“Legalización, una política viable en la lucha contra las drogas”

Por Jessica Rodas /Especial Periódico del Meta

El departamento del Meta fue uno de los escenarios elegidos para conmemorar el quinto aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz y exaltar a quienes apostaron a la dejación de las armas, a la reconciliación, y especialmente a los que hoy siguen en su compromiso por la construcción de paz territorial.

Con la realización del Foro Académico: Perspectivas y desafíos de la sustitución de cultivos de uso ilícito, los departamentos de Guaviare, Arauca y Meta celebraron este  acontecimiento histórico para la región de los Llanos Orientales, que contó con la participación de once panelistas académicos, firmantes de paz y líderes sociales.

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Julio César Orjuela Daza, firmante del Acuerdo y panelista del foro, consideró que Colombia está demorado en hacer tránsito a la legalización de sustancias psicoactivas, incluida la coca, la marihuana y las drogas sintéticas, como solución al problema de la producción y comercialización de las drogas ilícitas, situación que persiste en los territorios debido a la presencia de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico.

“Nosotros como partido le apostamos y estamos convencidos que el Plan de Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos –(PNIS) hace parte de la solución, aunque no sea la solución completa, de lo que si estamos seguros, es de la integralidad del Acuerdo de Paz, pero hace falta voluntad política para que el Acuerdo se lleve acabo y transforme la realidad del pueblo colombiano. Seguiremos empeñados en tejer ese acuerdo para la vida y la paz”, puntualizó Daza.

También consideró que es importante el desarrollo y la implementación de políticas públicas de prevención y salud pública en los jóvenes, como factor de reducción de riesgos en relación al consumo de estas sustancias y de esta manera empezar a construir una solución conjunta e integral con el apoyo y la participación de cooperación internacional.

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Desde una perspectiva académica, para la directora del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la facultad de economía de la Universidad de los Andes, María Alejandra Vélez, desde que se inició la evaluación de la implementación del PNIS, solamente el nueve por ciento de los hogares que se vincularon al Plan Nacional de Sustitución han tenido acceso al programa de proyectos productivos, según una encuesta realizada por la Organización de Naciones Unidas a familias que se vincularon inicialmente al PNIS.

Además, indicó que el mismo informe arrojó resultados preocupantes para el Meta, “cerca de nueve mil 700 hogares que firmaron los Acuerdos, tan solo 373 familias han accedido al programa de proyectos productivos, es decir, esto es menos del 4%, en relación al departamento de Guaviare solo menos del 2%“, puntualizó la directora.

Por otro lado, la socióloga Aura María Puyana Matis, de la organización Viso Mutop, aseguró que la terminación de los cultivos ilícitos es un reto grande que tiene el país y que podría llegar a obtener resultados buenos o desastrosos dependiendo del plan que se implemente para combatir esta problemática social que afecta a gran parte de las zonas que han sido víctimas de las dinámicas del conflicto armado.

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“En Colombia un millón 800.000 mil hectáreas fueron fumigadas entre el 2000 y el 2015, van 960 mil hectáreas de coca erradicadas manualmente desde el 2004, cuando empezó fuertemente la erradicación manual y hasta octubre de 2021. De esas 900 mil hectáreas erradicadas forzosamente, 400 mil van después de la firma del Acuerdo de Paz, es decir, que se escaló de 17 mil a 50 mil en el 2017, finalmente 90 mil hectáreas en el 2018”, resaltó Puyana Matis.

Finalmente, Efraín Silva Rodríguez, líder social y comunitario del municipio de Uribe expresó que, si un día se acabara el negocio de la coca, ganarían todos. “Los campesinos estamos preparados para vivir sin la mata de coca, quienes no están preparados para vivir sin las ganancias de la coca, son las organizaciones criminales que se lucran de ella. Si el comercio de la coca se acaba, ganaríamos todos los colombianos”.

Este evento buscó hacer un análisis a profundidad que permitiera identificar los avances, retos y desafíos en el desarrollo de las políticas públicas relacionadas en la sustitución cultivos ilícitos, una afectación social que persiste en las comunidades, especialmente en las zonas rurales de Colombia.

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