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Registraduría anunció simulacros con miras a garantizar procesos de votación en el Meta

A partir de este  martes la Registraduría Nacional del Estado Civil adelantará simulacros del sorteo de jurados de votación, los cuales culminarán el 2 de febrero. En Villavicencio se adelantarán mañana 16 de enero; Acacías y Granada el 18 y el resto de los municipios el 19 del presente mes.

El número de jurados requeridos en el Meta se acerca a 13.847 ciudadanos, pero ningún partido político presentó posibles jurados.

Así quedó estipulado en la Primera Sesión de la Comisión de Coordinación y Seguimiento Electoral con miras a las elecciones del próximo 11 de marzo y en la que los representantes de la Registraduría del Estado Civil presentaron un informe de avance del proceso electoral.

Gerardo León Mancera Parada, secretario de Gobierno y Seguridad del Meta, agradeció a la Fuerza Pública, a los Registradores delegados departamentales, Procuraduría, al subdirector seccional de Fiscalías, CTI, Contraloría y los delegados de los movimientos y partidos políticos su participación en la primera sesión de seguimiento electoral.

En el Meta se establecerán 233 puestos de votación. pero estas dependerán del cierre de inscripciones y del potencial electoral; finalmente Bogotá definirá el número de mesas en los 29 municipios.

La Fuerza Pública,  a través de sus delegados en el comité,  manifestaron su compromiso para que las elecciones se lleven a cabo dentro de la mayor normalidad, con todas las garantías e imparcialidad en la que cada uno de los candidatos y partidos políticos sientan tranquilidad, así como la ciudadanía.

Diana Biviana Diaz, Delegada de la Registraduría Departamental, expresó que dando cumplimiento al calendario electoral estipulado por la Registraduría del Estado Civil, para las elecciones del 11 de marzo del presente año, se finalizó el proceso de inscripción de cedulas de ciudadanía para los ciudadanos que cambiaron de residencia o querían cambiar su puesto de votación por uno más cercano.

Precisó que hay plazo hasta el 11 de febrero para que las colectividades políticas, si tuvieron alguno de los candidatos investigaciones, inhabilidades, incompatibilidades o doble militancia, modifiquen las listas y un mes de poder reemplazar al candidato (a).

Hizo un llamado a las colectividades políticas para que postulen a tiempo los testigos electorales, que son los garantes de la transparencia del proceso en la mesa de votación, pues tienen plazo de acreditarlos hasta el 9 de marzo.

No obstante, a partir del pasado viernes 12 de enero hasta el 27 de marzo se pueden inscribir los ciudadanos que no alcanzaron a hacerlo, pero deberán participar en las de Presidente de la República, en mayo, expresó la funcionaria.

Expresó que se finalizó con el cargue de las empresas tanto públicas y privadas y la invitación que se hizo a cada uno de los partidos políticos, movimientos u organizaciones políticas que van a participar en el certamen electoral, para postular sus ciudadanos que quisieran ejercer como jurados de votación.

Por su parte, el delegado de la Registraduría Nacional, César Augusto Jaramillo Barreto, agradeció a la gobernadora del Meta y la administración departamental el apoyo brindado para que esta fiesta electoral a ejecutarse sea exitosa.

De igual manera, el Coordinador Electoral, Alfonso Linares, precisó que en la página web de la Registraduría están publicadas las tarjetas electorales de Senado y Cámara de Representantes territorial Meta.

Sobre la tarjeta electoral de cámara territorial dijo que la suscripción para la paz que se debatió en el Congreso no va para el 11 de marzo, sino  hasta que se defina la legalidad del proyecto de acto legislativo y si llegare a pasar, la elección se hará en fecha diferente.

El subcomandante de la MEVIL, Coronel José Luis Ramírez Hinestroza que tiene jurisdicción en Restrepo, Cumaral, Acacias y Villavicencio, señaló que se fortalecerán los dispositivos de seguridad para garantizar la seguridad a los candidatos tanto a la Cámara como al Senado.

Así mismo, el coronel César Ovidio Castro Guerrero, sub Comandante Policía Nacional, señaló que se vienen adelantando actividades de planeación entre las instituciones, donde solicita verificar porque se incrementó la inscripción de cedulas en algunos municipios del Meta,  requiriendo la instalación a la URIEL en los municipios,  para verificar la inscripción de las mismas.

De igual forma invitó a una reunión a los candidatos, el martes 16 de enero a las 8:30 de la mañana en las instalaciones de la base del Comando de Policía Meta,  para hablar sobre el tema de seguridad, y presentar a los comandantes de Distrito para que sepan quién es el coordinador en los territorios para la visita a las localidades.

Finalmente, Mancera Parada, sostuvo que lo que se busca con estas acciones es garantizar que todos y cada uno de los candidatos inscritos tengan la absoluta tranquilidad que se pueden desplazar por el Departamento.

Si trabajamos articuladamente y en equipo, tengo la absoluta seguridad de que no habrá ningún inconveniente porque hay la disposición y disponibilidad de la Fuerza Pública, la Fiscalía, Procuraduría, CTI, alcaldías para que el proceso electoral en el Meta, sea ejemplo en el país” precisó Mancera Parada.

 

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Estudiantes de universidades públicas que voten mantendrán beneficios en matrícula

Ante una demanda que pretendía terminar con el famoso descuento del 10% sobre la matrícula universitaria para aquellos que voten, la Procuraduría le solicitó a la Corte Constitucional que se mantuviera el beneficio.

La Procuraduría General le solicitó a la Corte Constitucional este viernes que se mantuviera el beneficio de descuento en la matrícula para los estudiantes que participen en las jornadas de votación. En 2017, un ciudadano había demandado la medida, argumentando que esta era inconstitucional. 

El artículo 2°, numeral 5, de la Ley 403 de 1997, señala que “el estudiante de institución oficial de educación superior tendrá derecho a un descuento del 10% del costo de la matrícula, si acredita haber sufragado en la última votación realizada con anterioridad al inicio de los respectivos períodos académicos”. 

Por otro lado, el artículo 1° de la Ley 815 de 2003, especifica que “el descuento del 10%...se hará efectivo no sólo en el período académico inmediatamente siguiente al ejercicio del sufragio sino en todos los períodos académicos que tengan lugar hasta las votaciones siguientes en que pueda participar”. 

Por esto, los estudiantes de universidades públicas que participen en jornadas electorales, han tenido un beneficio por votar desde hace dos décadas. El ciudadano Juan David Ferreira Prada plantó una demanda sobre esta medida ya que no la encontraba proporcional y señalaba que “el legislador hizo una errada apreciación al cumplir sus deberes constitucionales alentando la participación mediante incentivos económicos, que (…) pueden más que beneficiar, obstaculizar el proceso democrático alentando el clientelismo”. Además, añadió que no existe justificación para establecer un trato desigual al otorgar este beneficio económico. 

En la Sentencia C-337 de 1997 la Corte Constitucional declaró exequible el beneficio sosteniendo que “resultaría paradójico que el legislador, no siendo competente para criminalizar la abstención, tampoco pudiera incentivar la conducta ciudadana que se le opone. Cuando la Constitución consagra el sufragio como un derecho y un deber, el legislador tiene la posibilidad de desestimular la conducta abstencionista y de estimular el sufragio”. 

El Ministerio Público señala que “si el voto de los ciudadanos es necesario para legitimar la democracia, el legislador no solo puede, sino que debe estimular el voto, claro está, sin vulnerar los principios constitucionales”. Por esta razón le solicitó a la Corte Constitucional que mantenga su resolución y que se declare exequible el decreto que da lugar al beneficio para que los estudiantes de universidad pública sigan teniendo acceso a él en futuras jornadas electorales.

 

 

 

 
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En Cumaral, yo votaría…

El próximo 4 de julio se realizará la consulta popular que determinará si los ciudadanos de este municipio dan vía libre a la explotación petrolera o la rechazan.

Periódico de Meta pone las dos caras de la moneda de un tema que podría definir en parte el futuro de la industria petrolera en el departamento. Por un lado están quienes ven que el aprovechamiento de los hidrocarburos, sostenibles con el medio ambiente, trae desarrollo a las regiones; pero por otro, los contradictores que aseguran que, como en otros municipios, solo atraerá problemas a la naturaleza y fenómenos sociales como la carestía y prostitución.    

Aquí, las dos posiciones…

Un debate con cifras

La industria petrolera es percibida por muchos como enemiga del ambiente. No solo por las emisiones de carbono resultantes del uso de combustibles –un derivado del petróleo- sino, porque ha proliferado la idea, en especial en nuestro país, de que la exploración y producción de hidrocarburos acaba con el recurso hídrico. A eso se suma la imagen recurrente de miles de barriles derramados. ¿Cuál es la realidad?

El uso de combustibles fósiles produce C02 y ha contribuido al cambio climático. No es claro, sin embargo, en qué proporción. Mientras unos lo señalan de ser el principal responsable, en especial por la generación de energía a partir de fuentes fósiles, otros argumentan lo contrario y sustentan que países como Estados Unidos han reducido en 10% las emisiones de C02 en la última década gracias al uso del gas, un hidrocarburo.

En el caso de Colombia más del 70% de la energía es producida por hidroeléctricas -un privilegio- y el grueso del 30% restante, con gas natural. Es así que Colombia es responsable sólo del 0.04% de las emisiones de C02 del planeta y de ese porcentaje, por ejemplo, el sector agropecuario -fundamental para nuestro país- lo es del 26%; la totalidad de la actividad petrolera aporta el 5,3 %; es decir, un 0.0024% del total.

Respecto del uso del recurso hídrico sucede algo similar. De acuerdo con el Ideam, el mayor usuario del recurso, como es de esperar, es la agricultura y la ganadería (57%), seguida por las hidroeléctricas (15%), y por el consumo humano (2%). La industria petrolera en Colombia utiliza el 0.02% de ese recurso. Y como es apenas lógico, en el orden de prelación de su uso, es la última; prevalece el consumo humano y agrícola.

No pocas veces se indica sin embargo que la sísmica (una “ecografía” de la formación geológica) acaba con el agua o que por culpa de la industria mueren cada año miles de chigüiros. Falso. La sísmica no utiliza agua y la muerte de los animales no es culpa de la industria; mueren por un fenómeno de sequía natural que ocurre cada año y porque en algunas zonas construyen los bebederos altos para que sólo el ganado los alcance.

La industria petrolera, en general, es rigurosa en materia ambiental. Está regulada y se rige por altos estándares internacionales; las licencias se sustentan en estudios de impacto y manejo ambiental que incluyen, por ejemplo, medidas de contingencia para derrames propios, de eventos naturales, y de terceros. Y destina el 1% del valor de sus proyectos a programas ambientales, lo que no ocurre con ninguna otra industria.

En el caso de los derrames de petróleo, por ejemplo, el 92% se debe a acciones de terceros (entiéndase voladuras de oleoductos, derrames de carro-tanques y hurto de crudo, por parte de la guerrilla). No en vano la guerrilla es responsable de derramar 4 millones de barriles en treinta años; cuatro veces el incidente del Golfo de México y 1,000 veces el último derrame que llegó a la bahía de Tumaco. Una tragedia ambiental.

El uso sostenible y eficiente de las energías de origen fósil es un desafío en el que está empeñada la industria sin perjuicio del auge responsable de las energías renovables. Pero el debate de su impacto ambiental debe darse con cifras, no con retórica. Más en momentos de la implementación y negociación de acuerdos de paz. La industria petrolera no es infalible. Pero no es la causante de la degradación ambiental en el país.

 

NO

Contaminación inminente

 

El contrato de exploración y producción de hidrocarburos No. 009 del 29 de noviembre de 2012, tiene un área de influencia directa de 22.650 hectáreas más 1.272 metros cuadrados, localizadas en la jurisdicción de Cumaral y Medina de Meta y Cundinamarca respectivamente.

 

El plazo del contrato se encuentra establecido así: i) Periodo de fase 0, un año prorrogable hasta tres años; ii) periodo de exploración seis años; y iii) periodo de producción 24 años. 

 

Esta situación obligó a los cumaraleños para que formalmente y mediante solicitud radicada en el despacho de la administración municipal de Cumaral, el 28 de junio de 2016, un número significativo de ciudadanos solicitara al ejecutivo municipal diera inicio y desarrollara el trámite de una consulta popular por cuanto se considera que el contrato de exploración y producción de hidrocarburos, celebrado entre la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH)y la empresa Mansarovar Energy Colombia LTDA., para ejecutar el proyecto petrolero denominado bloque exploratorio Llanos 69 –LL69, afectará de manera irreparable el recurso hídrico contenido en ríos, caños, nacederos, humedales, morichales, lagunas, fauna y flora en general y aljibes, que incluso surten del recurso natural a otros municipios distintos de Cumaral, como El Calvario, Restrepo, Villavicencio y Medina en los departamentos del Meta y Cundinamarca.

 

Es importante decir que el Área de Influencia Directa (AID) del bloque Llanos 69 se encuentra ubicado sobre el Piedemonte Llanero, zona de especial importancia por su alto valor hidrológico (abundancia de agua), y características geológicamente inestables.

 

Este proyecto de extracción de recursos naturales no renovables como todos los que se ejecutan en Colombia adolecen de estudios científicos objetivos por parte del Gobierno Nacional que ofrezca certeza del verdadero impacto económico, social, cultural y ecológico a la zona afectada directa e indirectamente, lo que  conlleva impactos negativos, para la vida, los ecosistemas, la sostenibilidad ambiental, social y ecológica para Cumaral, que ya fue víctima de la fase exploratoria de sísmica realizada el año 2011, por la empresa Sismopetrol. Sísmica, que en sus efectos colaterales y directos posteriores ocasionó que en veredas como Chepero Alto, se causaran más de 200 deslizamientos por las detonaciones con dinamita en zonas de lomerío frágiles por sus condiciones geomorfológicas y la composición física de sus suelos, en donde en la totalidad de las fincas por donde pasó la sísmica, se presentaron remociones de masa y enormes grietas que deterioraron el uso de las tierras; sin  que  a la fecha exista  seguimiento o monitoreo por parte de las entidades de control (autoridades ambientales) y la empresa exploratoria, situación que alertó a las comunidades.  

 

El proyecto Llanos 69 impactará de manera desfavorable la cuenca del río Guacavía y sus afluentes Guacavía Chiquito, Pirí, Niporé, Guajaray y Chepero, las quebradas Las Pavas, La Negra, La Danta y Caño Arenoso, y demás micro-cuencas como el río Caney, los caños Mayuga, Oso, Pecuca, Los Limones, Caibe, Tripero, Carnicería y Quebrada La Tascosa. La importancia de la cuenca radica en que abastece de agua superficial y subterránea a una población aproximada de 15.000 habitantes, beneficiarios del acueducto de Cumaral, sin contar a los habitantes de la zona rural. De igual manera, para los sectores ganadero y agrícola, especialmente las bocatomas que abastecen el sector agrícola, llevando consigo graves consecuencias para la seguridad alimentaria.

 

  

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Así alistan la votación del plebiscito

Desde las 6:00 pm del sábado y hasta las 6:00 am del lunes, habrá ley seca, prohibición de acompañantes o parrilleros en las motos y restricción al transporte de escombros y cilindros de gas. Hay que recordar que el porte de armas ya está prohibido en todo el país.

El próximo domingo 2 de octubre, Colombia votará el segundo plebiscito de su historia. El primero se llevó a cabo en 1957 y buscaba la aprobación de los colombianos a la idea de otorgar el poder a liberales y conservadores, durante cuatro periodos constitucionales, en lo que se terminó denominando el Frente Nacional.  Ahora, lo que los colombianos deben aprobar o rechazar son los acuerdos negociados en La Habana entre el Gobierno y las Farc.

Es un evento casi inédito e histórico, y, por esas mismas razones, la jornada del próximo domingo puede considerarse atípica, especialmente tras la enorme demanda logística que requirieron las elecciones de mandatarios regionales que se realizaron el año pasado. Según cifras del Ministerio de Hacienda, tan solo la jornada del domingo tendrá un costo cercano a los 280 mil millones de pesos.

En el Meta, de acuerdo a datos de la Registraduría departamental, habrá 234 puestos de votación, en los que estarán disponibles 1.609 mesas. En total, hay 676.251 personas habilitadas para votar en el departamento, de los cuales 340.363 son mujeres y 335.888 son hombres.

Según Álvaro León Rojas, delegado de la Registraduría en el Meta, hay zonas de Mapiripán, Puerto Gaitán y La Macarena a las que es necesario transportar vía aérea al personal de la entidad, para que se realicen las elecciones. 

“El Gobierno debe de certificar que haya transporte para los jurados y para los delegados de la Registraduría a fin de cubrir esas áreas, porque es imposible hacerlo a nivel terrestre”, dice León Rojas.

Mapiripán también está en la lista de tres municipios a los que la Gobernación debe girar recursos para la jornada del plebiscito, porque no hay dinero aprobado para ese rubro en el presupuesto de este año. Los otros dos son Puerto Lleras y Uribe. El secretario de Gobierno, Gerardo León Mancera, explica que “se habló con la Secretaría de Hacienda y se determinó que el Gobierno entraría a apoyar parte de estos recursos que necesitan para cada uno de estos municipios”.

Seguridad

La fundadora del Comité Cívico por los Derechos Humanos, Islena Rey, expresó su preocupación porque tres líderes comunales de Vista Hermosa han tenido que salir del municipio recientemente debido a amenazas. Esto se suma a reiteradas denuncias de intimidaciones, que han hecho otras organizaciones de derechos humanos, como la Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario del Oriente y Centro de Colombia.

El comandante del Departamento de Policía Meta (Demet), coronel Carlos Alberto Meléndez, dice que, aunque hay presencia de bandas criminales en la región, la acción que esas organizaciones ilegales ejercen no tiene nada que ver con ideas políticas, y añade que esas bandas “han sido reducidas ostensiblemente”. En palabras del coronel Meléndez, esas organizaciones “tienen interés en el narcotráfico, en seguir delinquiendo, en seguir extorsionando. “Que vayan a amedrentar a alguien porque diga ‘sí’ o porque diga ‘no’, no lo consideramos real”.

De cualquier manera, el pie de fuerza será enorme. El secretario de Gobierno departamental, Gerardo León Mancera, dice que la situación de orden público es normal y que el Ejército, la Policía y la Fuerza Aérea van a realizar monitoreo constante de todos los puestos de votación. La Séptima Brigada del Ejército, por ejemplo, tendrá un despliegue que abarca siete oficiales, 142 suboficiales y 1.306 soldados para proteger 57 puestos de votación.

Entretanto, el coronel Fredy Jiménez, comandante de la Policía Metropolitana, dijo que “están establecidos a nivel metropolitano 98 puestos, 85 que van a ser cubiertos por Policía y 13 puestos que van a ser cubiertos por parte del Ejército. En lo que corresponde al pie de fuerza de la Policía Metropolitana, tenemos 591 hombres dispuestos para este servicio que son del personal de la metropolitana y un apoyo importante que recibimos de la ciudad de Bogotá, que son 204 hombres, para un total de 795 hombres para este dispositivo”.

Así que todo parece estar listo para el día del plebiscito, una fecha histórica en la que, como de costumbre, se reflejará las desiguales condiciones del departamento del Meta: mientras que en el colegio de Bachillerato Femenino, en Villavicencio, hay habilitadas para votar 20.886 personas, hay puestos como Lindosa, en Puerto Rico; Sardinata, en Mapiripán; San Cristóbal, en Acacías y Rincón de Bolívar, en San Martín,  donde van a votar 48, 45, 21 y 19  personas, respectivamente. Incluso, hay un puesto sin nombre en El Dorado, en el que pueden votar 12 personas. 

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