Una restitución diferente para proteger la naturaleza

La Unidad de Restitución de Tierras entregará una compensación por equivalencia económica a una familia, a cambio del predio de 331 hectáreas que les obligaron a malvender. 

Por Amanda Castaño /Especial Periódico del Meta 

En cumplimiento de la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado de Villavicencio, la Unidad de Restitución de Tierras, entregará a María del Carmen Ruíz y a sus ocho hijos, herederos del señor Cristian Gómez, el dinero correspondiente al valor del predio de 331 hectáreas, ubicado en la vereda El Águila de Mapiripán – Meta. 

La compensación por equivalencia económica con pago en efectivo es una figura contemplada en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, y se da cuando no es posible restituir originalmente el predio demandado. De esta forma, se realiza un pago en efectivo siguiendo los parámetros en función de los avalúos estipulados en la reglamentación.  

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En 1969, el señor Gómez (q.e.p.d), adquirió el predio en el que residía con su esposa y sus hijos y se dedicaban a la cría de ganado. Su tragedia empezó cuando los grupos armados se paseaban por su finca y en 2006 en la vereda corrió el rumor de que el jefe paramilitar, Pedro Oliverio Guerrero, alias “Cuchillo”, estaba comprando todas las fincas del sector. Efectivamente, los miembros de las autodefensas llegaron a su vivienda y le entregaron $40 millones por la finca con la promesa de luego darle más dinero. 

La familia se desplazó al municipio de Acacías, a donde dos años después llegó el señor Javier Gavilán y los obligó a suscribir una escritura pública para oficializar el negocio de compraventa. 

Wilson Leyton, director de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta, indicó que la entidad asumió la representación legal de esta familia despojada de sus tierras que, luego de 15 años de abandono forzado, será compensada debido que gran parte de la finca se encuentra en zona de recuperación ecológica, según el Esquema de Ordenamiento Territorial de Mapiripán, e igualmente teniendo en cuenta la edad de la esposa del señor Gómez.

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Agregó que el juez de restitución declaró ilícita la suscripción del negocio de compraventa del predio, que se había protocolizado mediante escritura pública, y ordenó además que esta familia tendrá derecho a la oferta institucional del Estado en materia de salud, educación y alivio de pasivos, entre otros.

Campesino desplazado 

De otra parte, y tras 16 años de padecer el desplazamiento forzado, Fidelino Robayo y su familia podrá regresar al predio que abandonaron por presiones de la guerrilla de las Farc en la vereda Santa Teresa de Villavicencio.

El infortunio para los Robayo comenzó cuando alias “Antonio” y otros integrantes del frente 53 con presencia permanente en la zona, empezaron a enviarle cartas a las hijas de don Fidelino, donde las invitaban a que se fueran a vivir con ellos; les prometían una vida llena de beneficios y decían que lo único que debían hacer era cargar el fusil y pasearse por la vereda. 

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La reacción de esta familia ante el intento de reclutamiento de las menores fue aprovechar la época de vacaciones para llevarlas donde su madre al casco urbano de Villavicencio. Cuando la guerrilla se enteró que las menores salieron de la vereda, amenazaron de muerte al padre obligándolo a desplazarse y dejar abandonado el predio. 

Con apoyo de la Unidad de Restitución de Tierras, ahora los Robayo también tendrán derecho a los demás beneficios de las entidades del Estado como salud, educación, alivio de pasivos y no menos importante: reconstruir la casa que, con el paso de los años, la maleza destruyó. 

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