Van apenas dos meses…

El 14 de junio el gobierno nacional decretó el cierre total de la vía Bogotá Villavicencio debido a los monumentales derrumbes de más de 70.000 metros cúbicos de tierra caídos sobre el km 64+200 y el km 58, con esa tierra se podrían llenar 28 piscinas olímpicas.

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El cierre se decreta, tras una semana de espera mientras Iván Duque comprobaba en la práctica, que los baños en la vía que le exigió a Sarmiento Angulo durante su paseo presidencial por Guayabetal, no eran la solución.

La “exigencia” de los baños con el fin de no tocar los leoninos contratos de concesión que tiene Sarmiento Ángulo con la nación, contrastan con el informe presentado días antes por la Contraloría General de la República donde se cuestionan los contratos, ya que en estos se excluye al concesionario de la responsabilidad de “atención de puntos críticos”, además de las obligaciones de “implementación de soluciones definitivas sobre esta infraestructura especial”, a pesar de haber existido una mejor propuesta de contrato para la construcción de la doble calzada, “toda vez que la Iniciativa Pública atendería el corredor en su totalidad para llevarlo a doble calzada, mientras que la Iniciativa Privada se limita al sector 3”.

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El informe concluye con ocho hallazgos de todas las connotaciones. El gobierno nacional debía tomar con seriedad el informe de la Contraloría por sus fuertes y probados reparos a los contratos de concesión, pero por el contrario, este enfiló baterías contra la empresa de producción nacional, Pollo Olympico, indicando que esta sería la responsable del derrumbe en el km 58 basados en un estudio realizado por el Concesionario Coviandes de Sarmiento Angulo, desconociendo de tajo los estudios realizados por la Gobernación de Cundinamarca y por Corporinoquia donde indican como responsable a Coviandes.

Ante la poca credibilidad del responsable emplumado y la fuerte presión regional, el gobierno nacional se ve obligado a viajar el 25 de junio a Villavicencio para instalar el
consejo de ministros que “daría soluciones” de fondo a la crisis.

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Al final del día, Duque no atendió a los voceros de la movilización y anunció 67 medidas encaminadas a solucionar la crisis con inversiones de “$1,2 billones”. Al estudiar con detalle cada medida, se concluye con facilidad que el listado anunciado es equivalente a una lista de mercado desabrida, sin recursos. Las medidas contemplan solo $338.540 millones de pesos, de los cuales, el 56% son incentivos a aumentar el endeudamiento de los ya golpeados agricultores por valor de $200.000 millones.

Además, la lista de mercado ignora la necesidad de decretar el Estado de Emergencia Económico y Social, tampoco definió ni un solo mecanismo para revisar y renegociar los contratos de concesión, ni establece un proyecto real de vía alterna.

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Eso sí, con demagogia se anunció con bombos y platillos la disminución a la mitad del precio de los 11 peajes en las dos vías de emergencia que, en cuenta simple es un falso ahorro, estimado entre $30.000 y $100.000 para transportadores dependiendo de la categoría del vehículo, mientras sus costos generales aumentan al triple tras aumentar en
más de cuatro veces los kilómetros recorridos para llegar a Bogotá.

Las demás medidas anunciadas, son del tamaño de los baños solicitados al concesionario más poderoso del país. El gobierno nacional agregó a su ramillete de medidas espumosas, la asignación de un rubro por valor de $9.756 millones para garantizar la disminución por galón del precio de los combustibles a precio de frontera en el departamento del Meta ($1.326 para gasolina y $1.421 para ACPM); pero “olvidó” mencionar que los recursos solo alcanzarían para un mes. De acuerdo a los boletines estadísticos del Sistema de Información de Comercialización de Combustible (Sicom) del Ministerio de Minas y Energía, el departamento del Meta vende trimestral 22,8 millones de galones de combustibles (10,2 millones de gasolina y 12,6 millones de ACPM), es decir 7,6 millones de galones al mes.

En otras palabras, mantener por un mes el precio de los combustibles a precio de frontera cuesta $10.400 millones de pesos, por tanto, el subsidio alcanzaría para menos de un mes; tal cual está contemplado a la fecha.

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Queda claro que el gobierno de Iván Duque no está interesado en buscar soluciones de fondo a la crisis regional que tiene al borde de la quiebra a empresarios, productores agropecuarios, hoteleros, transportadores, usuarios de la vía y comerciantes de la región. Ha hecho de todo para evitar tocar a Sarmiento Ángulo, y cada una de sus medidas, no son más que pañitos de agua tibia que buscan crear confusión y cero solución, nos tratan como a bobos.