Juez ordenó cerrar trocha ilegal que deforestó 30 kilómetros de selva

La Fiscalía General logró, junto con la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional (Dipro) y la Fuerza Aérea Colombiana, cerrar una carretera en Guaviare, la cual estaría al servicio de los grupos disidentes de ‘Gentil Duarte’.

La vía, para transportar insumos y drogas según las investigaciones,  habría afectado una importante área de reserva en la Amazonía, en inmediaciones del resguardo indígena Nukak Makú, comunidad de especial protección constitucional por riesgo de exterminio físico y cultural.

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Según informó la Fiscalía, la labor investigativa de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscalía permitió identificar un corredor clandestino de algo más de 30 kilómetros entre Puerto Flores, en zona rural de San José del Guaviare; y el río Inírida, en límites con El Retorno (Guaviare).

La FAC apoyó con sobrevuelos y monitoreos en el área afectada, gracias a lo cual se identificaron los daños y el uso que estaban dando a esta carretera clandestina.

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La trocha fue construida en algo más de 6 meses y era utilizada para mover insumos químicos y otros elementos necesarios para el procesamiento de estupefacientes. Asimismo, hay evidencia de que se habrían deforestado varias hectáreas de selva, levantando viviendas artesanales y conformando asentamientos para, supuestamente, acaparar terrenos e intentar formalizar el uso de la vía.

Por solicitud de la Fiscalía y en atención al material de prueba, un juez de control de garantías ordenó el cierre de la carretera y la destrucción manual de dos puentes de madera.

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De igual manera, pidió a las autoridades administrativas y a la fuerza pública ejercer acciones preventivas y de control para evitar que sea aprovechada.

“De esta manera, se avanza en las acciones investigativas en defensa de los recursos naturales y se bloquen los corredores ilícitos de la criminalidad”, dijo la Fiscalía en un comunicado.

La semana pasada, durante la Cumbre de Gobernadores se priorizaron los temas ambientales, como urgencias inaplazables. Además, desde la Sentencia T-622 de 2016, en la cual, la Corte Constitucional le asignó al Río Atrato (Chocó) la calidad de sujeto de derechos, el tema de la protección del medio ambiente desde lo jurídico tomo un nuevo rumbo, al punto de acuñar el ecocidio como un delito.