Editorial: Miedo en La Macarena

El asesinato de Francisco Javier Parra Cubillos, funcionario de Cormacarena, guardián de la flora y la fauna en La Macarena y defensor a ultranza de los derechos de la naturaleza, debería ser un crimen que mueva a los metenses. 

Ayer jueves, en horas de la mañana, fue abordado por delincuentes en motocicleta, quienes accionaron un arma de fuego contra su integridad física. Aunque fue llevado al hospital de La Macarena, horas después falleció.

Como los de todos los líderes sociales y aquellos que velan por la tierra, es una muerte que duele porque se sabe que viene de esas fuerzas oscuras que siguen cabalgando por las zonas rurales del departamento y que ya no solo quieren adueñarse del negocio del narcotráfico, sino de territorios enteros.

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Ya no les es suficiente mantener el control de extensas zonas geográficas para dominar a su antojo los cultivos de coca o las rutas de la droga, las organizaciones delincuenciales se han dado cuenta de que los recursos naturales son una fuente de riqueza que pueden explotar sin control y pasarán por encima de aquellos que intenten impedirlo. 

Otros funcionarios de Cormacarena ya habían recibido amenazas, un carro de la entidad había sido quemado y varios habitantes han denunciado las amenazas de esas fuerzas oscuras cuando intentan defender el medio ambiente. El asesinato de Parra demuestra la gravedad del asunto y es otro reflejo doloroso de la tensa situación que vive La Macarena y la región del río Guayabero, y que la semana pasada volvió a ser denunciada por organizaciones civiles en Bogotá.

Ayer mismo el Ministro de Defensa, Carlos Holmes, llegó al Meta y  encabezó un  consejo de seguridad. Además de aumentar las recompensas por los  cabecillas de los grupos residuales, prometió más pie de fuerza en el sur del Meta para tartar de controlar el accionar de los delincuentes. 

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Es necesario que se siga combatiendo a los deforestadores en La Macarena; se necesita que la ciudadanía manifieste su solidaridad con los defensores de la tierra a través de la cooperación con las autoridades para dar con el paradero de los responsables, pero es vital que el Estado ofrezca las garantías para que quienes decidan hacerlo no caigan también víctimas de los asesinos.

Estamos en un momento crucial en donde el Gobierno y su Fuerza Pública se juega la capacidad para no perder el  control territorial como sucedió en el pasado. Ni la muerte de Francisco ni la de los demás defensores de los recursos naturales debe quedar en la impunidad, tampoco los ciudadanos podemos naturalizar la violencia contra la naturaleza.

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