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Villavicencio se suma al estudio en Latinoamérica del perfil del ciclista 2017

La capital del Meta será una de las 60 ciudades de Latinoamérica que aplicará las encuestas para determinar el perfil del ciclista 2017, con las que se espera determinar las motivaciones, hábitos y características sociodemográficas de los usuarios de bicicletas en el ambiente urbano del habla hispana.

La asesora de la Secretaría de Movilidad de Villavicencio, Jimena Rivera, explicó que la convocatoria para la aplicación de 912 encuestas  en la ciudad, la cual efectuó Transporte Ativo junto a LabMob UFRJ y el Observatorio de Metrópolis de Brasil, la realizarán 24 promotores viales de la dependencia municipal en diferentes puntos de la ciudad, a partir de este miércoles y hasta el viernes 20 de octubre.

“Hacemos un llamado a los colectivos ciclísticos y a los ciclistas de la ciudad para que dispongan de unos minutos y nos brinden esta información, que será confidencial y nos servirá como insumo para conocer más a los biciusuarios villavicenses, con el propósito de tomar decisiones que mejoren su experiencia de uso en la ciudad”, sostuvo Rivera.

El estudio, del cual se entregarán los resultados a mediados de marzo del próximo año, se estará realizando en ciudades de Colombia como Bucaramanga, Bogotá, Bello, Medellín y Popayán, entre otras, que hacen parte de las 60 ciudades que también harán el ejercicio a lo largo de toda Latinoamérica.

 

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Ministro con la ‘olla raspada’

El nuevo ministro de Agricultura llega en una posición en la que tiene poco margen de maniobrabilidad. Si llega a salir avante habrá demostrado su carácter gerencial y de administrador.

El Presidente de la República, Juan Manuel Santos, posesionó el pasado lunes al nuevo Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Guillermo Zuluaga Cardona, quien según él, desempeñará un papel clave en el progreso del campo colombiano en la etapa de posconflicto.

Para el Meta, se trata del segundo ministro que llega a un gabinete presidencial, luego de que en la época de los sesenta se ocupara de la cartera de Educación el abogado villavicense, Daniel Arango Jaramillo, durante el gobierno de Guillermo León Valencia, quien lo nombró el primero de septiembre de 1965. En aquella época los peores escollos tenían que ver con los altos índices de analfabetismo en la población  colombiana que superaban el 30 por ciento y el problema de la baja participación en la escolaridad en el sector rural.

Hoy, los retos que asumirá el nuevo ministro de Agricultura precisamente tienen que ver con la población rural. Zuluaga Cardona tendrá que enfrentar su primer reto estos primeros días, tratando de conjurar un nuevo paro de campesinos reunidos en Dignidad Agropecuaria, debido a la crisis por lo que ellos llaman el incumplimiento del Gobierno y por lo que dijo el exministro, Aurelio Iragorri, sobre que no había más plata para apoyar a los arroceros.

“Si el paro es para hablar conmigo no habría necesidad de hacer paro porque estoy totalmente dispuesto a reunirme con ellos para buscar alternativas. Ellos tienen su derecho a la protesta y lo respeto, pero ojalá podamos evitarle traumatismos al país”, dijo el lunes al término del acto de posesión en Uribe el nuevo jefe de la cartera de agro.

Sin embargo la solución pasa por más que eso e Iragorri tenía razón. El jefe de la cartera de Agricultura recibe un ministerio efectivamente sin dinero, debido al recorte presupuestal producto de la Reforma Tributaria  y que significó casi el 41 por ciento en los gastos para proyectos y cumplir los compromisos que ya había adquirido en el anterior paro campesino. Y parte de la ‘mermelada’, o como lo llama el gobierno “‘proyectos de inversión para las regiones”, también se redujo de manera drástica por cuenta de la misma Reforma Tributaria. 

Desde el año pasado el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Rafael Mejía, había advertido la crítica situación que iba a vivir el campo con los recortes que sufriría el Ministerio de Agricultura, justo en el año en que era necesario poner en marcha en los territorios los acuerdos con las Farc, los cuales pasan en gran parte por la inversión en el campo.   

“Vemos con preocupación estos recortes radicales que contribuyen a profundizar y agravar las dificultades presupuestales e institucionales del sector agropecuario para encarar sus principales desafíos”, señaló hace un año a la Revista Semana antes de ser aprobada la Reforma.

Las cifras nunca han sido alentadoras para un Ministerio que ha sido mirado con desdén cuando de hacer recortes se trata: Para el 2015 el presupuesto general de la cartera de agricultura fue de 3,3 billones de pesos; para el 2016 llegó a 2,5 billones y para este año 2017 se bajó a 1,6 billones.

Tal vez por eso el ministro llanero se adelantó a decir el lunes: “Aquí ya no hay tiempo de creatividad, en este tiempo que falta de mandato, lo que resta es cumplir los planes que ya está en ejecución y echar a andar programas como las Zomac”.

La estrategia es clara: ante la falta de recursos del Gobierno Nacional, busca la manera de que la inversión privada sea la que impulse el agro en zonas que sufrieron el rigor de la guerra y que al tiempo tienen altos índices de pobreza.  

Mediante las Zonas Más Afectadas por el Conflicto (Zomac), creadas con el primer decreto firmado por Zuluaga el lunes, se buscan beneficios tributarios especiales a las pequeñas y medianas empresas que se asienten en esos municipios.   

Eudoro Álvarez, dirigente de Dignidad Agropecuaria, es bastante escéptico a creer que con el cambio del ministro algo mejore para el campo, y menos con la poca experiencia en temas de agro que tiene Zuluaga.

“Zuluaga Encuentra que el programa bandera de su antecesor, “Colombia siembra”, hace agua por todas partes y la mayoría de los productos de importancia en la alimentación nacional que subsisten, se hallan en tal estado que ya desde muchos sectores de la producción y la opinión se comienza a hablar de “Colombia quiebra”. Y no es para menos: el maíz, el arroz, el algodón, la leche, el cacao, la papa, la cebolla, el plátano, la piña, el fríjol, la yuca, la caña panelera y hasta el ñame, tienen graves dificultades y cultivos tradicionalmente consentidos como la palma aceitera y la caña de azúcar, sienten que la amenaza del libre comercio los tiene en la mira”, sentencia el dirigente (ver columna).

Para Álvarez, es como cuando un músico llega a una orquesta en donde debe sentarse a ejecutar una partitura ya escrita y la que el director no está dispuesto a cambiar.

Obviamente Zuluaga es más optimista y sostuvo: “Esto es un reto enorme como persona, llanero y profesional. Es demostrarle a la capital que en la provincia estamos totalmente formados y en capacidad parta sumir estos retos. La acción del Estado es contundente y va a haber una inversión en materia de vías terciarias en un gran esfuerzo”.

También la Gobernadora del Meta, Marcela Amaya, se mostró positiva y cree que el nombramiento de un llanero en esa cartera, podrá ayudarle a impulsar los proyectos que tiene en su Plan de Desarrollo, en especial para pequeños y medianos productores. Sin embargo ella misma había dicho, por ejemplo en el Foro de la Altillanura, el pasado22 de septiembre, que la inversión en esta zona “no daba más espera”.

Sin embargo también tendrá que enfrentar la implementación de la Ley Zidres, que para algunos es la piedra angular del futuro en el campo y para otros la posibilidad para que siga habiendo brechas de pobreza en el agro. 

Con todo, lo que le queda a Juan Guillermo Zuluaga es demostrar en menos de un año en el Ministerio que tiene los suficientes dotes para administrar sin recursos y que puede conciliar con los campesinos en medio de una crisis agropecuaria que tiende a ser más larga. 

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‘La industria no funciona sino interactúa con el entorno’

El director de Asuntos Corporativos de Frontera Energy dice que hoy esa empresa, contrario a su antecesora, es ‘más analítica’ 

Este joven ejecutivo ha logrado mantenerse en una compañía que ha cambiado tres veces de socios. Dice que se debe a que no es soberbio y actúa como embajador de las comunidades

Alejandro Jiménez (A.J.) es uno de los altos directivos más jóvenes que tiene el sector de la industria petrolera en el país. Joven mas no inexperto, pues ya tiene a cuestas más 10 años de estar manejando buenos y malos momentos cuando trabajó para Pacific Rubiales e incluso desde antes, cuando se denominaba Sipetrol y era de chilenos. Hoy es el director de Asuntos Corporativos de Frontera Energy y pasó a ser uno de los voceros que tiene la compañía.

Y no es fácil mantenerse en una compañía que hoy tienen nuevos accionistas y junta directiva de un perfil altísimo, pues casi todos han sido directivos en Shell y BP, entre otras.  

Periódico del Meta (PDM) lo consultó para saber cuáles son ahora las expectativas de una empresa que cambió no solo de nombre sino de estrategia para relacionarse con la comunidad en el Llano, pero que hoy perdió el protagonismo que llegó a tener a comienzos de esta década.

PDM: Hoy, con cabeza fría, ¿por qué el descalabro de Pacific Rubiales?

A.J.: He visto transiciones. He visto de todo. Lo que le puedo decir es que el nuevo norte que tiene esta junta directiva y los accionistas, con un perfil muy diferente, es de una compañía más pausada, analítica y mucho más prudente para identificar el siguiente paso. Frontera es una empresa mucho más conservadora que apunta a un crecimiento sostenido y no desbordado.

PDM: Un problema que quiso corregir tarde Pacific fue sus relaciones con el entorno…

A.J.: Esta empresa se funda en cuatro ejes: respeto, transparencia, integridad y sostenibilidad. Lo primero en la restructuración fue generar el menor impacto en los grupos de interés locales para proteger justamente ese entorno.

PDM: ¿Qué enseñanza dejó la crisis con las comunidades del 2011?

A.J.: La enseñanza es sencilla. Esta industria petrolera no funciona si no interactúa con su entorno. Debo contar con mi fuerza local y bienes y servicios de la región para poder fortalecerme. No se puede hacer una inversión si no es concertada con las comunidades y acompañada de la institucionalidad.

PDM: ¿Cuáles son las posibilidades de exploración en el Llano?

A.J.: A principios del 2018 estaremos empezando la perforación en el Casanare, particularmente en el bloque Llanos 25, de un activo muy interesante. De hecho nuestro interés de inversión se está enfocando en ese lugar porque geológica y técnicamente tiene expectativas.

PDM: ¿Hay posibilidades de que la producción de sus pozos crezca?

A.J.: Sí. En este momento tenemos una producción neta de 72.000 barriles y bruta aproximadamente de 100.000 barriles.   La idea es apuntar a crecer porque estamos haciendo inversiones grandes por ejemplo en Quifa, un bloque de asociación con Ecopetrol; y en CPE-6, también en Puerto Gaitán. En Meta también tenemos Corcel y Guatiquía de Cabuyaro y Barranca de Upía, que también pueden tener crecimiento. Para  Casanare se van a hacer pozos de avanzada en Canaguaro, Cachicamo y Cravo Viejo.

PDM: ¿Qué otros objetivos tienen en el Meta?

A.J.: Antes de terminar este año en el Bloque Quifa vamos a perforar unos 72 pozos para identificar potenciales de crecimiento. En Cajúa iniciaremos la exploración y vamos a trabajar de la mano con resguardos indígenas. En Cabuyaro y Barranca es un potencial de crudo liviano.

PDM: A propósito, ¿cómo va el tema con las demandas indígenas?

A.J.: La Corte Constitucional ordenó hacer una consulta previa en un radio de dos kilómetros por fuera del resguardo. Esa consulta ya se hizo y se cerró. La Agencia Nacional de Tierras identificó una expansión de territorio y se acordó con las comunidades ampliar la consulta previa. Todo lo que hacemos es cumplir el mandato de la OIT y concertar la inversión social con enfoque diferencial.

PDM: ¿Hay un norte en materia de inversión social?

A.J.: Sí. Primero, que haya consenso con las comunidades y los planes de desarrollo y segundo inversiones sociales sostenibles. Uno en particular lo haremos con La Fazenda y Ecopetrol, y una inversión de $18.000 millones. Con Cormacarena adelantaremos inversión en cinco diferentes tipos de proyectos productivos para ‘despetrolizar’ la economía.

PDM: ¿Qué pasará con las deudas que dejó Pacific Rubiales con las personas?

A.J.: A principios de abril de este año hicimos una ronda con proveedores locales. Gran parte de los problemas identificados los tenían los contratistas, pero gradualmente hemos bajado los montos de deuda porque es parte de nuestra función como garantes del entorno. En noviembre tenemos una nueva reunión y llevarles la respuesta. El presupuesto inicial de deudas locales era de 15.000 millones de pesos, ahora quedarán entre 4.000 y 4.500 millones de pesos.

PDM: ¿Dónde y cuándo es a reunión?

A.J.: Tendremos una en Villavicencio y otra en Yopal. No tengo la fecha exacta aún.

PDM: ¿Cuál es el valor tolerable del precio del barril para que estos proyectos no se queden en el papel?

A.J.: Es relativo. Hay campos que tienen más tolerancia que otros. Es bueno que se identifiquen que hay campos que son más rentables y mantenerlos operativos a bajos precios.   

PDM. ¿Qué pasó con Agrocascada, la empresa de Pacific que reutilizaría el agua en proyectos agroindustriales?

A.J.: Este proyecto está siendo reevaluado internamente por la Junta Directiva para definir cuál es el siguiente paso. Se hizo una inversión muy grande por parte los directivos anteriores y vemos que hay unos potenciales de valor pero no sabemos muy bien si los debe asumir la compañía petrolera o alguien más.

PDM: ¿Ven una amenaza en las consultas populares? 

A.J: Esta industria tiene 52 consultas previas; en el caso de Frontera Energy hay una identificada en Paz de Ariporo (Casanare). En la medida en que usted trabaje de la mano con sus grupos de interés usted no tiene consultas populares. Suena fácil, pero el problema es cómo maniobrar ese entorno para que la gente local participe. Creo que toda esa incomodidad lo genera la Ley de Regalías porque le deja problemas a las regiones y no tanto las utilidades.  

PDM: Usted en particular, ¿cómo ha logrado mantenerse en la compañía?

A.J.: A veces las compañías petroleras pecan por ser soberbias y prepotentes. Yo ni soy soberbio ni prepotente y soy demasiado paciente, responsable y actúo como embajador de las comunidades. Claro, no soy yo, es todo el equipo que trabaja a mi lado.

 

 

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Excombatientes en servicio social

Con una inspección a las viviendas comienza la iniciativa de servicio social “Promoción,  Prevención y Control de Enfermedades Trasmitidas por Vectores”,  liderada por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) y apoyada por un grupo de reinsertados.

Todos los domingos, un grupo de 22 personas que dejaron la guerra y asumieron el compromiso de reintegrarse a la legalidad recorren los barrios Villas de Granada, La Esperanza y La Sabana enseñándole a la gente a tomar las medidas necesarias para prevenir la trasmisión de enfermedades provocadas por vectores como dengue, chikungunya y zika.

Estos barrios han servido de escenario para que las personas en proceso de reintegración con la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN, antes Agencia Colombiana para la Reintegración),  aporten 80 horas de servicio social para ayudar a proteger la salud de los granadinos, muchos en su mayoría víctimas del conflicto armado.

“Le enseñamos a la gente qué es una enfermedad trasmitida por vectores, hablamos de la importancia del lavado y la desinfección de los tanques, recogemos objetos que acumulen agua sin tratamiento, y damos consejos para que no se vean expuestos a futuras enfermedades”, explicó Daniel Moreno, quien actualmente cumple de manera voluntaria con este servicio social.

Juan Carlos Silva, coordinador de la ARN en Meta y Orinoquia dijo que “más de 10 iniciativas de servicio social han sido adelantadas por personas que se han acogido al proceso de reintegración en Granada (Meta), lo que evidencia una muestra de voluntad por parte de quienes desean darle un giro a su historia y ser protagonistas de reconciliación y construcción de paz ".

Dicha iniciativa se adelanta con el apoyo de la Secretaría de Salud Departamental, la Corporación Futuro País –Corfupais- y la Empresa de Servicios Públicos del Municipio de Granada.

En el Meta y la Orinoquia, 3.576 personas han ingresado al proceso de reintegración de la ARN luego de desmovilizarse de grupos armados ilegales. De ellas, 1.912  han participado en iniciativas de servicio social, impulsando acciones de reconciliación a través de obras de embellecimiento de espacio público, recuperación del medio ambiente, cuidado de animales, entre otros.

Una experiencia en Acacías

La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), antes Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), y la Alcaldía de Acacías, con el apoyo de  la Policía y diferentes instituciones educativas, trabajan articuladamente para garantizar  los derechos de niños y jóvenes.

“Ingresé al grupo armado a los 15 años, pero un día cansada de estar allá y con ganas de volver a ver a mi familia tomé la decisión de huir. Días después entré al programa de niños y niñas desvinculados de los grupos armados al margen de la ley del ICBF, me restablecieron mis derechos; al cumplir los 18 años pasé a la ARN y actualmente estoy en proceso de reintegración".

Con este discurso Carolina*, una joven de 21 años que sabe lo que es el conflicto armado y logró huirle a la guerra para reencontrarse con su hermana, se presenta frente a un centenar de niños y jóvenes estudiantes del colegio Santo Domingo Sabio.

Su historia la cuenta en las jornadas pedagógicas  'Hablando de paz',  para que otros niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ) no caigan en factores de riesgo como la prostitución infantil, la drogadicción, las bandas delincuenciales o la violencia intrafamiliar, y no pierdan lo mismo que ella, por haber hecho parte de un grupo armado.

¿De qué se trata 'Hablando de paz'?

Eulises Rozo, docente de cátedra de paz dijo que "en el colegio venimos trabajando en la cartilla 'Tintin para crecer en paz', y luego de conocer el trabajo de la ARN articulamos y surgieron estas jornadas que buscan promover y fortalecer la cultura y los buenos valores a través de charlas de capacitación y prevención".

El docente también explicó que los estudiantes han tenido la oportunidad de romper imaginarios y poner en práctica valores fundamentales para la sana convivencia y la reconciliación.

Dichas jornadas se adelantan en el municipio con el apoyo de la Alcaldía desde el 2016 y han servido como acciones de servicio social para personas en proceso de reintegración.  Los colegios intervenidos el año pasado fueron el Juan Rozo, Veinte de  Julio y La Cecilita.

"Este año nos estamos acercando más a las instituciones porque estamos convencidos sobre la importancia de asumir una cultura de paz desde cada uno y consideramos que las instituciones educativas son un escenario de intercambio de ideas para lograr la reconciliación en los territorios", dijo Juan Carlos Silva, coordinador de la ARN en Meta y Orinoquía.

En el marco de las jornadas pedagógicas  'Hablando de paz' también se adelanta el proyecto 'Ni uno más en riesgo' en donde estudiantes de bachillerato y jóvenes en proceso de reintegración, trasmiten mediante manualidades y actividades lúdicas mensajes alusivos a la paz y la reconciliación a los más chicos.

"Inicialmente iba con miedo porque pensé que nos iban a rechazar, pero los estudiantes tienen un concepto muy diferente acerca de las personas que abandonan los grupos armados y  eso ha facilitado mucho el trabajo. De cada encuentro puedo decir que nosotros aprendemos tanto como ellos", expresó Carolina, quien además sueña con ser diseñadora de modas.

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