Alcalde de Puerto López, Carlos Gutiérrez, enfrenta líos con la justicia

La Fiscalía Novena seccional sustentará una solicitud de medida de aseguramiento contra el mandatario portolopense, Carlos Julio Gutiérrez Turriago, y Armando Acosta Suárez, su secretario de Gobierno.

Lo que parecía un proceso paralizado desde el 2020, volvió a cobrar importancia cuando el pasado viernes 27 de mayo, en audiencia de imputación de cargos, la fiscal del caso, Yiliana Checa, imputó el delito de cohecho por dar u ofrecer a Carlos Julio Gutiérrez Turriago, alcalde de Puerto López y contra su actual secretario de Gobierno, Armando Acosta Suárez.

Durante las siguientes semanas el revuelo en ese municipio girará en torno a si el mandatario podrá terminar su periodo de gobierno, ya que ese delito, del que él se ha declarado inocente, es lo suficientemente grave como para destituirlo.

Pero el futuro inmediato del mandatario empezará a visualizarse el próximo viernes 8 de julio, cuando se desarrolle la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra los investigados.

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Expliquemos en detalle cuál es el proceso de acuerdo a lo que se expuso el 27 de mayo y el cual inició con una demanda interpuesta por el excandidato Juan Gualteros, ahora concejal del municipio:

“En cuanto a los hechos jurídicamente relevantes tenemos que el actual Alcalde, Carlos Julio Gutiérrez Turriago, previo a los comicios electorales del mes de octubre de 2019, contactó al servidor público, Hernán Ballesteros Buendía, Registrador de ese municipio para la época”

Ballesteros venía trasladado del municipio de Canaletes (Córdoba) para estar vigilante y a cargo de las elecciones a alcalde en Puerto López. Es decir que atravesó medio país para “garantizar la democracia” en el municipio.

“A la vez a Jorge Andrés Moreno Gómez, este último, persona recomendada por el señor Ballesteros, para que sirviera de intermediario o puente entre el aspirante a la Alcaldía y el Registrador, y entregara diferentes sumas de dinero en varias oportunidades, al parecer que, Ballesteros, le colaborara para llegar a la Alcaldía y no despertar sospechas entre la comunidad”.

La fiscal Checa afirmó que “entre los dineros entregados al señor Jorge Andrés Moreno Gómez, por parte de Carlos Julio Gutiérrez Turriago, antes a las elecciones, fue de $5’000.000 en la casa del mismo candidato, el día 28 de septiembre de 2019, alrededor de las 6:00 de la tarde, para que se los llevara al Registrador, Hernán Ballesteros”.

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Así mismo, después de las elecciones y en las conversaciones sostenidas por medio del chat, se estableció “que le fue entregada, al parecer, la suma de $15’000.000. de pesos, el 17 de noviembre del mismo año 2019, en Villavicencio, por parte de Gutiérrez Turriago al señor, Ballesteros”.

Respecto de Armando Acosta Suárez, hoy secretario de Gobierno, la investigadora contó que: “él se contactó con Moreno Gómez, por presentación que le hiciera el entonces registrador Ballesteros, para que de la misma forma le sirviera de intermediario”.

La pretensión era que el registrador colaborara con el aspirante Gutiérrez, a llegar a la Alcaldía, pues al señor Acosta le convenía que él ganara las elecciones.

Agregó la representante del ente persecutor que, “entre los dineros entregados a Jorge Andrés, por parte de Acosta Suárez, fue para el día sábado, 19 de octubre, en horas de la tarde, a las afuera del barrio Julio Flórez, debajo de un árbol de Ceiba grande, le fue entregado, $8’000.000″.

De igual forma, el día 25 de octubre de 2019, la suma de $2’500.000 en el mismo sitio anterior; dineros que fueron llevados y entregados al registrador Ballesteros, de acuerdo a las indicaciones pactadas.

Preparar la audiencia

La Fiscalía prepara los elementos jurídicos para sustentar la petición de “medida de aseguramiento”, pero se desconoce de qué manera podría ser esa medida ya que hay varios escenarios para tal propósito.

En un eventual episodio, está la detención preventiva de la libertad en establecimiento carcelario. También podría ocurrir que esa medida de aseguramiento fuera privativa en lugar de residencia del alcalde Gutiérrez. O, que no fuera con restricción de su libre locomoción, pero que se condicionaría a someterse al pago de una caución prendaria, a presentarse periódicamente y a no salir del país durante un determino tiempo.

Si, en un dado caso la Fiscalía llegara a solicitar que lo aseguren en la cárcel o en la casa, y el Juez le llegara a conceder la petición, de inmediato, por el Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio, comunicarían de inmediato al Gobernador del Meta, para que proceda a separarlo del cargo y nombrar a alguien en encargo, mientras el partido político al que pertenece el Alcalde Gutiérrez, presenta una terna al mismo Gobernador y que de allí se escoja al Alcalde interino.

Muy seguramente el abogado defensor del alcalde, Delio Amaya, entraría a apelar la medida de aseguramiento para que en segunda instancia un Juez, confirme, modifique o revoque.

Es de advertir que las etapas procesales hasta ahora están empezando y eso demorará para que un Juez del veredicto que en derecho corresponda, es decir, si es culpable o inocente.

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Se debe tener en cuenta que después de que se resuelva la medida de aseguramiento, sigue la presentación del escrito de formulación de acusación, con el que los llamarán a juicio.

Luego va la audiencia preparatoria, en la que el Juez aprobará qué elementos validarán y cuáles no, tanto a la fiscalía como a los acusados. Esos elementos, se descubrirán en audiencia de juzgamiento en la que la Fiscalía atacará y los procesados controvertirán.

Después que se haya surtido todas esas etapas dentro del proceso, el caso entrará a alegatos de conclusión y luego para fallo.

Independientemente a cómo falle el Juez, entonces cualquiera de las partes procesales intervinientes, podrá apelar para que vaya en segunda instancia ante la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio.

Quedaría un extraordinario que sería ante la sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia.

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