Así va el proceso contra la elección de Rafaela Cortés

El anuncio de la elección anulada de Carlos Andrés Marroquín como gobernador de Putumayo, puso sobre la mesa la incógnita sobre el resultado de la demanda de nulidad electoral en la que está envuelta la mandataria del Meta. Le explicamos cómo va el trámite en el Consejo de Estado.

Por Lina Herrera

Aunque este lío jurídico existe desde diciembre del 2023, llama la atención la similitud con el caso del ahora exgobernador de Putumayo, Carlos Andrés Marroquín, por el señalamiento de doble militancia, al apoyar la candidatura política de alguien ajeno a su partido político.

Para iniciar, la gobernadora del Meta, Rafael Cortés, recibió seis denuncias por el mismo motivo, razón por la cual el Consejo de Estado las acumuló, y después de un sorteo electrónico entre cuatro magistrados, Luis Alberto Álvarez Parra quedó escogido para llevar los procesos como uno solo.

Aunque en general se cree que la denuncia radica en un supuesto apoyo de Cortés a la candidatura para asumir como alcalde de Fabián Andrés Hernández González, perteneciente a la coalición ‘¡Cabuyaro! Es Tiempo de Cambiar’, compuesta por los partidos Alianza Verde y AICO, existen otros tres candidatos involucrados.

Se trata de Lenito Castro, actual alcalde de Castilla La Nueva, representando a la coalición ‘Somos el Cambio’, conformada por los partidos Fuerza de la Paz y Gente en Movimiento; Jhon Elmer Ríos Cubillos, candidato a la alcaldía de Puerto López por el partido Alianza Verde; y Herick Fabián Agudelo Mendieta, aspirante a la alcaldía de Acacías con la coalición ‘Acacías con toda Seguridad’, conformada por los partidos En Marcha y Colombia Renaciente.

Lea: Sin señal de nuevos créditos de educación superior 

El meollo de la señalada doble militancia radica en que cuando Cortés aspiró a la gobernación del Meta, representó a la coalición Fe y Firmeza, apoyada por el partido Centro Democrático, Verde Oxígeno, el partido de la U, el partido Conservador, y Creemos. Es decir que no se le permitía un trabajo conjunto ni alianza con los partidos de los demás candidatos anteriormente mencionados.

Entre las supuestas evidencias que envió la parte demandante, se encuentra un video de una caravana de Lenito Castro, en donde la entonces candidata de a la Gobernación, se baja de un carro con gráficos de su campaña, y se sube al vehículo del aspirante, seguidamente, continúa siendo parte del evento.

Por otro lado, en lo que compete a lo señalado con el candidato de Puerto López, el demandante expuso un video de un acto público mencionando que:

“El candidato Ríos anuncia a la comunidad, que han adelantado gestiones para conseguir un lote de cuatro hectáreas en donde planean construir un coliseo y vivienda para la gente de Pachaquiaro, entre tanto la Candidata Rafaela Cortés asiente moviendo su cabeza repetidamente y de nuevo levanta el brazo con el dedo pulgar erguido reafirmando su aprobación”.

“Finalmente entrelazan nuevamente sus manos en señal de acuerdo, al momento en que el candidato a la alcaldía le pide a la candidata a la Gobernación apoyo para la construcción de este proyecto de vivienda (…) la candidata Rafaela Cortés expresó gestualmente, de manera repetitiva e inequívoca, estar de acuerdo con lo expuesto por el candidato a la Alcaldía, especialmente en dar a entender que se perciben como el equipo ganador y que lo apoyará en la ejecución del proyecto de vivienda que usó como instrumento para promover su campaña”, se indica en documentos del caso.  

La tarea de los magistrados

Es importante mencionar que las pruebas fueron revisadas en un peritaje, en donde un experto evaluó la veracidad de cada archivo. Sin embargo, esta acción no determina totalmente el resultado del proceso, ya que sigue un alegato de conclusión en donde todos los abogados participantes presentan sus argumentos jurídicos sobre las pruebas practicadas y recaudadas.

Sumado a lo anterior, se debe aclarar que el magistrado encargado registrará ponencia y después los demás magistrados de la sala la estudiarán, interpretarán y decidirán si están o no de acuerdo. Todo el proceso final puede durar alrededor de un mes.

Finalmente, esta semana la gobernadora del Meta se refirió a su demanda, manifestando que: “soy abogada, teníamos un equipo profesional que iba con nosotros a cada punto. Sabíamos que hacer y que no hacer (…) ya viene la audiencia de pruebas, después viene el fallo. Con tranquilidad, nos hemos defendido, actuamos en derecho”.

Le puede interesar: La plata de regalías se sigue perdiendo

En caso de que el fallo no se favorable a Cortés, ella deberá dejar su cargo como Gobernadora. Después, se asignará un mandatario encargado, se convocará a elecciones para escoger al sucesor, dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se certifiquen los resultados de la supuesta votación.

Los candidatos saldrían de una terna propuesta por el movimiento ‘Fe y Firmeza’, la cual tendría que ser aprobada por el presidente de la República.

Varios expertos consultados afirman que por la actual coyuntura política del país y financiera del departamento, un rompimiento en la administración no sería conveniente pues haría mucho más lento el arranque de la ejecución de un plan de desarrollo.

“Aunque la jurisprudencia es la que tiene la última palabra y se debe respetar su fallo en cualquier sentido, creería que la nulidad de una elección aunque lleva menos de un año en el cargo, paraliza a cualquier ente territorial”, dijo un profesor de derecho.