Alerta por expedición de licencias de construcción en zonas de alto riesgo de inundación

Durante unas auditorias realizadas por la Contraloría de Villavicencio a las entidades de Curaduría Urbana de la capital del Meta, se evidenció que estas habrían expedido y seguirían expidiendo licencias de construcción en zonas de alto riesgo de Inundación.

Una de ellas sería en la zona histórica y recientemente inundada que fue la vereda Vanguardia de Villavicencio, donde se otorgaron licencias sin tener en cuenta las advertencias de la ciudadanía que habita el sector.

Durante la actividad de revisión se encontró que los curadores urbanos se basan en planos del Plan de Ordenamiento Territorial donde se indica que la zona es de bajo riesgo de inundación, situación que no es coherente con los hechos ocurridos el 19 de mayo del 2022.

Además, el informe relata que tampoco se encuentra una advertencia, sugerencia o acción oportuna de las Curadurías urbanas de Villavicencio que llamara la atención sobre esta eventualidad que se hizo latente.

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La Contraloría insiste en que la situación no es reciente, ya que el dique venía presentando fallas desde hace varios años, según alertas de la comunidad con derechos de petición y publicaciones de medios de comunicación.

Es decir que, lo anterior tiene una presunta incidencia disciplinaria y penal, en los términos de los deberes contenidos en la Ley 734 de 2002, y/o Ley 1952 de 2019, de acuerdo a la fecha en la que se registraron las conductas. Así mismo, un presunto prevaricato por omisión contemplado en el Código Penal Ley 599 de 2000, por lo que se realizará traslado a los órganos competentes.

En la misma auditoría de cumplimiento a las curadurías 1 y 2 de Villavicencio, se determinaron hallazgos fiscales en cuantía superior a $25 millones de pesos por el no pago de la cuota de fiscalización, ordenada en el parágrafo del artículo 2 de la Ley 1416 de 2010.

También se logró un beneficio cuantificable del proceso auditor, por cuantía de $1.636.923 en la Curaduría 1, y $1.365.778 en la Curaduría 2, por resarcimientos respecto a observaciones fiscales en el informe preliminar, que luego fueron pagados por los implicados.

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