Contraloría imputa responsabilidad fiscal a 8 directivos de Bioenergy

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Por Camilo Gallo |

Bioenergy era una empresa productora de etanol carburante y energía a partir de la caña de azúcar y bagazo, cuya planta ubicada en Puerto López (El Alcaraván) inició el proceso de liquidación en medio de la pandemia en 2020, a pesar de la oportunidad que se presentaba por el incremento del consumo de alcohol para las manos que allí se producía.

En este proceso cerca de 1.300 trabajadores directos e indirectos se vieron afectados, impactando incluso el recaudo de impuestos del municipio. Bioenergy inició sus operaciones el 14 de julio de 2017, por lo que no se pudo recibir la caña de azúcar contratada con Riopaila Castilla.

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Durante la investigación adelantada por la Contraloría General de la República, inicialmente se imputó responsabilidad fiscal por la suma de 12.243 millones de pesos contra Aleck Remberto Santamaría, Gerente General de Bioenergy y Rosa Catalina Santos la segunda suplente, sin embargo, el proceso llevó a que recientemente ocho directivos más fueran imputados por 31.261 millones de pesos.

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La problemática se desarrolló al rededor del incumplimiento en la construcción de la planta, pues, según la Contraloría, se celebró el contrato de suministro de caña de azúcar con la empresa Riopaila para el suministro de 300.000 toneladas anualmente durante 22 años.

También se celebraron contratos con la firma española Isolux para iniciar en 2012, pero se tuvo que terminar el contrato al no estar lista la infraestructura. Además, después se suscribió un contrato con el Consorcio Menegua, con un plazo de 14 meses, que tampoco cumplió al celebrar 15 otrosíes.

“Tal situación generó un daño patrimonial al Estado por la pérdida de los recursos públicos entregados al proveedor, por concepto de reconocimientos e indemnizaciones que se concedieron a través de la celebración de los otrosíes Nos. 1 y 2, en cuantía de 24.223.527.390 pesos, y la disposición de 114,498 toneladas de caña al suelo, recibidas entre el 15 de agosto de 2016 y el 31 de enero de 2017, las cuales no fueron usadas en la producción de etanol sino tiradas al suelo para utilizarlas como capa vegetal, y cuyo valor alcanzaba los $9.121.202.800,25”, manifestó la Contraloría General de la República.

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Los ocho presuntos responsables imputados por la Contraloría son: Remberto Santamaria De La Cruz (Gerente General de Bioenergy), Juan Carlos Roa Marquez, Elena Velasquez Restrepo, Felipe Munera Yepes, Alexander Cadena Motezuma, Henry Echeverri Campuzano, Cristina Gloria Inés Cortes Arango y Claudia Castellanos Rodríguez.

Bioenergy también se vió envuelta en un escándalo cuando inició su proceso de liquidación, pues según Jorge González, vicepresidente de Sintrainagro, el proceso de liquidación desde su inicio se ha hecho mal.

«Bioenergy en ningún momento le dio la importancia a la junta directiva del sindicato, lo desconoció prácticamente a pesar de que tiene una convención firmada. La reorganización no duró sino un mes e inmediatamente los accionistas de Ecopetrol solicitaron la liquidación», puntualizó González.

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