Opinión || Prestación de servicios

Por Germán Salas Rodríguez, Abogado. Magister en Derecho Administrativo.

El 9 de septiembre pasado la Sección Segunda del Consejo de Estado profirió sentencia de “unificación” frente a los contratos de prestación de servicios, para determinar los requisitos a la hora de contratar. La Ley 80 de 1993 reza que “el contrato de prestación de servicios son los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad”.

Cuando rumiamos la norma se empiezan a encontrar detalles que generarán dificultades al ciudadano. Veamos un ejemplo: si un municipio de sexta categoría contrata a una secretaria y se sabe que existe subordinación y cumple horario, ya hay una falla evidente: los contratistas no deben cumplir horario para que no se presente la figura de subordinación.

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Lo más probable es que esa persona no diga nada por temor a que no le renueven dicho contrato. Lo que no se entiende es que, si la sentencia de “Unificación” quiso ayudar a las personas que contratan bajo la figura de prestación de servicios, con las premisas del ejemplo anterior, lo que realmente causó fue un problema crónico.

También observamos que la sentencia expresó: “30 días hábiles como límite temporal para que opere la solución de continuidad entre los contratos de prestación de servicios.”

¿30 días de descanso o 30 días en que el contratista labora sin remuneración?

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Según la interpretación del Consejo de Estado, cuando se termine la ejecución de un contrato de prestación de servicios, el contratista deberá esperar 30 días hábiles para que la entidad suscriba un nuevo contrato. Para el contratista significaría casi 40 días sin devengar, o en otros casos se quedan laborando gratis.

Hay alternativas para no tratar a los colaboradores como borregos y buscar una solución a esa pasarela de limosna con carpeta, por parte de las personas que esperan la renovación de su contrato de prestación de servicios. El Gobierno Nacional, puede transferir más recursos a las regiones para vincular al personal necesario como funcionarios públicos.

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