48.000 hectáreas devueltas a sus dueños

Cómo resolver la titulación de tierras es uno de los temas de debate del Foro.

Se ha dado cumplimiento a las 218 sentencias emitidas por los jueces y
magistrados que han beneficiado a unas 800 personas.

Unidad de Restitución de Tierras presentó balance de los trámites que ha
desarrollado hasta ahora en el Meta.

Según el informe expuesto por la Unidad de Restitución de Tierras en la primera
sesión del Subcomité Técnico de Restitución de Tierras del departamento del
Meta, a la fecha se han restituido cerca de 48.000 hectáreas en favor de 800
beneficiarios de 19 municipios del departamento y en cumplimiento de las 218
sentencias emitidas por los jueces y magistrados. Actualmente hay 895 en
demandas radicadas ante la justicia en el Meta.

La Unidad de Restitución de Tierras ha invertido $2.051.938.447 en la
implementación de 79 proyectos productivos en ganadería bovina y cultivos como
cacao, aguacate, banano, café, maracuyá y cúrcuma, entre otros, para los
beneficiarios de restitución.

En cuanto a ruta étnica, en el Meta aún no se han proferido fallos. Sin embargo, la
Unidad, ha presentado cinco demandas para reclamar cerca de 130 mil hectáreas
de los territorios indígenas: Caño Ovejas, Sikuani de Awalibá y Territorio Ancestral
La Campaña, Florida Kawinanae, Walliani y Sikuani de Domo Planas.

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En su intervención, Wilson Leyton, director de la Unidad de Restitución de Tierras
en Meta, señaló que “celebramos que exista esta sinergia entre los municipios y
autoridades en pro de la reparación integral a las víctimas del despojo y abandono
forzado de tierras y solicito a las entidades encargadas de cumplir las sentencias
continuar trabajando articuladamente para que las víctimas alcancen el goce
efectivo de sus derechos”.

Por otra parte, Leyton agregó que “hago una solicitud respetuosa al Banco Agrario
para que tenga en cuenta los campesinos restituidos, para que ellos puedan
acceder a créditos y así fortalezcan sus proyectos y puedan mejorar sus
condiciones de vida.”

La reunión de monitoreo y seguimiento a órdenes judiciales, convocada por la
Gobernación del Meta, es un espacio de política pública, orientado a la población
víctima del departamento del Meta y soportado normativamente en la Ley 1448 de 2011; se hizo la presentación del nuevo Protocolo de Retornos y Reubicaciones,
Seguimiento a temas étnicos y formulación del Plan de Atención 2020.

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A la primera sesión del Subcomité Técnico de Restitución de Tierras del Meta,
cuya secretaría técnica la ejerce la URT, asistieron representantes de las alcaldías
del departamento, la Gobernación, la Unidad de Víctimas, la Agencia Nacional de
Tierras, el Departamento para la Prosperidad Social, la Agencia de Desarrollo
Rural, el SENA, la Procuraduría, la Agencia de Cooperación Alemana GIZ, el
Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC y la Agencia de Renovación del
Territorio, entre otras.

Entrega en Casanare

A propósito de entregas, después de 18 años y en medio del confinamiento
decretado por la pandemia de covid-19, la familia Montañez* recibió la mejor de
las noticias: gracias a las labores adelantadas por la Unidad de Restitución de
Tierras (URT), regresará a la finca “El Palmar” ubicada en la vereda San José del
municipio de Tauramena (Casanare), la cual tuvieron que abandonar como
consecuencia de enfrentamientos entre la guerrilla y los paramilitares.

Esta familia casanareña compuesta por padre, madre y sus cinco hijos, adquirió el
predio de 36 hectáreas el 2 de diciembre de 1996, a través de compraventa. “Allí
éramos felices porque cultivábamos yuca, maíz, malanga, frijol y plátano, también
teníamos un criadero de aves de corral y otro de cerdos; hasta que, en el año
2002, llegaron las Autodefensas Campesinas del Casanare e iniciaron una disputa
territorial con el frente 56 de las Farc, por lo cual, constantemente escuchábamos
ráfagas y vivíamos con la zozobra de que cualquier momento perderíamos
nuestras vidas” señaló Fernando.

Su familia fue obligada a desplazarse hacia Chámeza (Casanare), luego que la
guerrilla informara a todos los habitantes de la vereda que se retirarían de la zona
y que dejarían sembradas minas antipersonal.

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“Tras la entrada en vigencia de la Ley 1448 de 2011, la familia acudió a la Unidad
de Restitución de Tierras para recibir la asesoría y acompañamiento judicial que
permitió al juez de restitución devolverles su finca y con ella la ilusión de volver a
cultivar la tierra,” señaló Wilson Leyton Roldán, director de la URT en Meta.

“La familia casanareña también tendrá derecho al alivio de pasivos por concepto
de impuesto predial, tasas y otras contribuciones; y la inclusión en programas de
generación de ingresos y acceso a la oferta institucional del Estado, que tienen
como objetivo reparar integralmente a las víctimas” puntualizó Leyton.

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