Víctimas recibirán nueva casa en El Castillo

La Unidad de Restitución Tierras les comprará una nueva vivienda en cumplimiento de la sentencia proferida por el Juzgado Primero Civil Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio

Gracias a la política de restitución de tierras, la familia Arias integrada por una mujer viuda y sus nueve hijos, volverá a tener vivienda propia después de 20 años del abandono forzado de su predio, ubicado frente a la estación de Policía, de El Castillo.

En 1973, la mujer junto con su esposo (fallecido) adquirieron el lote de 407 metros cuadrados, en el que construyeron su casa y cultivaban maíz, plátano, arroz. También tenían gallinas y alternaban las labores de campo con una cantina que tenían en el pueblo, un negocio que les permitía devengar su sustento.

La tragedia para los Arias comenzó cuando la guerrilla de las Farc utilizó su vivienda como “trinchera” para desde ahí atacar la estación de Policía. El grupo ilegal obligaba a los Arias a salir de la casa mientras perpetraba los ataques. Esta situación hizo que la familia fuera tildada de auxiliadora de las Farc, por lo que en el año 2000 la familia tuvo que desplazarse hacia el departamento del Guaviare como única opción para salvaguardar sus vidas y evitar el reclutamiento de los hijos.

El director de la Unidad en Meta, Wilson Leyton Roldán, señaló que “debido a que actualmente en ese terreno se encuentra el Parque de Memoria Histórica de El Castillo, no es posible la reconstrucción del predio en las condiciones que tenía antes de los hechos victimizantes. Por eso, como medida reparadora, el juez ordenó la compensación por equivalencia económica, por lo cual se les comprará una nueva casa en el municipio que ellos escojan”.

Agregó que la Ley 1448 de 2011 dispone que en los casos en los cuales la restitución jurídica y material del inmueble despojado sea imposible, o cuando el despojado no pueda retornar al mismo, por razones de riesgo para su vida e integridad personal, se le ofrecerán alternativas de compensación que les permitan acceder a terrenos de similares características y condiciones, en otra ubicación.

Esta familia tendrá acceso a los beneficios de la oferta institucional del Estado en materia de reparación integral por ser declarados víctimas de abandono forzado de tierras.

Prorrogada una década

A propósito, la Ley 1448 de 2011 tendrá una década más de vigencia, con el fin de que el Estado pueda cumplir lo proyectado en 2011 en la firma de los acuerdos de paz cuando el Gobierno Nacional de ese entonces, encabezado por Juan Manuel Santos, reconoció su responsabilidad con las víctimas del conflicto.

El proyecto aprobado por el Congreso hace una semana también prorroga la vigencia de los Decretos Reglamentarios Ley 4633, 4634 y 4635, a través de los cuales se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución tierras a las víctimas pertenecientes a los pueblos y comunidades afrocolombianas, raizales, palenqueras, comunidades indígenas y gitanos.

La ampliación de la vigencia se venía pidiendo a gritos por parte de varios sectores políticos, de las víctimas y entidades gubernamentales, especialmente la Unidad para las Víctimas, en cabeza de Ramón Rodríguez, quien precisamente la semana pasada había hecho un llamado de advertencia al Congreso para que se agilizara el proceso que ya llevaba dos meses paralizado.