El camino de la paz en el Meta

Desconocer varios aspectos de los acuerdos o del PNIS hace que haya dificultades en la implementación por parte de los campesinos.

Por Mónica Oviedo. Especial para Periódico del Meta

Al cumplirse cinco años de la histórica firma del ‘Acuerdo Final para la Terminación Definitiva del Conflicto’ realizada en el Teatro Colón de Bogotá el 24 de noviembre del 2016, entre el Gobierno Nacional y las Farc EP, el desconocimiento de estos acuerdos y la transformación de las dinámicas del conflicto armado es parte del diario vivir de los habitantes del sur del Meta y el Guaviare.

Con la participación de 50 organizaciones de los municipios de La Macarena, Puerto Rico y Vista Hermosa en el Meta; San José del Guaviare, Calamar, Miraflores y El Retorno, en el Guaviare, el Observatorio del Territorio de la Universidad de los Llanos, Cordepaz y el Programa Territorios de Oportunidad realizan un seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz en la región, a través del proyecto “Observación Participativa de Paz, Políticas Agrarias y Ambientales – Macarena Guaviare”.

El estudio que se ha centrado en la implementación de los Puntos 1 y 4.1. del Acuerdo de Paz, sobre la Reforma Rural Integral y Plan Nacional Integral de Sustitución (PNIS), respectivamente.

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“Uno de los principales aspectos que hemos identificado es el desconocimiento de los acuerdos por parte de la población general de estas zonas, por lo que los presidentes de las Juntas de Acción Comunal consideran es importante realizar pedagogía con las comunidades. En estas zonas son las organizaciones, tradicionales y conocidas por sus luchas, quienes han apropiado este conocimiento”, resaltó Jonathan Hernández Moreno, investigador en Políticas Públicas del Observatorio.

A esto se suma una problemática que no solo afecta a los habitantes de la zona sino también al medio ambiente, pues a tan solo un año del acuerdo, en el país se habían deforestado 219.973 hectáreas de bosque nativo; en La Macarena, según los hallazgos preliminares del proyecto, este fenómeno que se dio con el posacuerdo, se debió a la llegada de ganaderos, personas ajenas a la región quienes se han dedicado a la ganadería extensiva y otros quienes están cultivando coca.

Situación que según han manifestado los participantes del proyecto de seguimiento a la implementación de los Acuerdos, no sucedía antes de la firma de los mismos, pues “el actor armado, antes del Acuerdo de Paz, jugaba allí un rol frente a ciertas reglas que mediaban la convivencia, como normas de tipo ambiental frente a la tala, la protección de las fuentes hídricas y el uso de los recursos naturales, y esto ha cambiado un poco”, indicó Hernández Moreno.

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Así mismo, destacó que el conflicto armado persiste solo que se ha transformado y ahora son varios los grupos al margen de la ley quienes se disputan el control del territorio, lo que también ha conducido al riesgo permanente hacia los líderes ambientales y la población en proceso de reincorporación, tal como quedó evidenciado en el ataque se sufrió la caravana de la Unidad Nacional de Protección el pasado 18 de noviembre en los Llanos del Yarí.

Un lento proceso del PNIS

El Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos –PNIS- hace parte del punto cuatro del Acuerdo de Paz, al cual se vincularon 9.664 familias del Meta y 7.277 del Guaviare, que se dedicaban a los cultivos ilícitos; este plan, según informes de Naciones Unidas contra las drogas, ha tenido un cumplimiento significativo en la erradicación que en el Guaviare ha sido el 98% y del 99% en el Meta, pero que ha dejado un sin sabor en las familias que se están beneficiando de este programa.

El investigador en Políticas Públicas del Observatorio del Territorio de Unillanos, resaltó que hubo un cumplimiento por parte de las familias que firmaron acuerdos individuales y colectivos de sustitución voluntaria. “El PNIS tenía un plazo de implementación de dos años, pero ya van cuatro desde el inicio del programa y no ha culminado ciertas etapas, pues en el caso de los proyectos productivos de corto y largo aliento son pocas las familias que han podido beneficiarse de estos por los retrasos del programa”.

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Frente a los proyectos productivos esta iniciativa de seguimiento a la implementación de los acuerdos, ha logrado identificar que una de las dificultades radica en la planeación que realizaron del PNIS y los mismos PDET, puesto que no tuvieron en cuenta que muchas de las familias de estos municipios habitan en áreas de especial importancia ambiental o áreas protegidas y reservas forestales, lo que limita el acceder a estos proyectos.

“Llevamos mucho tiempo viviendo en estos territorios que han sido de violencia, pero en últimas no sabemos en sí lo que es nuestro municipio, la zonificación, ni en qué parte estamos, pero con estos talleres nos vamos con una idea más clara. Esto es de vital importancia para las comunidades y nos fortalece porque si sabemos esto podemos determinar a qué le podemos apuntar porque si nos vamos ciegos a presentar un proyecto lo más probable es que nos digan no”, destacó José Hernán Sánchez, integrante de la organización Serpaz de Vista Hermosa (Meta).

El proyecto denominado “Observación Participativa de Paz, Políticas Agrarias y Ambientales – Macarena Guaviare”, gracias a la participación de las organizaciones de estos municipios, ha podido establecer que en general la implementación del Acuerdo de Paz ha llegado de manera parcial a las familias que están en zonas de especial protección e importancia ambiental.

Aspectos positivos para seguir apropiando

En el Meta y Guaviare, la firma y la implementación del Acuerdo de Paz ha traído consigo aspectos positivos, como la reducción sustancial del impacto humanitario del conflicto, es decir que cada vez son menos las personas que deben abandonar su territorio a causa de la guerra, lo que también ha abierto las puertas para que departamentos como el Guaviare y algunos municipios del Meta vean en el turismo una opción de vida.

Así mismo, esto ha permitido que haya una mayor inversión por parte del Gobierno Nacional en estas regiones, que podrían ser mayores teniendo en cuenta las necesidades existentes en los territorios y ser focalizados de una mejor forma, con la participación de sus habitantes.

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De igual manera, en la medida que el conflicto armado se ve disminuido, se puede centrar la atención en otros conflictos que siempre han estado ocultos en el marco de las armas, y que responden a deudas históricas con estas comunidades que llegaron a estas zonas en proceso de colonización desde los años 50, y que se han visto afectadas por la presencia diferenciada del Estado y en unas condiciones precarias.

El estudio, que está en sus primeras etapas, también ha establecido que en estos municipios existen organizaciones sociales consolidadas, con años de trabajo articulado, y con propuestas claras que buscan salidas negociadas a las conflictividades prevalentes, con la idea de que la implementación integral de los puntos consignados en el Acuerdo aportará significativamente a la construcción de esa paz tan anhelada.

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Las voces de las comunidades que viven estas situaciones día a día permiten contrastar las cifras y tener una mirada más completa que oriente acciones correctivas y de mejora.

Por ello, el Observatorio del Territorio de la universidad de los Llanos se propone como una herramienta para las organizaciones sociales, instituciones y sociedad en general, con información pertinente y actualizada, para propiciar escenarios de diálogo en torno a este importante tema para la región.

 

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