Microtráfico, amenaza real para el Meta

Mientras que el Gobierno Nacional plantea despenalizar el microtráfico, las cifras en el departamento evidencian cómo esta actividad ilícita ha tomado fuerza en comparación con el año anterior.

“Despenalizar conductas delictivas como método para descongestionar cárceles”, es la propuesta del gobierno de Gustavo Petro.

Así lo confirmó el ministro de Justicia, Néstor Ozuna, quien indicó que el objetivo es que las personas que son víctimas de grandes bandas criminales sean resocializadas.

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En ese sentido, se refirió a quienes están presos actualmente por acciones de microtráfico. “La persona que atrapan con pequeñas dosis de estupefacientes para comercializar, claro que está actuando en contra de la ley, pero está haciendo parte de una cadena criminal mucho más grande de la cual es víctima”, manifestó Ozuna.

Agregó que no se trata de una excarcelación masiva, pero sí de analizar el perfil de aquellos que permanecen en las cárceles para, especialmente, darles la posibilidad de que puedan resocializarse y tener una “segunda oportunidad” en la vida.

Si bien para Juan Carlos Ruiz, experto en Seguridad Ciudadana y Policía de la Universidad del Rosario, las autoridades “pierden mucha energía y recursos persiguiendo el microtráfico, esta actividad, sin duda, ha sido una constante en el departamento del Meta”.

Mientras que para todo el 2021 el Departamento de Policía Meta reportó 132 capturas por tráfico de estupefacientes, en lo que va corrido del 2022 ya se han registrado 148, en las cuales se han incautado un millón 218.953 gramos de marihuana, base de coca, basuco y cocaína.

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De acuerdo con las estadísticas, los municipios que más capturas registran por esta actividad son Granada con 31 casos, Puerto Gaitán con 24, Villavicencio con 23 y San Martín con 23.

“Efectivamente las cárceles están llenas de este tipo de personas. En Colombia hay cerca de 310.000 presos hacinados, por eso es importante no seguir considerando el microtráfico como un gran delito, sino que realmente haya una diferenciación entre los grandes traficantes y los pequeños expendedores”, dijo Ruiz, indicando que también es importante empezar a pensar en la dosis mínima no como un problema penal sino de salud pública.

Y añadió: “de todas maneras no es un secreto que hay una violencia y una inseguridad que se desprende del expendio de drogas, no son solo las vendettas y las revanchas por obtener territorios y/o quedarse con el negocio de droga, sino que el microtráfico jalona una gran cantidad de actividades ilegales paralelas que son muy peligrosas y que generan grandes violencias en las ciudades”.

Aunque para Andrea Lizcano, exsecretaria de Gobierno de Villavicencio, esta justicia restaurativa debe ir de la mano con un proceso de resocialización, Ruiz sostiene que resulta muy difícil mientras el microtráfico siga siendo un negocio rentable.

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“Un joven expendedor gana mucho más dinero vendiendo droga que trabajando legalmente. Entonces pensar que el microtráfico va a tener una resultante en términos sociales importantes es muy complicado”, explicó.

Sin embargo, Lizcano afirma que los procesos de resocialización sí pueden dar frutos, siempre y cuando se le entregue al privado de la libertad, un esquema de acompañamiento básico.

“El ministro dice que no todos deben ir a la cárcel, pero para aquellos que no van es necesario que el Estado tenga un control sobre ellos. En Villavicencio hay más de 1.200 privados que están en detención domiciliaria, pero sin ningún seguimiento, entonces muchos resultan asesinados o capturados porque siguen delinquiendo”, dijo la exsecretaria de Gobierno.

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Añade que mientras no se refuerce el sistema de seguimiento y se les brinden capacitaciones, talleres, oportunidades verdaderas de resocialización, ninguna política carcelaria va a funcionar.

“El ministro tiene razón, pero debe dejar de ser idealista y empezar a pensar en que hay una realidad carcelaria triste y compleja que necesita inversión así digan que no quieren hacerla. El 90 por ciento de las cárceles en Colombia necesitan si bien no ampliarse, por lo menos reestructurarse o reubicarse porque no son espacios que resocialicen”, concluye Lizcano.

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