Pese a advertencias de economistas, entró a último debate la reforma el SGP

Pese a las advertencias que han hecho diferentes economistas, el representante a la Cámara, Carlos Ardila Espinoza, radicó ayer martes el informe de ponencia para octavo y último debate del proyecto de Acto Legislativo que reforma el Sistema General de Participaciones (SGP).

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Este proyecto tiene como propósito devolver a las entidades territoriales la capacidad de liderar su desarrollo económico y social, fortaleciendo su autonomía y garantizando una distribución equitativa de los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP).

La reforma busca incrementar el porcentaje de los ingresos corrientes de la Nación destinados a los departamentos, distritos y municipios al 39,5%, con una implementación gradual a lo largo de 12 años, comenzando en 2027.

Puntos destacados de la reforma:

Autonomía territorial fortalecida: se prioriza la descentralización fiscal y administrativa, permitiendo a las entidades locales tener mayor control sobre los recursos que les corresponden.

Cierre de brechas: los recursos se destinarán a reducir desigualdades regionales, con un enfoque especial en sectores clave como educación, salud y servicios básicos.

Transparencia y eficiencia: el proyecto establece estrategias de monitoreo y rendición de cuentas para garantizar que los recursos se utilicen de manera efectiva y en beneficio directo de las comunidades.

“Este acto legislativo es un paso crucial para honrar el espíritu de la Constitución de 1991, devolviendo a los territorios la capacidad de decidir sobre su desarrollo y afrontar los retos locales con recursos suficientes. Nuestro objetivo es garantizar que ningún colombiano quede atrás, sin importar su lugar de origen”, afirmó el Representante Ardila.

Sin embargo, otra cosa piensan muchos economistas que creen que “el país se está pegando un balazo en el propio pie” y tarde o temprano tendrán que reversar la norma con todo lo que eso signifique en su momento.

“En el estado actual de su discusión, se le causaría un daño irreparable a las finanzas públicas y se afectaría severamente la capacidad del estado de cumplir con sus funciones”, dicen los economistas en una carta enviada al Congreso.

Las advertencias han sido especialmente de la Anif, Fedesarrollo, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) e incluso el Banco de la República, cuyos expertos han manifestado que “estos pronósticos no pueden pasarse por alto y deben ser sometidos a un serio análisis tanto de parte del Gobierno que tiene la obligación de parar el trámite del proyecto por las consecuencias advertidas, como de los miembros del congreso que voten a favor de los cambios”.

Quienes han firmado las cartas de advertencia dicen que las mismas se hicieron con base en estudios y análisis serios realizados por experimentados economistas en los que se refieren a la severa disminución del Producto Interno Bruto (PIB), el  aumento de la deuda pública que se volvería insostenible; la caída del bienestar social y del consumo privado, entre otros riesgos.