Plusvalía volverá a mover obras públicas en Villavicencio

La administración dice que el interés principal es hacer ciudad y mejorar la prestación del servicio público.

Con 18 mil millones de pesos, el municipio de Villavicencio busca garantizar proyectos viales, de acueducto y predios para espacio público, con pago por de plusvalía, una estrategia que recibió de buena manera el gremio constructor.

Un 40% de participación en el aprovechamiento del suelo, llevó a la capital del Meta a presentar un ejercicio de oferta en el pago de plusvalía para los constructores. Se trata de 11 planes parciales que se ejecutarán por medio de obra pública.

En este sentido, el alcalde de Villavicencio, Juan Felipe Harman, explicó que la estrategia busca que los constructores paguen su impuesto de plusvalía con el cumplimiento de obras, dación de tierras o dinero en efectivo.

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Las vías que se pretenden ejecutar mediante esta figura, corresponden al puente sobre el Caño Amoladero; pavimentación de cuatro vías en Covisán, La Madrid y Porfía; 100 metros de vía en la entrada al colegio Nuestra Señora la Paz, y la reposición de redes de acueducto y alcantarillado en el barrio Manantial Catumare y Covisán. También se llevará a cabo la construcción de la red de alcantarillado sanitario en el sector de Floresta y la construcción de la red matriz de acueducto en el sector de San Bernardino.

“Un paquete de obras ambiciosas que queremos detallar. En la medida en que ellos cumplan con la construcción, pagan la obligación; esto permite un acuerdo de pago, que se materializará con la entrega, lo que facilita un camino espinoso lleno de trámites y de líos”, explicó Harman.

Dicho mecanismo de pago, no solo podría generarse por obra construida, de los 18 mil millones de pesos dispuestos por obras de plusvalía, 11.000 corresponden a pago por construcción, y 7.000 en tierra, según indicó el mandatario.

Mario Romero, secretario de Planeación, manifestó que esta dinámica cambia la visión en el relacionamiento con los constructores y el sector público, al afirmar que, “antes los constructores esperaban a que el municipio les demandara el recurso, les hiciera un ejercicio coercitivo de cobro y el municipio no tenía las la reglamentación para adelantarlo”.

Además, Romero señaló que se trabajó con Camacol para “pasar de un solo plan parcial liquidado en el 2018 a hoy tener 18 planes parciales en todo el municipio”.

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Para Germán García, de la constructora Germán Vanegas Arquitectos, la estrategia generaría sin duda un beneficio para la comunidad, e indicó que solo su empresa estará a cargo de la obra de conducción de agua potable para los hogares del Anillo Vial de la Comuna 8; 1.600 metros sobre la doble calzada que va desde Catumare hasta San Bernardo.

Y agregó que, para esa obra, “son 2.100 millones de pesos como pago de plusvalía, destinados para el acceso al colegio Nuestra Señora de la Paz, que tenía una situación compleja en su ubicación”.

De esta forma, la rehabilitación de vías tendrá un valor superior a los 2.400 millones de pesos y se realizará en sectores como Villa del Sol, Covisán, Porfía, La Madrid y La Reliquia.

Con todo, el secretario de Infraestructura, Harold Barreto, recalcó que, en este tipo mecanismo, no hay un contratista al que se le deba hacer supervisión e interventoría durante la ejecución de la obra.

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Dijo Barreto que “es el mismo desarrollador quien tiene la obligación del pago de la plusvalía, quien hará la obra para entregar y el que la va a ejecutar”, en este sentido, “la participación de la secretaría es la misma: diseñar, proyectar la obra, la licencia, el trámite de presupuesto y toda la parte técnica de la construcción”, precisó el funcionario.

La iniciativa de obras por plusvalía no es novedosa. Durante la administración de Wilmar Barbosa, obras como el corredor vial Rincón de las Margaritas – Amarilo, cuya inversión fue cercana a los $16.000 millones de pesos, se lograron a través de plusvalía, en unión con las constructoras Amarilo y Grupo BGR.

Sin embargo, el exmandatario tiene una investigación en la Procuraduría por presuntamente omitir durante tres años el proceso de avalúo de los precios comerciales “por metro cuadrado de todos los inmuebles y/o predios sujetos a participación en plusvalía a favor del municipio”.

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