno Nacional en la Casa de Nariño.

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Este medio hizo el ejercicio de consultar a distintas fuentes locales y regionales para abordar entrevistas. La respuesta fue unánime: “debemos consultar con Bogotá; Presidencia prohibió hablar sin autorización previa”. 

Incluso mandos territoriales de la Policía y del Ejército, que habitualmente organizaban ruedas de prensa, han optado por suspenderlas temporalmente. 

La orden actual es clara: los ministros solo darán declaraciones fijas sin espacio a preguntas en regiones, los viceministros quedan inhabilitados como voceros y los grandes anuncios serán potestad exclusiva de la Presidencia.

Para el periodismo de la capital esto podría parecer un contratiempo menor y manejable, pero para las regiones, impedir que un comandante de la Fuerza Pública o un funcionario nacional en el territorio dé la cara es abrir de par en par la puerta a la desinformación; rompe la relación directa con los comunicadores e ignora las realidades locales.

Si el Estado les da la espalda a los medios regionales rigurosos, deja el campo libre a la especulación, las noticias falsas y al fenómeno de influenciadores opinando sin contraste de fuentes. 

Garantizar el acceso a la información pública no es un favor al periodista, es un deber constitucional con el ciudadano. Ojalá esta mordaza centralista no dure cuatro años.