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Congreso quedó en mora de tramitar las reformas electorales de fondo

  • El trámite de las Circunscripciones Especiales de Paz se ha ido diluyendo en el Senado. De los 167 municipios con Circunscripciones de Paz, 77 (el 46%) podrían presentar déficit de cedulación.

 La Misión de Observación Electoral (MOE), realizó un balance sobre la gestión del Congreso en temas políticos y electorales que fueron tramitados bajo el procedimiento conocido como FAST TRACK. En el balance realizado, esta organización señala como positivo, que por fin el país cuenta con un Estatuto de la Oposición y un Régimen de Reincorporación Política de excombatientes de las FARC. Sin embargo, observa con preocupación la forma como se han venido posponiendo los trámites relativos a la creación de las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz y la Reforma Política – Electoral.

Desarrollo del procedimiento legislativo especial para la paz:

Aprobado: Se aprobaron tres Actos Legislativos de los cuales solo el de reincorporación política de las FARC-EP  está relacionado con temas políticos y electorales. Los dos restantes hacen referencia, de una parte, a las disposiciones transitorias para la terminación del conflicto armado, y de otra, a la Estabilidad y seguridad jurídica del acuerdo de paz.

En cuanto a las tres leyes aprobadas, excepto la ley ordinaria sobre Amnistía,  tanto la ley orgánica sobre la regulación de la agrupación política “Voces de Paz” y el “Estatuto de la Oposición” hacen parte de los temas políticos y electorales aprobados.

En trámite:  La legislatura termina con cuatro Actos Legislativos en trámite en el Congreso. De estos, dos definen de manera directa las reglas de juego electoral del país: la reforma que crea las Circunscripciones de Paz; y la Reforma Política y Electoral sobre la cual ni siquiera tiene ponencia para iniciar debate en la Comisión Primera de Cámara de Representantes.  Los otros dos actos legislativos corresponden a modificaciones al Sistema de Regalías y sobre el Monopolio de la fuerza estatal.

En cuanto a Leyes, están en trámite dos ordinarias sobre Adecuación de tierras y sobre el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria, y una ley orgánica sobre la Unidad Nacional de Protección.

Retirado: El único proyecto de Acto Legislativo retirado ha sido el relacionado con el Sistema de adquisición progresiva de derechos para las organizaciones políticas, que sin embargo fue incluido su contenido en la propuesta de Reforma Política y Electoral.

Para la MOE, el balance electoral es agridulce. Por una parte, para las próximas elecciones ya se cuenta con un Estatuto de la Oposición que había sido consagrado desde la Constitución de 1991, y que al fin se reglamentó, así como con  un régimen para la participación política de las FARC como organización política.

Sobre las circunscripciones de Paz, por ejemplo, la MOE han señalado que es evidente que los municipios que las componen son los que mayores retos tienen, tanto en términos de eliminar el déficit democrático y de representación política a nivel nacional, como de superar los índices de violencia política y social.

Déficit de cultura democrática en las circunscripciones de paz

Le puede interesar: Informe Completo circunscripciones de Paz 

Según la MOE los 167 municipios en los que se planea implementar las 16 Circunscripciones Especiales Transitorias de Paz a la Cámara de Representantes, poseen déficits de cedulación y difícil acceso a puestos de votación, lo que genera que sean poblaciones que no tengan una arraigada cultura electoral.

De acuerdo con cálculos realizados con los datos disponibles del DANE y la Registraduría Nacional (RNEC), 77 de estos municipios tienen altos índices de adultos no cedulados, es decir, que el 46% de las zonas donde funcionarán las circunscripciones podrían necesitar campañas de cedulación para garantizar el derecho al voto de su población. Nueve municipios son considerados de alto nivel de priorización:

Tabla 1. Municipios en circunscripciones con nivel de priorización alto por posible déficit de cedulación.

#

Departamento

Municipio

1

Bolívar

Arenal

2

Caquetá

Solano

3

Choco

Medio Atrato (Beté)

4

Meta

Mapiripán

5

Meta

La Macarena

6

Meta

Uribe

7

Meta

Puerto Concordia

8

Nariño

Magüi (Payán)

9

Guaviare

Miraflores

Fuente: cálculos MOE con datos de DANE y de RNEC

Otro aspecto que resalta en la investigación, es la falta de acceso a los puestos de votación. La MOE encontró 360 municipios en todo el país con posible dificultad de acceso a puestos, de los cuales  116 están en las Circunscripciones de Paz y corren riesgo de tener poca cobertura en las mesas electorales. Es decir que el 70% de municipios con circunscripciones podrían tener población demasiado alejada de los puestos de votación como para poder ejercer su derecho al voto. De estas poblaciones, 54 están en nivel extremo de difícil acceso y distancia debido a que existe un puesto de votación cada 2.148 km².

Tabla 2. Número de municipios con posible dificultad de acceso a puestos de votación por nivel de dificultad

Nivel de dificultad de acceso a puestos de votación

Número de municipios en todo el país

Número de municipios en circunscripciones de paz

Indicador de cobertura espacial de puestos de votación
(promedio de la categoría)

Media

128

22

1 puesto cada 132,5 km2

Alta

118

40

1 puesto cada 181,5 km2

Extrema

114

54

1 puesto cada 2.148,1 km2

Total

246

116

Mediana nacional:
1 puesto cada 63,2 km2

Fuente: cálculos MOE con datos de IGAC y de RNEC

El acceso a puestos de votación es de especial relevancia para las Circunscripciones Especiales de Paz, que privilegian la candidatura de organizaciones sociales y étnicas de estos territorios.

La MOE ha señalado que el 71% de los consejos comunitarios afrodescendientes del país, así como el 45% de los resguardos indígenas, se encuentran dentro de las circunscripciones. De cara a las próximas elecciones se debe garantizar el voto a la población indígena y afrodescendiente, que muchas veces vive en zonas alejadas y de forma dispersa, lejos de los puestos de votación existentes.

Los problemas de violencia política y social

Por último, la Misión de Observación Electoral también señaló que entre enero de 2016 y abril de 2017 se han registrado 160 víctimas de violencia política, social y comunal en las 16 Circunscripciones especiales de paz, lo que significa que las víctimas de las circunscripciones especiales representan el 36% del total nacional registrado en este periodo (444 víctimas). La MOE llama la atención sobre la necesidad de prevenir esta práctica reiterada de la violencia contra líderes políticos, sociales y comunales, más cuando el 54% de los hechos registrados (86) han sido asesinatos o atentados contra la vida de estas personas.

Tabla 11. Hechos de violencia política, social y comunal para cada circunscripción especial en 2016 y 2017

Circunscripción

Amenaza

Desaparición

Secuestro

Atentado

Asesinato

Total por circunscripción

C 1 Nariño-Cauca-Valle

14

0

2

6

17

39

C 2 Arauca

1

0

1

4

1

7

C 3 Bajo Cauca

4

0

0

1

5

10

C 4 Catatumbo

0

1

0

3

3

7

C 5 Caquetá

13

0

0

7

5

25

C 6 Chocó

0

0

0

0

0

0

C 7 Sur de Meta-Guaviare

0

1

0

0

3

4

C 8 Montes de María

2

0

0

1

0

3

C 9 Pacífico-Valle-Cauca

4

0

0

0

4

8

C 10 Pacífico Nariño

0

0

0

1

5

6

C 11 Putumayo

2

0

0

1

2

5

C 12 Magdalena-Guajira-Cesar

10

0

0

4

4

18

C 13 Sur de Bolívar

0

0

0

0

1

1

C 14 Sur de Córdoba

6

0

0

2

3

11

C 15 Sur del Tolima

7

0

0

0

0

7

C 16 Urabá

6

0

0

0

3

9

Total

69

2

3

30

56

160

Fuente: Observatorio de violencia política y social – MOE

 

Las Circunscripciones de Paz están ubicadas en 18 departamentos del país, en zonas golpeadas por el conflicto armado y con poca presencia del Estado. Para la MOE, cualquier modificación a las restricciones que se establecen a la participación política de los partidos políticos alejaría la propuesta del espíritu de reconocimiento y reparación que inspiraron la creación de estas nuevas circunscripciones.

La propuesta de reforma establece que los candidatos a cada circunscripción elegirá a un representante a la Cámara de candidatos postulados por resguardos indígenas; consejos comunitarios afrocolombianos; organizaciones sociales o grupos significativos de ciudadanos. Los partidos políticos no podrán postular candidatos. Éstos solo podrán provenir de organizaciones de víctimas; campesinas, consejos comunitarios afrodescendientes, resguardos indígenas, grupos significativos de ciudadanos, las Kumpañy o las organizaciones sociales.

Finalmente, para la Alejandra Barrios, Directora de la MOE, temas transversales y necesarios para afrontar con mayor capacidad institucional los procesos electorales, tales como la modificación de la arquitectura institucional electoral actual, el control a la financiación de las campañas y las modificaciones para que los territorios más golpeados por el conflicto tengan representación especial en la Cámara de Representantes, se han ido diluyendo al punto de quedar congelados en el Congreso.

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Congreso aprobó proyecto de ley para ratificar Acuerdo de París

Con 98 votos a favor, el Congreso de la República surtió el último debate necesario para aprobar el Acuerdo de París, adoptado en la COP 21 sobre cambio climático. “Es muy buena noticia la que recibe el país hoy de la aprobación del Acuerdo de París por parte del Congreso, queremos agradecerles por la celeridad que dieron para que se haya convertido en Ley”, dijo el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luis Gilberto Murillo.
Para culminar el proceso de ratificación, la Ley debe ser sancionada por el Presidente de la República y posteriormente revisada por la Corte Constitucional. La ratificación del Acuerdo deja con voz y voto a Colombia en las negociaciones de la COP23 a realizarse este año en Bonn, Alemania, lo que permitirá defender los intereses del país y jalonar recursos de cooperación para el apoyo a la implementación de la Política de Cambio Climático de Colombia.
El Acuerdo busca evitar un aumento de la temperatura del planeta por encima de los 2°C. “El Tratado de París es de la mayor importancia para que los compromisos que tenemos con el país y con la comunidad internacional en materia de mitigación de Gases Efecto Invernadero y adaptación al cambio climático, los podamos cumplir en un marco que nos da metas concretas. Por ejemplo, nos hemos comprometido a disminuir en un 20% las emisiones de Gases Efecto Invernadero hacia el año 2030, aunque también podemos llegar a un 30% si tenemos apoyo de la cooperación internacional”, enfatizó el Ministro.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible lanzó recientemente la Política Nacional de Cambio Climático, que es una hoja de ruta para cumplir con los compromisos del Acuerdo de París que permitirán adoptar medidas para hacerle frente al cambio climático, “se proyecta que hacia el año 2030 vamos a necesitar mínimo 90 billones de pesos entre recursos del sector público y del sector privado, y adicionales, para todos los procesos de mitigación y adaptación al cambio climático. Se están haciendo inversiones importantes pero necesitamos ponerle un acelerador”, afirmó Murillo.
Además de la Política Nacional de Cambio Climático, el país cuenta con el Sistema Nacional de Cambio Climático, el impuesto al carbono, así como las estrategias de reducción de desarrollo bajo en carbono, de adaptación al cambio climático y de deforestación, lo que demuestra el gran compromiso que tiene el país frente a temas definitivos para el futuro del planeta.
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Aún hay un camino para referendo de adopción

El 4 de noviembre de 2015, la Corte Constitucional tomó una de las decisiones más progresistas desde su nacimiento: dar vía libre a la denominada adopción igualitaria en Colombia. Los magistrados del alto tribunal dieron luz verde por consenso mayoritario para que las parejas integradas por personas del mismo sexo pudieran adoptar.

“La adopción de niños por personas con orientación sexual diversa, en general, y por parejas del mismo sexo, en particular, no afecta por sí misma el interés superior del menor ni compromete de manera negativa su salud física y mental o su desarrollo integral”, argumentó entonces el magistrado ponente Jorge Iván Palacio. Casi dos años después, esa postura parece no distanciarse mucho de la que defendieron ayer los congresistas de la Comisión Primera en la Cámara de Representantes.

A esa célula legislativa llegó uno de los debates que más polémica ha generado en los últimos meses en el país, después de la que suscitó el plebiscito por la paz: el referendo promovido por la senadora del Partido Liberal Viviane Morales, con el que buscaba que los colombianos decidieran si, en efecto, una pareja homosexual es apta para adoptar a niños, niñas y adolescentes, hoy bajo cuidado del Estado. Liberales, la U, la Alianza Verde, el Polo Democrático, 100 % Colombia y hasta algunos conservadores se unieron para decirle no a la iniciativa promovida por la congresista, salvo contadas excepciones en cada una de las colectividades.

Se sumaron 20 votos, de los 18 mínimos requeridos para hundir la propuesta que llegó al Congreso con algo de más de dos millones de firmas, recolectadas por Morales y su esposo, el pastor cristiano Carlos Alonso Lucio. 12 la apoyaron: Miguel Ángel Pinto y Silvio Carrasquilla (liberal); Humphrey Roa (conservador); Carlos Abraham Jiménez y Jorge Enrique Rozo (Cambio Radical); Carlos Edward Osorio (la U); María Fernanda Cabal, Samuel Hoyos, Álvaro Hernán Prada, Edward Rodríguez y Santiago Valencia (Centro Democrático), y Fernando de La Peña (Opción Ciudadana).

De los tres legisladores restantes, Rodrigo Lara, de Cambio Radical, y Jaime Buenahora, de la U, no asistieron al debate, mientras que Heriberto Sanabria se salió a la hora de la votación.

Desde que arrancó la discusión era predecible que la iniciativa tomaría un rumbo muy distinto al que adoptó el Senado, que sí la avaló. Comenzando por la postura de la Procuraduría, que, con un aire muy distinto al que siempre mostró Alejandro Ordóñez cuando fue su jefe, hizo una defensa férrea de las parejas homoparentales. “El concepto de familia no lo pueden modificar las mayorías. Decirles a una mujer soltera, a un hombre soltero o a un viudo que no pueden adoptar es desconocer su opción de vida y el derecho que tienen de no generar un vínculo con una pareja, pero sí de conformar una familia”, señaló la delegada del Ministerio Público, Ángela Patricia Téllez.

Y las cifras no mienten. El reporte más reciente, entregado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, da cuenta de que, entre 2008 y 2016, 172.333 menores fueron declarados en situación de vulneración de derechos. A pesar de ello, de los ocho casos registrados de parejas del mismo sexo que han intentado adoptar, ninguno ha prosperado. “El referendo puesto a consideración no pasa el test de igualdad”, dijo Paula Robledo, delegada por la Defensoría del Pueblo. Palabras a las que se sumó el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, que previamente había hecho pública la postura del Gobierno, al advertir sobre la presunta inconstitucionalidad del referendo que, en caso de haber logrado la votación mayoritaria, habría ido a examen en la Corte Constitucional.

“Este no es un debate religioso, moral o ético. Es un debate en donde tenemos que poner sobre la balanza conceptos como el de la democracia representativa frente a la participativa y el concepto de los derechos de las minorías”, argumentó el jefe de la cartera política. No en vano, adujo entre otros argumentos que los derechos de los niños y adolescentes, según la legislación colombiana, priman sobre cualquier otro derecho. Ese fue el mismo argumento que tuvo en cuenta la Corte en 2015 para dar vía libre a la adopción igualitaria.

Sin embargo, más allá de los resultados de ayer, y trascendiendo los cálculos políticos que se comienzan a avizorar de cara a las elecciones que se aproximan, el referendo promovido por Morales abrió las puertas a un debate aún sin resolver en una sociedad de valores conservadores, como la colombiana. Especialmente porque no son pocas las voces que le han enrostrado a la legisladora haber irrespetado a su propia hija, que se ha reconocido homosexual, al promover un referendo presuntamente con argumentos religiosos.

Cuestionamiento que tuvo respuesta de la senadora liberal: “¿Cómo podría hacer un referendo discriminatorio, siendo una madre que tiene una hija con una orientación sexual diversa? Lo hago con el respeto y reconocimiento de que durante siglos ha habido discriminación contra los homosexuales, y desde el profundo respeto de la dignidad humana”, aseguró en su intervención ante la Comisión Primera de la Cámara.

En ese sentido enfatizó que el único objetivo que tuvo al salir a las calles para buscar firmas a favor del referendo era defender los derechos de los niños y, eso sí, controvertir una decisión adoptada en el interior de una Corte que, según sus palabras, asumió un rol de extralimitación de funciones. “Esta controversia política, social y cultural no la creó ni Viviane ni Lucio, sino una decisión de la Corte Constitucional al modificar a su antojo la constitución de la familia”, advirtió, a su vez, Carlos Alonso Lucio, principal promotor de la iniciativa.

Argumentos que, no obstante, no fueron la justificación que usó el representante liberal Miguel Ángel Pinto, para explicar el sentido favorable de la ponencia que presentó. “Al Congreso no le corresponde discutir los temas sustanciales sino formales cuando se trata de estudiar un referendo. Los temas sustanciales son para el pueblo colombiano. Yo quiero ver cómo le vamos a explicar al país que es incapaz de tomar decisiones para unas cosas, pero para otras no”, dijo Pinto. A su voz se sumaron los cinco representantes del uribismo que votaron por el sí. Entre ellos Samuel Hoyos, quien había anunciado previamente a este diario que, de avalarse el referendo con su voto, saldría a las calles a hacer campaña negativa.

Pero ¿qué dice la representante Angélica Lozano, también abiertamente homosexual? “A nosotros no nos trae la cigüeña, nos traen un papá y una mamá. Y no es un drama que un hijo sea adoptado por homosexuales. Hay que perderle miedo a ese prejuicio. Si la orientación sexual fuera por transmisión o por imitación, no estaríamos acá discutiendo eso”, señaló la congresista. Y aunque esa posición salió triunfante en la votación de ayer, como varios millones de colombianos que forman parte de la comunidad LGBTI, todavía queda un “as bajo la manga”, del que podrá hacer uso la senadora Morales.

Según la Ley Quinta, que rige a los congresistas, existe el recurso de apelación cuando un proyecto es negado o archivado, al cual, anunció Carlos Alonso Lucio, recurrirán. La norma dice que el autor de la iniciativa, el vocero de sus proponentes e incluso cualquier integrante de la Comisión Primera podrán apelar la decisión ante la Plenaria. Para eso se crearía una comisión accidental que entregará un informe y, por mayoría, se decidirá si acoge o rechaza tal apelación. Si la acoge, el proyecto será estudiado por otra célula legislativa, distinta a la que le dijo no. Sin duda, ese es el único salvavidas que le queda a Viviane Morales para reivindicar su causa.

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Quedó aprobada la Justicia Especial para la Paz

Con 61 votos a favor y después de dos sesiones, la Plenaria del Senado de la República aprobó en último debate el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) cuya columna vertebral es la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Esta jurisdicción, de competencia temporal, permitirá investigar, esclarecer, juzgar y sancionar graves violaciones de derechos humanos y graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) en contexto y a razón del conflicto armado.

La tarea de este Sistema, el cual el Gobierno ha dicho que el centro son las víctimas, es satisfacer y proteger sus derechos a la justicia, ofrecer la verdad a la sociedad colombiana, ir en la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas y reparar el daño causado a comunidades o territorios.

Durante el último debate, el Gobierno aprobó una proposición que deja en la Jurisdicción Especial para la Paz la competencia sobre casos de miembros de las Farc-EP que hayan sido condenados, procesados o investigados antes del primero de diciembre de 2016 aunque no estén en lista de ese grupo.

Otra de las proposiciones aprobadas hace referencia a que “el tratamiento especial de justicia se aplicará también a conductas que determinará la ley en su momento, estrechamente vinculadas al proceso de la dejación de armas desarrolladas desde el primero de diciembre de 2016 hasta el momento en que finalice el proceso de extracción de las armas por parte de las Naciones Unidas conforme a lo dispuesto en el Acuerdo Final”.

Así mismo, se aprobó que los conflictos de competencia entre la Jurisdicción Especial de Paz y la Jurisdicción Especial Indígena sean dirimidos por una sala incidental conformada por dos magistrados de la salas o secciones de la JEP no afectadas por dicho conflicto jurisdiccional y dos autoridades tradicionales del pueblo indígena que ejerció o está ejerciendo jurisdicción en el caso concreto. La decisión se adoptará en la sala incidental con mayorías simples y que en caso de no alcanzarse una minoría en aplicación del carácter preferente de la jurisdicción Especial para la Paz resolverá el presidente de esa jurisdicción.

Finalmente, se avaló lo sugerido por el Fiscal General de la Nación y se determinó que será la ley la que reglamentará el tratamiento penal diferenciado en lo relativo a la erradicación voluntaria de cultivos ilícitos y la que determinará, conforme a lo establecido en el Acuerdo Final, en qué casos y bajo qué circunstancias la jurisdicción ordinaria investigará el juzgamiento de los delitos de conservación y financiamiento de plantaciones cometidos por las personas investigadas por la jurisdicción especial.

La autonomía de esta justicia transitoria, el tema de amnistías e indultos, la composición de órganos como las salas que conformarán la jurisdicción especial, las sanciones que impondrá el Tribunal para la Paz, la extradición, la participación en política de los miembros de las Farc, y las acciones de tutela, fueron los temas que se trataron en este último debate como los deberes que atenderá la Jurisdicción Especial para la Paz con el fin de lograr una paz estable y duradera. 

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