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Motocarros: entre la ilegalidad y la necesidad


Motocarros: entre la ilegalidad y la necesidad 1
Los motocarros se han convertido en el medio de transporte de los porfideños.
RP
Redacción PDM

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Un fallo para inmovilizar los motocarros en la capital del Meta, tiene a la administración Municipal a puertas de tomar una decisión que logre mediar la situación entre las necesidades de la comunidad y combatir la ilegalidad de este medio de transporte.  

Por Natalia Chipatecua 

En una delgada línea entre tener que obedecer el fallo del Tribunal Administrativo del Meta y acabar con el negocio de decenas de familias que dependen su sustento de los motocarros en la capital del Meta, es en la que se mueve la administración municipal de Villavicencio. 

Una decisión de segunda instancia, emitido el pasado 9 de marzo por dicho tribunal, ordena a la alcaldía detener el transporte ilegal conocido como motocarro, en un plazo máximo de 30 días y así cumplir el decreto 4124 de 2008, el cual reglamenta este tipo de transporte para ciudades con menos de 50.000 habitantes.

Los motocarros operan en Ciudad Porfía, al sur de Villavicencio, donde unos 63 vehículos han circulado desde principios de este siglo como solución a la movilidad de un sector que crecía rápidamente y las rutas de buses no les era económicamente rentable cubrir esa zona. Además, se convirtió en una alternativa económica ante las necesidades de personas que llegaban desplazadas del sur del Meta.

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Según la norma, en la capital del Meta no debería existir este servicio, pues Porfía no es una zona veredal y tiene más de 50.000 habitantes, en este sentido, las actuaciones por parte de la administración deberán ser argumentadas de tal manera que logre salvaguardar los intereses de los transportadores y a su vez, cumplir con el fallo. 

Mauricio Frías, secretario de Movilidad del municipio, manifestó que la inmovilización exigida por parte del Tribunal, es un proceso que debe contar con otras situaciones.

“La sentencia plantea la eliminación total de este transporte, es un proceso que ni siquiera se ha eliminado en Colombia, hay muchos factores que se están presentando que hay que evaluar, debemos revisar todo el componente socioeconómico y  la necesidad de las personas de subsistir; queremos analizar las condiciones que está presentando ese servicio, lo cual está incluido dentro de los términos de referencia para la valoración técnica de cómo mejorar el transporte público y desestimular este uso de vehículo ilegal”, dijo el secretario.

Igualmente, explicó que la fuerza que ha tomado este servicio de transporte viene de años atrás y obedece, en gran medida, a las condiciones actuales de la ciudad. 

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“Este fenómeno se presenta en Villavicencio desde hace más de 15 años, donde había una deficiencia en el tema de la cobertura, pero poco a poco se ha generado un crecimiento demográfico en la ciudad donde se han presentado invasiones y desplazamientos de ciudadanos extranjeros, esto ha conllevado a otras dinámicas de movilidad en la cual el transporte público todavía no llega por otras condiciones de infraestructura, porque no se cumple con todas las especificaciones para poder ampliar la capacidad del servicio”, argumentó Frías.

Manifiesta, además, que el proceso de inmovilización debe proceder con determinados lineamientos y que, ya se analiza la situación a través del estudio que se adelanta para el Plan Maestro de Movilidad. 

“Identificamos las variables una vez firmado el contrato con la Embajada Británica quien está estructurando el Plan Maestro de Movilidad y el diseño del Sistema Estratégico de Transporte Público en la ciudad. No podemos realizar la inmovilización si no es fragancia, por eso ya establecimos el componente del estudio, que fue una de las exigencias por parte de la sentencia del juzgado, y la segunda es el tema de la articulación para poder atender la problemática de informalismo”, enfatizó el secretario de Movilidad, Mauricio Frías.

Por su parte, expertos en el tema, sostienen que la administración Municipal se enfrenta a un galimatías jurídico y que deberá acudir a una serie de herramientas para proteger las necesidades de los hoy transportadores informales.

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Abogados consultados coinciden en decir que las actuaciones de las diferentes administraciones municipales y de otras entidades públicas han generado una ‘expectativa de derecho’ frente a ese transporte y que, aunque la norma sea totalmente aplicable, también deberá analizar la proyección de ese derecho.

La expectativa de derecho se da cuando, sin ser normatizada, una actividad adquiere un “visto bueno legal” porque, como en el caso de los motocarros, los agentes de tránsito no les prohibían circular; en el pasado recibieron capacitaciones de las alcaldías e incluso una agencia presidencial les regaló motos para seguir prestando el servicio, pese a no estar regulado.    

Es decir que el gremio de motocarros podría fundamentar el principio de “confianza legítima”, que consiste en la buena fe de las actuaciones de esta alcaldía que, si bien no genera derecho, sí crea una expectativa de derecho. Conforme a esto, se proyectan acciones que la Corte Constitucional protege.  

Lo anterior indicaría que efectivamente se debe cumplir el ordenamiento jurídico, pero, se pondrá en consideración la valoración de los derechos fundamentales que se han enmarcado debido a los antecedentes administrativos que han conllevado a esa expectativa de derecho.

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“Lo que sigue es accionar mediante acciones de tutela, para que haya un juicio de constitucionalidad. Analizar el asunto solamente frente a los preceptos constitucionales. La acción de tutela lo que hace es poner al juez a analizar la constitucionalidad de unos hechos, más allá de lo que dice la norma jurídica. Hay una posibilidad de que se garantice el derecho a trabajar por lo menos por un buen tiempo, porque, no puede desmontarse el transporte de motocarro de buenas a primeras, por todos los antecedentes que han generado esa expectativa de derecho”, explicó uno de los abogados consultados.

Lo que cayó mal entre algunos conductores fue que el tema haya sido manejado con tintes políticos, ya que entre el fallo del tribunal y el día de elecciones, algunos funcionarios habrían mencionado que si ganaba determinado candidato a la Cámara, “se tendría un amigo en el Congreso” que apoyaría la causa de los motocarros.   

Movilidad en Porfía depende del servicio  

La baja oferta del transporte urbano e intermunicipal, sumado a las condiciones de necesidad de la comunidad en el barrio Porfía, conllevó a que, en el año 2003, se conformara la Asociación Amanecer Llanero, que agremia a 63 transportadores de los llamados motocarros.

Para ese año, aún no se había reglamentado el servicio de transporte informal, solo hasta el 2009 este servicio se reglamentó, pero únicamente para ciudades grandes con población mayor a 50.000 habitantes.

Periódico del Meta conoció que, inicialmente, el servicio prestaba transporte de mercados a través de bicicletas y luego se logró constituir la asociación, en donde se incorporó no solo a las personas en condición de vulnerabilidad y con nivel de formación académica precaria, sino también a las personas interesadas en la actividad y que se les facilitaba prestar el servicio.

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Hoy por hoy, el volumen de las rutas que ejerce este servicio, tiene en promedio 60 viajes diarios, que teniendo en cuenta el número de personas que reúne la asociación, se estaría hablando de más de 1.000 servicios al día a través de este tipo de vehículos.

El transporte, que va en contravía con la ley, sí se establece a la medida de las necesidades de los habitantes, quienes esperan ser amparados por la Alcaldía de Villavicencio.

Expertos en movilidad explicaron que el estudio sobre el cual se pretender vincular la situación de informalidad no tendría peso: “solo permitirá observar el fenómeno, pero no tiene ningún efecto vinculante, el hecho de que exista la realidad, no releva al Ministerio de Transporte de su facultad de regular esta actividad. La alcaldía debe reconocer una necesidad de la comunidad y reconocer que la oferta de transporte legal no es pertinente con la necesidad en esa comuna”, sostuvo la fuente consultada.

Periódico del Meta contactó a los representantes de la Asociación, pero dijeron que no se pronunciarían.  

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